Economía política en el conflicto

Economía política en el conflicto

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julio 09 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-09

Hay una interesante discusión en torno a las razones por las cuales el narcotráfico se desarrolló de manera exitosa en Colombia, mientras que no lo hacia, por ejemplo, en países vecinos que cuentan con la misma locación tropical y con empresarios temerarios y campesinos urgidos de una fuente de ingresos.

Una de las explicaciones es geográfica: el país cuenta con enormes territorios baldíos que son difíciles de controlar por el Estado, algo que por ejemplo no existe ni en Ecuador ni en Perú que puede ser complementada con una causa social que resultó de la expulsión de una parte de la población del campo que estaba dentro de la frontera económica durante La Violencia hacia estos vastos espacios al sur del país.

Pero por fuera de la dificultad de controlar el territorio, el Estado ha sido muy débil hasta los años noventa, de lo cual deriva su incapacidad de desarrollar el imperio de la ley.

Algunos autores contemplan factores histórico culturales, como la larga tradición de contrabando, por la tributación que se le imponía al comercio exterior desde tiempos coloniales, desarrollando una cultura, muy evidente en ciertos territorios, donde las normas sociales van en contravía de las legales, lo cual los predispone al crimen organizado.

Por lo demás, el sistema financiero ha sido poroso frente a los detentadores de ingresos ilegales, lo que ha facilitado el lavado de sus activos y el Estado mismo tiene una larga tradición de conceder amnistías tributarias que contribuyen al mismo fin (Thoumi, 1994).

Por último, hay una visión que interpreta la adopción del narcotráfico como un accidente histórico que se reprodujo después de manera ampliada por las causas geográficas, sociales y culturales anotadas.

El negocio de la cocaína, en esta versión, estaba controlada por la mafia chilena en los años setenta, pero el Gobierno del general Pinochet procedió a extraditar a sus principales ejecutivos, liquidando esa organización criminal.

Al mismo tiempo, una crisis económica en Colombia, que afectó en especial a la ciudad de Medellín, dio lugar a una emigración importante que sirvió de receptora mayorista de las exportaciones de cocaína refinada en Nueva York, Boston y Miami.

La mafia colombiana tuvo que disputarle el mayoreo a los cubanos y lograron una importante victoria sobre ellos al asesinar a varios de sus dirigentes. El cultivo de la coca se hacía en Bolivia y Perú y la base se exportaba a Medellín donde se refinaba (Gaviria, 2008).

El conflicto político por otra parte, generó organizaciones militares insurgentes y contra insurgentes donde el narcotráfico jugó un papel fundamental, recibiendo protección efectiva contra la acción del Estado y del Gobierno norteamericano.

El conflicto partidista de los años cincuenta, que contribuyó a elevar la tasa de homicidios de un nivel 'normal' de 9 asesinatos por 100.000 habitantes a cerca de 40 en su pico, se desplazó a la frontera agrícola donde confluyó el narcotráfico a la búsqueda de territorios por fuera del control estatal que permitiera la siembra de cultivos ilícitos, su procesamiento y movilización.

Aunque la pacificación propiciada por el Frente Nacional fue efectiva, ya el país no se bajó de una tasa de 20 homicidios al año por 100.000 habitantes. Siendo la geografía colombiana difícil de controlar, y el Estado relativamente débil en su capacidad militar, prosperó el narcotráfico que recibió protección armada tanto de la insurgencia como de los paramilitares.

Los efectos sociales del narcotráfico fueron devastadores: contribuyó a disparar la criminalidad y en particular la tasa de homicidios del país, aumentó la corrupción y la extorsión contra el sistema legal, armó de manera exponencial a la insurgencia y a los paramilitares, imponiendo costos adicionales de seguridad a los contribuyentes colombianos y al Gobierno de los Estados Unidos.

Si durante el auge de los carteles de Medellín y Cali el negocio pudo representar cotas cercanas al 6,5 por ciento del Producto Interno Bruto, su persecución y extradición llevó a la pérdida de la intermediación mayorista a manos de las organizaciones criminales mexicanas y a la atomización del negocio en el país para alcanzar razones de 1 por ciento del PIB en el 2006 y el 2007.
La restricción de las utilidades del negocio coincidió con un traslado de los cultivos de Perú y Bolivia a las zonas del país protegidas por los ejércitos ilegales, lo cual hace que ese punto del PIB sirva para financiar y recrudecer el conflicto colombiano.
Aunque el área cultivada en coca ha disminuido por la aspersión y erradicación manual, las variedades empleadas han sido genéticamente mejoradas, lo cual explica que la producción manufacturada de cocaína haya podido permanecer estable, en alrededor de las 600 toneladas métricas anuales.

La lucha contra las drogas ha sido en vano: después de gastar unos 5.000 millones de dólares en 10 años por el Plan Colombia y el Gobierno Nacional contribuyendo con unos 770 millones de dólares anuales, ambos concentrados en hacer disminuir la oferta, ésta permanece en rangos que satisfacen la demanda, como lo demuestra la estabilidad de las cotizaciones en las calles de las ciudades norteamericanas.

Un estudio independiente ha mostrado cómo la reducción del tráfico podría ser mayor si se dedican más recursos a la interdicción y a combatir directamente a las organizaciones criminales, utilizando inteligencia policial y atacando a los grupos ilegales que le prestan protección al negocio (Mejía, 2008). Mejía calcula las ganancias de los traficantes en cerca de 11.200 millones de dólares en el 2006, mientras que los cultivadores reciben 1.200 millones de dólares.

En la estructura de costos, la tierra es sólo el 30 por ciento y el resto de insumos el 70 por ciento, de tal modo que el ataque a la tierra sembrada de coca no es lo crucial. Una reducción de la demanda en los países desarrollados, via tratamiento médico de la adicción y educación también sería más efectiva que estar atacando la oferta, algo que se dificulta políticamente en Estados Unidos donde persiste una cultura prohibicionista del consumo de drogas y donde se ataca el problema con políticas anticriminales, y no con políticas de salud pública.

Las mafias penetraron y corrompieron la política, mientras que la fuerza de trabajo trashumante de 'raspachines', aquellos surgidos del colonato y cuya función es arrancar las hojas de coca del arbusto, se deterioró física y moralmente. Ellos hacen parte también de la fuerza de trabajo trashumante entre la informalidad urbana y los cultivos ilegales, siendo sus hijos carne de cañón para la guerrilla y los paramilitares.

El narcotráfico en sí mismo condujo a que la tasa de homicidios de Colombia se tornara en una de las más altas del mundo, porque es un negocio basado en la competencia armada y en defensa permanente frente al Estado.

La tasa de homicidios comenzó a descender paulatinamente después de su pico de 1993 para todavía mantener niveles de 33 asesinatos por 100.000 habitantes en el 2007, 8 veces todavía el nivel europeo y 4 veces el norteamericano.

Las cifras adelantadas durante el 2008 insinúan que se frenó la tendencia descendente de la tasa de homicidios en el país y que la Seguridad Democrática entró en una fase de rendimientos decrecientes.

Debe ser complementada con políticas de seguridad ciudadana que combatan al crímen organizado y a las pandillas con inteligencia y educación.

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