Economía política a fines del siglo XX: constitución, conflicto interno y narcotráfico

Nueva entrega de PORTAFOLIO sobre la historia de la economía colombiana, desde sus orígenes hasta nuestros días.

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julio 09 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-09

El resurgimiento del populismo, de la insurgencia y del narcotráfico marcó profundamente la historia de Colombia en el último cuarto del siglo XX.

Hacia finales de los años sesenta el ex dictador Rojas Pinilla se tornó en una verdadera alternativa política a los partidos tradicionales por medio de la Anapo, hasta casi ganar la elección presidencial de 1970.

De las milicias liberales legadas por La Violencia de los años cincuenta y, sobre todo, de su sector comunista, se conformó un grupo de autodefensa campesina que sería el germen de las Farc y que quedaría latente durante los años setenta para desarrollarse mucho de allí en adelante. Las juventudes radicalizadas de inclinación católica darían lugar al ELN, comandado por los hermanos Vázquez Castaño y en el que se destacó la figura del carismático cura Camilo Torres. La juventud de la Anapo, junto con un núcleo de disidentes de la guerrilla comunista, conformaron el M-19, argumentando que era imposible llegar al poder por medio del voto popular. Los estudiantes maoístas armaron el EPL y se fueron hacia el Urabá antioqueño.

Todos estos sectores compartieron la idea de que el campo político estaba sesgado a favor de los partidos tradicionales, y creyeron firmemente que la lucha armada era la única alternativa para alcanzar el poder, algo que la Revolución Cubana y otros movimientos armados en el continente parecían verificar.

Al mismo tiempo, la economía atravesaba por malos ratos: insuficiencia de exportaciones en los años sesenta, crisis de la deuda latinoamericana en los ochenta, escasas oportunidades de inversión y bajo ahorro, todo lo cual redujo la tasa de crecimiento e hizo evidentes enormes poblaciones desempleadas y subempleadas, mucha desigualdad y miseria.

El crecimiento acelerado del negocio del narcotráfico en los años ochenta fue el otro ingrediente que catalizó el desarrollo de la insurgencia, en particular de las Farc, hasta tornarla en una amenaza seria para la seguridad de los ciudadanos.

El derrocamiento del Gobierno militar del general Rojas y su reemplazo por el Frente Nacional dio lugar a una política de marchitar el Ejército y permitir que se autogobernara, con lo cual perdió no sólo recursos sino también eficiencia.

Se dedicaba sólo cerca de 1 punto del Producto Interno Bruto a la seguridad, por lo cual el control sobre la difícil geografía nacional era mínimo. El Estado parecía impotente frente a los grupos armados, a los que se sumaron los propios grupos de narcotraficantes que ponían en jaque al sistema de justicia y lo desafiaban con actos terroristas de enorme violencia.

Por su parte, los gobiernos de turno contemplaron avanzar procesos de negociación con los grupos armados políticos, al tiempo que intentaban fortalecer al Estado frente a la amenaza del crimen organizado. Una vez que el M-19 y el EPL, que habían sufrido serios reveses militares y políticos, estuvieron dispuestos a dejar las armas, el Gobierno de César Gaviria (1990-1994) propuso una asamblea constituyente que enfrentara los dos grandes problemas que aquejaban al país: la democratización efectiva de la política y el fortalecimiento de la justicia.

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