Otra discrepancia

Después de la discrepancia surgida entre el Ministro de Hacienda y el Contralor General de la República por la medición del gasto público social -por cierto no terminó en nada, para perjuicio de la claridad que necesitan los ciudadanos sobre la forma como se manejan las finanzas públicas-, ha surgido una nueva; esta vez sobre la magnitud del déficit fiscal.

POR:
agosto 02 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-02

Según el punto de vista del máximo supervisor de las finanzas oficiales, no hay tal que la situación sea de equilibrio como lo ha sostenido el Ministro de Hacienda, sino que existe un déficit de 5,3 billones de pesos, equivalentes a 1,89 por ciento del PIB para el sector público consolidado. Como era de esperar, no demoró la réplica del Ministro, quien señaló que la diferencia se da porque el análisis del Contralor se basa en un modelo diferente al que utiliza Hacienda. Aunque la explicación puede ser válida, porque como lo advierte el propio funcionario de control “Por la naturaleza misma de las funciones que dentro del Estado cumplen el ejecutivo y la Contraloría, entre uno y otro informe pueden existir diferencias de enfoque analítico y de resultados”, de ninguna manera es conveniente que a la hora de certificar el saldo del superávit o el déficit las magnitudes sean diferentes. Primero, porque la contabilidad nacional no puede arrojar datos sujetos a interpretaciones, sino deben ser el reflejo de realidades matemáticas absolutas; obtenidas, claro está, a partir de unos registros hechos con base en una metodología previamente establecida. En este caso es la del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI. Segundo, porque la certificación de un déficit tiene implicaciones para la gestión presupuestal del año siguiente (artículo 25, E.O.P.). A pesar de que el Contralor en su informe sobre “La Situación de las Finanzas del Estado y Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro”, de alguna manera trata de encontrarle una explicación al hecho cuando señala que “Mientras la Constitución Política -artículo 268- y la Ley reglamentaria 42 de 1993 -artículos 38 a 41- le atribuyen al Contralor General de la República la responsabilidad de certificar la situación de las finanzas del Estado, el Gobierno produce, de manera paralela, sus propios informes sobre las finanzas públicas, los cuales obviamente cumplen la doble función de rendir cuentas y de orientar las decisiones financieras del Ejecutivo”, no puede evitar la referencia obligada al ordenamiento jurídico existente que pone en cabeza del organismo de control fiscal la legalidad para responder ante el Congreso y enviar al Presidente un informe sobre esta materia. El Legislativo se apoya en el informe técnico producido por este organismo para efectuar el correspondiente control político a las actuaciones del Ejecutivo en este campo. Apenas lógico que esto sea así, pues no tendría sentido que Hacienda fuera juez y parte de la gestión. Como no puede alegar verdad rebelada, bien haría el Ministro de Hacienda en reflexionar sobre las causas de las diferencias, pese al costo político que tal actitud entrañe -es evidente que no cae lo mismo entre el grueso público la afirmación de que hay un pequeño déficit en las finanzas a que están en equilibrio- y aunque la Contraloría haya certificado ya para el año 2005 un déficit de 5,3 billones de pesos, me atrevo a hacer la sugerencia, porque en nada contribuye a la credibilidad de la gestión fiscal, dejar la sensación de un enfrentamiento entre vigilante y vigilado, sobre todo cuando las normas vigentes le dan la última palabra al Contralor. La idoneidad del Ministro no está en juego, porque muestras suficientes de capacidad les ha dado a los colombianos. Tampoco cabe “estas conmigo o estas contra mí”. Ex ministro de Agricultura "En nada contribuye a la credibilidad de la gestión fiscal, dejar la sensación de un enfrentamiento entre vigilante y vigilado”.

Siga bajando para encontrar más contenido