Editorial / El collar y el perro

A lo largo de los últimos años se han venido realizando grandes avances en el empeño por ampliar la cobertura de los servicios bancarios a la población colombiana.

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mayo 07 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-05-07

A lo largo de los últimos años se han venido realizando grandes avances en el empeño por ampliar la cobertura de los servicios bancarios a la población colombiana. Los primeros esfuerzos en esta materia estuvieron concentrados en el mayor otorgamiento de créditos a pequeños empresarios, política que permitió el desembolso de 1.8 millones de préstamos en algo más de un lustro. A esa labor hay que agregar la apertura de cuentas de ahorro, que llevó a que el número existente supere en más de tres millones las vigentes en julio del 2006. Posteriormente, se buscó tener una mayor presencia nacional con la autorización de la operación de Corresponsales No Bancarios, de los cuales a la fecha hay más de 4.000 en pueblos y ciudades. Adicionalmente, en el 2008 abrieron sus puertas dos bancos especializados en la atención de personas de bajos recursos. Como consecuencia de estas políticas, la cobertura de los establecimientos de crédito pasó a nivel municipal de 70 a 92 por ciento en dos años y el 55,6 por ciento de los ciudadanos cuenta con algún tipo de servicio financiero.

Más recientemente el Gobierno ha buscado imprimirle un mayor impulso a la política y para tal efecto expidió el decreto de Cuentas de Ahorro Electrónicas (CAE) que están dirigidas exclusivamente a personas del Sisbén 1 y desplazados, y cuyas transacciones pueden efectuarse a través de cualquier medio y canal como tarjetas, celulares y cajeros. Estas se encuentran exentas del cobro de las cuotas de manejo y de las primeras operaciones, limitando el monto de los depósitos y el número de transacciones sujetas a pago.

Dentro del marco de la política de aumentar la llamada bancarización, el Gobierno ha buscado vincular la entrega de los subsidios de Familias en Acción a la apertura de cuentas en entidades financieras. Hasta el año pasado el esquema del programa consistía en la realización de pagos directos en efectivo, de 115.000 pesos bimestrales en promedio, que el beneficiario debía retirar por ventanilla de una entidad bancaria. Esto implicaba que la persona debía desplazarse hacia las cabeceras de los municipios adonde llegaba la transferencia, con obvias incomodidades y riesgo. El costo aproximado del proceso era de 7.500 pesos por pago, que el Gobierno cancelaba al banco respectivo.

Sin embargo, con la licitación que abrió Acción Social este año para realizar la entrega de subsidios a un millón y medio de familias las cifras involucradas se dispararon. Dentro de los condicionamientos para ganar el concurso público se estableció la obligatoriedad para el banco de abrir una cuenta de ahorro de bajo monto a todas las familias beneficiarias, así como la de tener presencia física en todos los municipios donde la ayuda se entregara. Esas exigencias motivaron que el sistema financiero no se presentara a la convocatoria, excepción hecha del Banco Agrario, y que el costo se incrementara a 20.000 pesos por transacción. No obstante, una vez adjudicada la licitación, se cambiaron las reglas de juego. Mediante el Decreto 4590 de 2008 la naturaleza de las cuentas que el Banco Agrario debía abrir pasó a ser la de Cuentas de Ahorro Electrónicas (CAE), al tiempo que se flexibilizaron los requerimientos exigidos para la vinculación de los clientes.

El episodio, como es lógico, dejó muy mal sabor en el sector financiero. No solo se eliminó la posibilidad de competencia y se variaron las condiciones del negocio, sino que ahora una parte importante del dinero se va a quedar en las arcas del intermediario.
Aunque no faltará quien diga que la institución escogida es pública, no se trata de pasar el dinero de un bolsillo a otro. Queda, además, por delante el interrogante respecto de qué piensa hacer el Gobierno para la entrega de otro millón y medio de subsidios que piensa realizar. Si el encargo se asigna a la misma entidad, con iguales costos a los de la anterior licitación, se estarían girando en ayudas 2,07 billones de pesos en un año, por la nada módica suma de 360.000 millones de pesos. Así las cosas no estaría de más evaluar la conveniencia de otras opciones de menor cuantía, que permitan cumplir los mismos propósitos haciendo uso de la tecnología y sin necesidad de que, parafraseando el conocido dicho, el valor del collar se acerque cada vez más al del perro.

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