Editorial / Una cirugía de fondo

Los decretos expedidos al amparo de la emergencia social para corregir los problemas que aquejan al sector salud en Colombia han creado una gran controversia, pero las decisiones eran inevitables.

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enero 25 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-01-25

Una polémica considerable ha creado la expedición de los decretos que, con base en la figura de la emergencia social, dio a conocer el Gobierno la semana pasada y cuyo objetivo es corregir los inmensos problemas que aquejan al sector de la salud en Colombia. Una de las razones de la controversia es que las medidas tratan múltiples aspectos de un tema que es complejo.

Otra es que la mayoría de las decisiones fueron hechas públicas a punto de que se cerrara la ventana abierta por la figura de excepción contemplada en el artículo 215 de la Constitución, con lo cual es difícil digerirlas al tiempo. Y adicionalmente, es indudable que lo dispuesto afecta diversos intereses, comenzando por los de los usuarios. Eso hace que las opiniones abunden y sea difícil encontrar un análisis objetivo de lo hecho.

Pero mientras las entidades independientes emiten juicios ponderados sobre lo ocurrido, no está de más hacer algunas consideraciones. La más fundamental es que por fin se trató de atacar de raíz un problema que ya había comenzado a agravar seriamente el estado de las finanzas públicas. Si bien será la Corte Constitucional la encargada de decir si el uso de los mecanismos extraordinarios estaba justificado, las cifras muestran que el deterioro en los últimos meses fue acelerado.

Por ejemplo, de los cerca de 835.000 recobros que las EPS del régimen contributivo hicieron al Fosyga por eventos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS) prestados a sus afiliados, se pagaron, en el 2007, 626.000 millones de pesos. En contraste, el año pasado se presentaron más de 2 millones de recobros, con un pago generado de 1,85 billones de pesos, evidenciándose un incremento del 239 por ciento en el número de recobros y del 280 por ciento en el valor girado.

Por otra parte, mientras en el 2008 el déficit corriente por prestación de servicios de salud a expensas del pago de atenciones y medicamentos "no POS" del régimen subsidiado se estimó en 409.187 millones de pesos, para el 2009 este fue de 885.237 millones de pesos, lo que significó un crecimiento del 116 por ciento.

¿Quiere decir eso que los colombianos se enfermaron más? La respuesta es negativa. Simplemente, la confusión normativa, los vacíos legales y el uso indiscriminado de la tutela permitieron el pago de procedimientos y tratamientos que antes no estaban cubiertos. Además, la corrupción mostró su fea cara, con la creación de verdaderas cadenas del crimen diseñadas para desfalcar al Estado y en cuyos eslabones participaron jueces, abogados, médicos y entidades venales.

Ante semejante situación, que llevó a la postración financiera a decenas de hospitales y puso en jaque a los departamentos, fue necesario aplicar grandes remedios. Estos incluyen, entre otros, la elevación de los impuestos a la cerveza, los licores, los cigarrillos y los juegos de azar, con el fin de generar recursos adicionales en forma inmediata. También hay que mencionar medidas encaminadas a evitar los abusos, la evasión y las demoras en los pagos.

Y lo más importante de todo es el propósito de redefinir el POS como un conjunto de servicios básicos que prioriza la atención de baja complejidad, con lo cual le correspondería a los usuarios del sistema asumir los costos de lo que no esté incluido, si bien habrá un fondo destinado a subsidiar a las personas más pobres. Ese es un cambio descomunal, cuyos detalles están todavía por conocerse. Para sus defensores, se trata de equiparar necesidades a recursos disponibles. Para sus detractores, lo que hay es una pérdida descomunal en derechos adquiridos.

No falta, por supuesto, quien afirme que si en los años pasados se hubieran adoptado varios tratamientos, no habría sido necesaria una cirugía de fondo como la vista. Eso es parcialmente cierto. La lentitud del ministerio de la Protección Social en reconocer las dificultades y su misma incapacidad a la hora de las soluciones tiene mucho que ver en lo sucedido. Pero también es verdad que lograr convencer al Congreso de reformas profundas habría sido un imposible político y que el camino de la emergencia, era el único posible. Ahora falta esperar a que la Corte determine si el método de choque era justificado y si las determinaciones pasan un examen jurídico -no médico- que será muy difícil.

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