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Editorial / La cuenta regresiva

Si la Corte decide en los próximos días que la declaratoria de Emergencia Social es inconstitucional, es indudable que el pronunciamiento sería popular pero que no necesariamente conveniente.

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marzo 16 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-03-16

Ha comenzado ya la cuenta regresiva para que la Corte Constitucional emita su pronunciamiento sobre la idoneidad de la Emergencia Social, adoptada por el Gobierno a finales de diciembre pasado. Si bien la atención del país en los últimos días ha estado concentrada en las elecciones, no estaría de más que vuelva a seguir de cerca un tema que afecta, en forma general y personal, a todos y cada uno de los colombianos.

En este caso lo que está en juego es la validez de los decretos expedidos al amparo de la figura contemplada en la Carta Política, que tienen fuerza de ley y tratan temas tan variados como la autonomía médica, la asignación de recursos a las entidades del sistema o la elevación de los impuestos a la cerveza, los cigarrillos y los juegos de azar.

Es bien conocido, además, que la Emergencia es claramente impopular. La más reciente encuesta de Gallup muestra que la mayoría de la población en las cinco ciudades más importantes considera que la salud va por mal camino, por cuenta de las medidas adoptadas en enero.

Como si eso fuero poco, el mismo Gobierno se ha encargado de debilitar políticamente sus propias determinaciones, al decir que le presentará al Congreso una serie de propuestas encaminadas a reversar o modificar algunos decretos. Ante lo sucedido, en los mentideros jurídicos ha tomado fuerza el rumor de que existe un borrador de fallo en el que el concepto es negativo, con lo cual se suprimiría de un plumazo todo lo hecho.

Pero aunque ese pronunciamiento sería popular, no necesariamente es el más conveniente. La razón es que más allá de los errores o excesos específicos cometidos, lo que más le conviene al país es que la Emergencia se sostenga, así sea parcialmente.

Volver al pasado es abrir de nuevo el boquete por el cual se han ido billones de pesos que comprometen la estabilidad fiscal del Estado e invitar a los corruptos a que sigan metiéndole la mano a los recursos públicos con las mismas triquiñuelas conocidas. La pregunta, por lo tanto, es si en su evaluación la Corte se concentrará en la discusión meramente jurídica, que es lo que le corresponde.

Al respecto, los opositores de las medidas tomadas sostienen que el Gobierno no debería haber hecho uso del Estado de excepción, pues éstas sólo se justifican ante hechos sobrevinientes o que perturben el orden económico, social o ecológico en forma grave e inminente o que constituyan una grave calamidad. Si se tiene en cuenta que la postración del sector de la salud no es nueva, ya que su deterioro ha sido cosa de años, la Emergencia no tendría razón de ser.

En respuesta, expertos como Humberto de la Calle han aclarado que eso no necesariamente es así, puesto que en otras ocasiones la Corte ha aceptado el uso de la figura cuando se agravan súbitamente situaciones crónicas. Así ocurrió en 1992 cuando tuvo lugar un fuerte racionamiento eléctrico y se inauguró la figura y en 1999 ante la necesidad de salvar al sector financiero, cuya supervivencia estaba en entredicho por cuenta de la crisis de ese entonces.

En el caso presente ocurriría algo semejante. Para sólo citar un ejemplo de varios, los recobros al Fondo de Solidaridad de la Salud aumentaron 239 por ciento entre los años 2007 y 2009, mientras el valor de los mismos tuvieron un incremento de 280 por ciento, lo cual dista de ser un ritmo normal.

El problema, sin embargo, es que en este caso el Gobierno intentó abarcar mucho, pues junto a líos coyunturales trató de resolver asuntos estructurales y cosas importantes, pero no urgentes. Eso ha elevado el riesgo de inconstitucionalidad. Tanto, que el pronóstico más favorable para el Ejecutivo es que la Corte declare una inexequibilidad parcial de lo decretado, con lo cual se salvaría apenas parte de la Emergencia.

Si eso es así o si el hundimiento es total, es algo que se sabrá en los próximos días. Pero mientras el Alto Tribunal se pronuncia, es de esperar que el Ministerio de Protección Social haya trabajado desde todas las hipótesis y tenga cómo responder, incluso si la suerte le es completamente adversa. De lo contrario, la madeja que recibirá quien llegue a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto estará muy enredada y desanudarla no sólo implicará gastarse buena parte del capital político del nuevo Presidente, sino millonarios recursos en un tema que, con o sin Emergencia Social, sigue requiriendo soluciones de fondo.

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