Economía política a fines del siglo XX: Constitución, conflicto interno y narcotráfico

Si durante el auge de los carteles de Medellín y Cali el negocio pudo representar cotas cercanas al 6,5 por ciento del Producto Interno Bruto, su persecución y extradición llevó a la pérdida de la intermediación mayorista a manos de las organizaciones criminales mexicanas y a la atomización del negocio en el país para alcanzar razones de 1 por ciento del PIB en el 2006 y el 2007.

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julio 10 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-10

La restricción de las utilidades del negocio coincidió con un traslado de los cultivos de Perú y Bolivia a las zonas del país protegidas por los ejércitos ilegales, lo cual hace que ese punto del PIB sirva para financiar y recrudecer el conflicto colombiano. Aunque el área cultivada en coca ha disminuido por la aspersión y erradicación manual, las variedades empleadas han sido genéticamente mejoradas, lo cual explica que la producción manufacturada de cocaína haya podido permanecer estable, en alrededor de las 600 toneladas métricas anuales. La lucha contra las drogas ha sido en vano: después de gastar unos 5.000 millones de dólares en 10 años por el Plan Colombia y el Gobierno Nacional contribuyendo con unos 770 millones de dólares anuales, ambos concentrados en hacer disminuir la oferta, ésta permanece en rangos que satisfacen la demanda, como lo demuestra la estabilidad de las cotizaciones en las calles de las ciudades norteamericanas. Un estudio independiente ha mostrado cómo la reducción del tráfico podría ser mayor si se dedican más recursos a la interdicción y a combatir directamente a las organizaciones criminales, utilizando inteligencia policial y atacando a los grupos ilegales que le prestan protección al negocio (Mejía, 2008). Mejía calcula las ganancias de los traficantes en cerca de 11.200 millones de dólares en el 2006, mientras que los cultivadores reciben 1.200 millones de dólares. En la estructura de costos, la tierra es sólo el 30 por ciento y el resto de insumos el 70 por ciento, de tal modo que el ataque a la tierra sembrada de coca no es lo crucial. Una reducción de la demanda en los países desarrollados, via tratamiento médico de la adicción y educación también sería más efectiva que estar atacando la oferta, algo que se dificulta políticamente en Estados Unidos donde persiste una cultura prohibicionista del consumo de drogas y donde se ataca el problema con políticas anticriminales, y no con políticas de salud pública. Las mafias penetraron y corrompieron la política, mientras que la fuerza de trabajo trashumante de ‘raspachines’, aquellos surgidos del colonato y cuya función es arrancar las hojas de coca del arbusto, se deterioró física y moralmente. Ellos hacen parte también de la fuerza de trabajo trashumante entre la informalidad urbana y los cultivos ilegales, siendo sus hijos carne de cañón para la guerrilla y los paramilitares. El narcotráfico en sí mismo condujo a que la tasa de homicidios de Colombia se tornara en una de las más altas del mundo, porque es un negocio basado en la competencia armada y en defensa permanente frente al Estado. La tasa de homicidios comenzó a descender paulatinamente después de su pico de 1993 para todavía mantener niveles de 33 asesinatos por 100.000 habitantes en el 2007, 8 veces todavía el nivel europeo y 4 veces el norteamericano. Las cifras adelantadas durante el 2008 insinúan que se frenó la tendencia descendente de la tasa de homicidios en el país y que la Seguridad Democrática entró en una fase de rendimientos decrecientes. Debe ser complementada con políticas de seguridad ciudadana que combatan al crímen organizado y a las pandillas con inteligencia y educación. LA TRIBUTACIÓN LOCAL Y EL CONFLICTO Uno de los problemas centrales de la vida rural colombiana es la baja tributación de la propiedad de la tierra que impide que exista un nivel mínimo de servicios sociales, de seguridad y de infraestructura financiados a ese nivel, mientras que el gasto centralizado no sólo es limitado, sino también ineficiente, en tanto no entiende los problemas locales; tiende además a ser desviado por las redes burocráticas y políticas que se encargan de su administración. La legislación permite un impuesto predial que va del uno por mil al 1,3 por ciento, en tanto 58 por ciento del catastro está desactualizado, con niveles extremadamente bajos en el valor de las fincas que resultaron de tres décadas de inflación alta; aunque el 32 por ciento del catastro se encuentra actualizado en el 2003, la mayor parte corresponde a predios urbanos. De los 1006 municipios que tiene el país sólo 383 tienen actualizado su catastro. Los concejos municipales tienen la autoridad para escoger la tarifa del impuesto predial, de acuerdo con el estrato económico social del propietario. Los terratenientes han tenido tradicionalmente una fuerte influencia sobre los concejos municipales, de tal modo que legisla para minimizar el ingreso por éste concepto, lo que se evidencia por el hecho de que la tarifa más frecuente en los municipios rurales de la Costa Atlántica es del uno por mil, aunque el alcalde elegido popularmente tiene interés en aumentar los recursos tributarios para ejecutar sus programas electorales. Según un estudio de Iregui et al. (2004), la sola actualización catastral generaría un 110 por ciento de ingreso adicional por concepto de impuesto predial. Los insurgentes comenzaron a depredar la economía agraria y a secuestrar a sus empresarios, ampliando el rango de tales operaciones a las ciudades. Los terratenientes y comerciantes del campo respondieron con el apoyo a grupos privados armados, derivados de los negocios del narcotráfico, cuyos ingresos entraron a cofinanciar el conflicto. En vez de pagar sus impuestos al Gobierno Central y a la administración local para garantizar la seguridad y ofrecer servicios sociales a toda la población, que la hubiera colocado del lado de las instituciones, se prefirió recurrir al atajo del ‘paraEstado’. Pero no sólo los grupos ilegales cobraron impuestos y ‘vacunas’ arbitrarios y aplicaron recursos ganados con el tráfico ilegal de drogas, sino que lograron apropiarse de los recursos públicos mayores que permitió la descentralización en muchos municipios y departamentos del país. De tal modo que su justificación -el Estado no hacía ‘presencia’ en sus regiones- se pudo haber matizado con el hecho de que no era cierto; más aún, en la medida en que elevó sus transferencias a esas regiones las depredaron. Proliferaron las capturas de los fondos destinados a la salud y a la contratación municipal y departamental de obras públicas; incluso se descubrieron infiltraciones paramilitares en el Ministerio de Transporte que tenían acceso a la contratación nacional.'' El narcotráfico en sí mismo condujo a que la tasa de homicidios de Colombia se tornara en una de las más altas del mundo.” WILABR

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