Dos crisis contemporáneas, según Salomón Kalmanovitz, decano Universidad Jorge Tadeo Lozano

Colombia enfrentó dos crisis internacionales en la década de los 80 y al final del siglo que fueron superadas, pero sólo después de haber causado serios destrozos en el cuerpo social.

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julio 03 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-03

La primera fue desatada por la política monetaria contractiva de Estados Unidos, emprendida por Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal en 1980, que se empeñaba en combatir la estanflación, entendida como la combinación de alta inflación y nulo crecimiento.

Casi todas las economías latinoamericanas se habían endeudado en exceso, aprovechando la oferta de petrodólares, para súbitamente enfrentar un alza sustancial de la tasa de interés y la imposibilidad de refinanciar sus deudas. México declaró la moratoria de sus acreencias en 1984, novedad que paralizó el flujo de capitales hacia la región. Fidel Castro y sus émulos incitaban a que América Latina rehusara pagar una deuda que, según ellos, era imposible de cumplir.

Colombia no hizo caso del canto de sirenas y entró en un proceso de refinanciamiento de su deuda que le permitió acceder a recursos frescos de la banca multilateral y a mantener una buena reputación dentro de un mal vecindario, obteniendo el grado de inversión más adelante. La deuda externa del país era relativamente pequeña, pues durante la bonanza cafetera de 1976- 1978 el Gobierno había decidido prepagarla. La administración Turbay, sin embargo, se montó en un plan de grandes inversiones públicas que se financió con nueva deuda, algo que el ajuste Volcker cortó en seco.

Examinando las estadísticas de la época, no se puede hablar de una recesión puesto que el crecimiento no bajó del 1% (1982), aunque sí hubo sufrimiento manifiesto: el desempleo aumentó de 9 a 14% entre la última fecha y 1985. El índice de sufrimiento macroeconómico (inflación + desempleo - crecimiento económico) aumenta durante los años ochenta, debido a niveles de inflación altos, propiciados por expansiones monetarias y fiscales.

Restaurado el financiamiento externo, la economía se recuperó rápidamente, alcanzando un crecimiento del 6% en 1986, gracias a que al mismo tiempo que el Gobierno se financiaba con la mayor emisión primaria del Banco de la República en su historia: se le concedieron recursos gratuitos equivalentes al 6% del PIB en 1984. Como el Gobierno no tenía que pagar la deuda contraída con el Emisor, siguió gastando alegremente después de alcanzado un alto nivel de actividad , lo que reactivó la inflación. Mientras que la desaceleración de la economía hizo descender la inflación del 30% en 1980 a 16% en 1984, en 1988 alcanzaba 28% y dos años después el 32%.

La crisis de fin del siglo XX fue más grave que la de los ochentas. El PIB se contrajo 4,2% en 1999 y no logró recuperarse hasta 5 años más tarde. La causa fundamental volvió a ser una crisis internacional que comenzó en Asia en 1997 con una estampida de capitales después de un período de euforia. El contagio llegó a Europa del este en medio de su revolución capitalista, y en agosto de 1998 Rusia declaró la moratoria sobre su deuda externa. La salida de capitales se propagó a América Latina, manifestándose en fuertes devaluaciones y contracciones del dinero y del crédito, lo que obligaba a enfrentar la posibilidad de agotar las reservas internacionales, de permitir una hiperdevaluación y la consecuente inflación que destruiría el sistema financiero y los depósitos del público.

Si la crisis de la deuda de los ochenta nos tomó relativamente protegidos por el bajo endeudamiento del país, la de 1998 nos encontró en una posición vulnerable: tanto el sector público como el privado se habían endeudado en el exterior, cada uno al tenor de 15.000 millones de dólares con los inversionistas de deuda soberana y con la banca privada. El Gobierno exhibía un déficit fiscal de 5% del PIB y trataba de estimular el crecimiento infructuosamente, más bien elevando la tasa de inflación entre 1994 y 1996 en tres puntos, en lucha contra el Banco de la República.

El auge vivido entre 1991 y 1995 había disparado el endeudamiento privado y en particular el de las corporaciones de ahorro y vivienda, en un mercado en el que los precios de la finca raíz crecían 50% al año.

Ante la corrida de capital, el banco central vendió reservas por más de 2.000 millones de dólares, quedando en un nivel bajo de US$8.000 millones; para frenar la demanda por divisas, se decidió restringir los cupos de crédito de los bancos, precipitando una alza extraordinaria de la tasa de interés. Si se hubiera contado con el régimen de meta de inflación que se estableció a finales de 1999, la devaluación hubiera sido más intensa, al igual que la inflación, pero se hubiera elevado la tasa de interés en forma más moderada, incurriendo en menos daños a los deudores del sistema, y se hubieran perdido más reservas internacionales. Se contaba con un sistema de bandas cambiarias que impedían trasladar todo el impacto de la crisis a la tasa de cambio, la cual alcanzó a ser devaluada un 40%.

Los efectos fueron devastadores: el desempleo subió al 20% en 2001-2002 y todos los deudores vieron el valor real de sus deudas aumentar, porque la inflación se redujo en 7 puntos entre 1998 y 1999. Los deudores hipotecarios en particular, lograron que la Corte Constitucional le validara sus derechos a ser compensados por el Gobierno: el costo fue de 3 billones de pesos para los contribuyentes. Varios bancos quebraron y el Gobierno los intervino para salvaguardar los depósitos del público. Los salarios reales se elevaron considerablemente por la baja de la inflación, precisamente en el momento que colapsaba la demanda por trabajo. El ajuste en el mercado laboral se hizo por cantidades y por eso fue desastroso para el empleo.

El gobierno entró en negociaciones con el FMI y logró un aval que restauró la confianza de los agentes en la economía. En septiembre de 1999 se dejó flotar la tasa de cambio que quedó en el punto en que la mantenía la banda cambiaría, siendo esta substituida por el sistema de libre flotación que, a su vez, permitió entrar en plena operación el régimen de inflación objetivo del Banco de la República.

La recuperación fue esquiva, en lo cual incidió la percepción de inseguridad que proyectaba la insurgencia con sus acciones terroristas demenciales, para que empresarios nacionales e inversionistas extranjeros sacaran la plata o decidieran no invertir en el país. Sólo en 2003 el crecimiento económico supera el 3%, pero el desempleo nunca volvió a descender por debajo del 10%. El sistema financiero quedó depurado y fortalecido después de la crisis, mientras que los agentes se volvieron más cautelosos a la hora de endeudarse dentro o fuera del país.

El auge iniciado en el 2003 se mantuvo hasta el 2007, apoyado en la percepción de una mayor seguridad. El índice de sufrimiento económico se reduce a sus niveles mínimos en un medio ambiente de baja inflación y un desempleo en descenso, mientras que el crecimiento se recuperaba plenamente y alcanzaba su máximo en el 2007 (7,7%).

El deterioro del índice se manifiesta con fuerza en el 2008, con las caídas del crecimiento y el aumento tanto del desempleo como de la inflación. Nos encontramos así una nueva crisis que estalla en el 2008 en unas condiciones de relativa fortaleza del sistema financiero, con altas reservas internacionales, pero de nuevo con un desequilibrio fiscal que nunca se quiso resolver. 

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