Dueños de la San Martín, con activos por $ 76.000 millones

La piedra angular del conglomerado es el Fondo para el Fomento de la Educación.

Estudiantes de la Universidad de San Martín protestaron por la actual situación de la institución educativa.

RODRIGO SEPÚLVEDA / EL TIEMPO

Estudiantes de la Universidad de San Martín protestaron por la actual situación de la institución educativa.

Finanzas
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noviembre 06 de 2014 - 04:52 p.m.
2014-11-06

Las diferentes sedes de la Universidad San Martín están cerradas porque no les pagan a sus docentes, no hay dinero para los equipos médicos y odontológicos y deben hasta los recibos de la luz.

En contraste, el grupo de fundaciones y empresas ligadas a la familia Alvear Orozco, cabeza de la institución educativa, reporta activos por más de 76.000 millones de pesos.

La ministra de Educación, Gina Parody, aseguró este miércoles que se indaga si a este entramado fueron a parar los dineros que giraban los estudiantes. La piedra angular del conglomerado es el llamado Fondo para el Fomento de la Educación, que registra activos por 18.561 millones de pesos.

Así consta en documentos en poder de EL TIEMPO en los que aparece como cabeza de dicho fondo Mariano Antonio Alvear Sofan, fundador de la San Martín, y toda su familia: Gloria Isabel Orozco de Alvear (su esposa) y sus hijos José Santiago y Martín Eduardo.

El fondo, creado el 13 de junio de 2003, y representado por Jaime Villamizar Lamus, tiene como su principal objetivo el supuesto fomento de la educación, pero también se dedica a “adquirir toda clase de bienes a cualquier título y a aceptar herencias, legados o donaciones”, entre otras actividades.

Martín Eduardo Alvear Orozco, el hijo consentido del fundador, es clave en este andamiaje societario porque también aparece como presidente del Centro Internacional de Biotecnología Reproductiva (Cibre), constituido en diciembre de 2003 y el cual registra activos por más de 58.000 millones de pesos.

Si bien su representante legal es Juan Carlos Mahecha, Martín Alvear ha sido su cabeza visible en los últimos años. De hecho, él fue el primero en hablar del nexo de Cibre con la cadena de restaurantes Burger Market by Qualite, a donde también habrían ido a parar fondos de la universidad.

Los locales que tiene Burger Market, en los que dicen ofrecer la carne de mejor calidad, están ubicada en puntos estratégicos de la ciudad. Sin embargo, en papeles, esta empresa tan solo registra activos por 243 millones de pesos. Incluso es la única que ha sido afectada con embargos judiciales por incumplimiento en el pago de sus compromisos. En febrero de este año, esta firma ya fue protagonista de un escándalo.

Los propietarios de la conocida cadena de supermercados Surtifruver señalaron a los Alvear de reiterados incumplimientos y decidieron retirar la marca de carnes producida en Cibre. La tensión fue tal que en el Surtifruver de Chía tuvo que intervenir la Policía para evitar un incidente cuando uno de los Alvear y sus escoltas intentaron oponerse al desalojo de su marca.

El nexo de este entramado con la universidad es tal que la dirección electrónica de notificación judicial que todas registran en Cámara de Comercio es Luis.sanchez@sanmartin.edu.co. Según fuentes de la Fiscalía, se rastrean bienes de los Alvear en varios países y recientes giros que habrían salido del alma máter.

Fiscalía cree que puede haber estafa en masa

El incumplimiento del fallo que ordenaba el pago de las cesantías, vacaciones y demás obligaciones a Miguel Antonio Roncancio, exfuncionario de la Universidad San Martín, es el primer caso por el que tendrá que responder el representante legal de ese centro educativo.

El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, aseguró este miércoles que se imputará el cargo de fraude procesal a José Ricardo Caballero Calderón por incumplir las órdenes del Juzgado 4 laboral de Bogotá y del Tribunal Superior de Bogotá de pagar 150 millones de pesos, correspondientes a las obligaciones salariales generadas entre mayo de 2002 y septiembre de 2009.

Perdomo dice que aunque la universidad argumenta que no tiene plata para hacerlo, el ente acusador considera que al centro educativo sí ha ingresado dinero.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que no se pudo hacer efectivo el embargo para garantizar ese pago porque, extrañamente, la San Martín no tenía bienes a su nombre.

Por otra parte, la Fiscalía pidió la lista de estudiantes matriculados en el 2003 y este año en los programas de medicina, odontología y en algunas ingenierías que no tenían resolución del Ministerio de Educación.

“Todos ellos pueden ser considerados víctimas del delito de estafa, y solo con los recibos de pago y las resoluciones del Ministerio (de Educación) es posible demostrar ante los jueces que se cometió ese delito”, señalaron los investigadores del ente acusador.

El vicefiscal Jorge Perdomo aseguró que la hipótesis de la Fiscalía es que se estaría constituyendo una estafa en masa. Igualmente se investiga la forma como los fondos pagados por los estudiantes fueron desviados a otros negocios y fundaciones para ocultar el dinero con el que tendrían que pagar sus obligaciones.

Contra la Universidad San Martín hay otro fallo en firme que no ha sido acatado, además de 530 procesos en despachos judiciales.

UNIDAD INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUSTICIA EL TIEMPO