Economía política a fines del siglo XX: Constitución, conflicto interno y narcotráfico

Pero la expansión del gasto fue acompañada por unos mayores impuestos, pero siempre insuficientes para financiar tales gastos, produciendo una situación estructural de déficit fiscal, sin haber despejado los vicios acentuados de clientelismo, corrupción y desperdicio de recursos. Al mismo tiempo, los agentes privados encontraron nuevas oportunidades de negocios en rubros que solían ser monopolios públicos, entre otros, la energía, el agua y las comunicaciones.

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julio 10 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-10

Si bien el debate político durante todos estos años giró entre los que apoyaban el tradicional intervencionismo corporativo y aquellos que propiciaban una mayor libertad económica, lo que a la postre resultó fue un Estado más grande, donde el Gobierno Central pasó de disponer del 10 por ciento del PIB en 1990 al 24 por ciento en el 2008, a pesar del tan denunciado lobo neoliberal. El Estado duplicó también la cobertura de salud de la población y asimismo aumentó en menor cuantía la cobertura de las pensiones. Se dio una recuperación de un debilitado sistema de justicia que había sido sitiado por el narcotráfico, aunque siguió plagado de ineficiencia y venalidad. Se aumentó el costo de la justicia a la par que se introdujeron ambigüedades en la relación entre las cortes, que no han sido zanjadas a la fecha, y que le restan majestad a la justicia. La Fiscalía mostró una dependencia excesiva del Ejecutivo y ha sido complaciente con sus desviaciones. Otra parte creciente del gasto tuvo que asignarse a seguridad, que pasó de disponer del 2 por ciento del PIB en 1990 al 6,3 por ciento (incluyendo sueldos de retiro) el en 2007, con un 0,7 por ciento del PIB siendo aportado por Estados Unidos al Plan Colombia. La Constitución de 1991 condujo al debilitamiento de la actividad productiva y financiera del Estado. Se liquidó el área de telecomunicaciones y se privatizó buena parte de las prestadoras de servicios públicos, con buenos resultados para el público en el caso de Bogotá y malos en la Costa Atlántica, y con la continua presencia de problemas de politización y sobreempleo en las empresas públicas de Cali y del Eje Cafetero; las Empresas Públicas de Medellín han vivido en peligro, porque también se vieron asediadas y penetradas por las clientelas de los políticos regionales. Otro de los roles que dejó de desempeñar el Gobierno Central fue el de banquero, ya que administraba mal el negocio y los deudores entendían los préstamos como favor político que no tenían necesariamente que devolver. La crisis financiera de 1998-1999 acabó con los bancos públicos, quedando tan solo el Banco Agrario; los bancos cooperativos se consolidaron en uno solo. El resultado final del cambio constitucional es paradójico: la disminución de las funciones económicas del Estado se complementó con un aumento sustancial de su tamaño. Se agravaron así los problemas de financiamiento del Estado, que pudo crear algunas eficiencias sociales al retirarse de ciertas áreas de la producción, de los servicios públicos y del crédito, pero que exige una mayor carga tributaria que sustrae recursos físicos y financieros del sistema productivo. El resultado es, entonces, un Estado mucho más grande, más burocratizado y con menos funciones que el que legó la Constitución reformada de 1886, con una carga tributaria más pesada, que asigna mal los recursos públicos, de nuevo con tendencias centralistas y de concentración de poder, tan inconvenientes como las que enarboló Miguel Antonio Caro en su momento. ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONFLICTO Hay una interesante discusión en torno a las razones por las cuales el narcotráfico se desarrolló de manera exitosa en Colombia, mientras que no lo hacia, por ejemplo, en países vecinos que cuentan con la misma locación tropical y con empresarios temerarios y campesinos urgidos de una fuente de ingresos. Una de las explicaciones es geográfica: el país cuenta con enormes territorios baldíos que son difíciles de controlar por el Estado, algo que por ejemplo no existe ni en Ecuador ni en Perú que puede ser complementada con una causa social que resultó de la expulsión de una parte de la población del campo que estaba dentro de la frontera económica durante La Violencia hacia estos vastos espacios al sur del país. Pero por fuera de la dificultad de controlar el territorio, el Estado ha sido muy débil hasta los años noventa, de lo cual deriva su incapacidad de desarrollar el imperio de la ley. Algunos autores contemplan factores histórico culturales, como la larga tradición de contrabando, por la tributación que se le imponía al comercio exterior desde tiempos coloniales, desarrollando una cultura, muy evidente en ciertos territorios, donde las normas sociales van en contravía de las legales, lo cual los predispone al crimen organizado. Por lo demás, el sistema financiero ha sido poroso frente a los detentadores de ingresos ilegales, lo que ha facilitado el lavado de sus activos y el Estado mismo tiene una larga tradición de conceder amnistías tributarias que contribuyen al mismo fin (Thoumi, 1994). Por último, hay una visión que interpreta la adopción del narcotráfico como un accidente histórico que se reprodujo después de manera ampliada por las causas geográficas, sociales y culturales anotadas. El negocio de la cocaína, en esta versión, estaba controlada por la mafia chilena en los años setenta, pero el Gobierno del general Pinochet procedió a extraditar a sus principales ejecutivos, liquidando esa organización criminal. Al mismo tiempo, una crisis económica en Colombia, que afectó en especial a la ciudad de Medellín, dio lugar a una emigración importante que sirvió de receptora mayorista de las exportaciones de cocaína refinada en Nueva York, Boston y Miami. La mafia colombiana tuvo que disputarle el mayoreo a los cubanos y lograron una importante victoria sobre ellos al asesinar a varios de sus dirigentes. El cultivo de la coca se hacía en Bolivia y Perú y la base se exportaba a Medellín donde se refinaba (Gaviria, 2008). El conflicto político por otra parte, generó organizaciones militares insurgentes y contra insurgentes donde el narcotráfico jugó un papel fundamental, recibiendo protección efectiva contra la acción del Estado y del Gobierno norteamericano. El conflicto partidista de los años cincuenta, que contribuyó a elevar la tasa de homicidios de un nivel ‘normal’ de 9 asesinatos por 100.000 habitantes a cerca de 40 en su pico, se desplazó a la frontera agrícola donde confluyó el narcotráfico a la búsqueda de territorios por fuera del control estatal que permitiera la siembra de cultivos ilícitos, su procesamiento y movilización. Aunque la pacificación propiciada por el Frente Nacional fue efectiva, ya el país no se bajó de una tasa de 20 homicidios al año por 100.000 habitantes. Siendo la geografía colombiana difícil de controlar, y el Estado relativamente débil en su capacidad militar, prosperó el narcotráfico que recibió protección armada tanto de la insurgencia como de los paramilitares (gráfica 6). Los efectos sociales del narcotráfico fueron devastadores: contribuyó a disparar la criminalidad y en particular la tasa de homicidios del país, aumentó la corrupción y la extorsión contra el sistema legal, armó de manera exponencial a la insurgencia y a los paramilitares, imponiendo costos adicionales de seguridad a los contribuyentes colombianos y al Gobierno de los Estados Unidos.'' La crisis financiera de 1998-1999 aca- nbó con los bancos públicos, quedando tan solo el Banco Agrario; los bancos cooperativos se consolidaron en uno solo.” '' La Constitución de 1991 se basó explí- citamente en la soberanía popular: la legitimidad del Gobierno se deriva- ba de la represen- tación del pueblo.” WILABR

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