Alemania, Francia e Italia formaron parte del grupo de países opuestos a los términos, lo que hizo imposible sumar la mayoría necesaria para sacar adelante el compromiso, apoyado por países como España.
El proyecto de directiva establece, en su versión actual, un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales, para los inmigrantes sin papeles.
Alemania basó su rechazo en el alto costo que supondría la obligación de dar asistencia jurídica a los retenidos, argumento al que se unieron Austria y Grecia.
Francia exigió medidas más estrictas respecto al período de salida voluntaria de menores, mientras que Italia, República Checa y Hungría buscaron aumentar el tiempo para el retorno voluntario en el caso de los mayores de edad.
Ante las fuertes diferencias manifestadas en el debate, la presidencia eslovena señaló que estudiará cómo intentar avanzar en esta directiva, que está en discusión desde hace casi tres años.
Los embajadores podrían volver a debatir el texto en su reunión de la próxima semana, pero fuentes dijeron que no se pueden lograr avances en tan corto tiempo.
