El dilema fiscal

La propuesta del Gobierno de cambiar la Constitución, para que incorpore el principio de sostenibilidad fiscal como un derecho colectivo que se opone o le hace contrapeso a los derechos sociales y al gasto social, ha provocado fuertes críticas.

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mayo 02 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-05-02

Muchos constitucionalistas entienden que la sostenibilidad es importante, pero no comparten el criterio de que sea un derecho colectivo y ven este cambio como un intento de limitar la garantía de los derechos y los gastos sociales, que está consagrada en la Constitución. El Partido Liberal se ha opuesto a esta reforma porque cree que con ella se aniquilaría el mecanismo de tutela, impulsor de cambios sociales importantes Esta ha servido para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan defenderse efectivamente en una sociedad en la cual no tienen muchas herramientas para hacerlo. Por eso, y porque ha sido excesivamente eficaz en ese propósito se debe defender y preservar. Pero como se ha abusado del instrumento deben existir reglas para la aplicación y el alcance de las tutelas sin liquidar la función social de este mecanismo. Quizá estas reglas deban sustentarse en un principio constitucional como el propuesto por el Gobierno, pero si queda consagrado en la Constitución que la sostenibilidad fiscal prevalece inequívocamente sobre los derechos individuales de los ciudadanos, estos van a sufrir un menoscabo, y se establece un desequilibrio que puede tener efectos indeseables, como el exceso de poder de la tecnocracia. Pero si lo establecido es que los ciudadanos pueden aspirar a que se le garanticen todos sus derechos, incluyendo sociales y económicos, y los jueces pueden hacer esto efectivo sin tener en cuenta las restricciones económicas y financieras que hay, se induce la inestabilidad macroeconómica y se traslada el exceso de poder a ellos. Por eso, es deseable que se contemple la posibilidad de que las limitaciones que impone un buen manejo económico sean un contrapeso constitucional, no para que se recorten o afecten los derechos de los ciudadanos, sino para que el ejercicio de estos derechos y la satisfacción de las necesidades que se derivan de ellos puedan alcanzarse en el tiempo, teniendo en cuenta las restricciones que impone la realidad económica. No es sano que los jueces procedan como si no existiera una restricción presupuestal, ni que técnicos y políticos impongan sus propias preferencias escudándose en una restricción presupuestal que no es necesariamente inflexible. Es indispensable encontrar una solución de compromiso, porque sin ella el Congreso va a aprobar el cambio en la Constitución y este se va a hundir en la Corte Constitucional. Si esto sucede, se le conferiría al populismo jerarquía de principio constitucional de Colombia, rector de su política económica al que se subordinarían la estabilidad y la prosperidad. La solución puede ser que ingrese a la Constitución el principio de la sostenibilidad fiscal, que los jueces sigan interpretando la ley y la Constitución, pero que tengan en cuenta las restricciones económicas, y no le usurpen al Congreso su función básica de emitir la ley de Presupuesto con sujeción a lo establecido en la Constitución, ajustándose, entre otros, al principio de sostenibilidad fiscal, y con el conocimiento de que esta no depende exclusivamente del recorte del gasto, sino de los ingresos fiscales. HELGON

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