Editorial / En cuidados intensivos

A pesar de tratar de ponerle buena cara al mal tiempo, el descalabro del Gobierno es descomunal, ante la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional, de la Emergencia Social.

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abril 18 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-04-18

Ese refrán que recuerda que 'del ahogado, el sombrero' ha comenzado a ser repetido por los funcionarios del Gobierno, después de que la Corte Constitucional declarara el viernes pasado la inexequibilidad de la Emergencia Social decretada en diciembre, con el fin de atender los problemas en el sector de la salud.

Y es que a pesar de haber echado para atrás la medida y todas las decisiones derivadas de esta, el tribunal hizo uso de una curiosa figura que había sido usada al comienzo del siglo, consistente en diferir hasta el 16 de diciembre próximo la derogación de los impuestos extraordinarios que fueron aplicados a la cerveza y los cigarrillos, aunque sigue pendiente la suerte de los tributos a los juegos de suerte y azar. Gracias a ello, se garantizan por un tiempo ingresos que deberían generar algo más de medio billón de pesos en los meses que restan hasta el final del año, una necesidad fundamental para sostener un sistema que hace agua por todas partes.

Sin embargo, a pesar de tratar de ponerle buena cara al mal tiempo, el descalabro del Gobierno es descomunal. Quienes han visto el borrador de la sentencia de la Corte, cuyo texto definitivo apenas se conocerá en los próximos días, sostienen que cada uno de los argumentos esgrimidos a favor de la Emergencia es desmontado de manera contundente. Por unanimidad, los magistrados coincidieron en que el desbarajuste en la salud no es el resultado de circunstancias extraordinarias, sino que viene del empeoramiento de fallas profundas originadas desde hace tiempo y que el Ejecutivo no ha podido o no ha querido corregir.

De tal manera, con la prórroga temporal a los impuestos citados, el tribunal le da a la administración Uribe una nueva oportunidad para que impulse el llamado 'Plan B'. Según lo anunciaron los ministros de Hacienda y Protección Social el sábado, este incluye volver permanentes los tributos, al igual que algunas disposiciones contenidas en los decretos, que se quedaron sin piso jurídico. Para tal fin, esta semana será radicado un proyecto de ley, que presumiblemente venía siendo preparado desde hace semanas y que vendrá acompañado de un mensaje de urgencia para acelerar su estudio.

El problema es que en plena época electoral y con un Congreso interino, será difícil lograr el quórum para tener una discusión profunda, y más todavía, para obtener una votación favorable. Ante tal eventualidad, el Gobierno debería tomar una serie de disposiciones para asegurar que la estantería no se derrumbe, pues tal como están las cosas el dinero se acabaría a mitad del año.

Como la suspensión del servicio no es una opción, serán necesarias fórmulas sostenibles para cerrar las venas rotas y encontrar fondos adicionales. Así, quien llegue a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, tendría algún margen para proponer, ahora sí, una cirugía profunda que cure al enfermo de todos sus males. Dicha cirugía consiste en una reforma estructural que debe incluir, entre otras, una ley estatutaria que fije los grandes principios que regirán el derecho a la salud de los colombianos, ya que este no puede ser ilimitado. Además, se requiere una ley orgánica que distribuya las competencias, tanto de las entidades del Estado como del sector privado.

A lo anterior hay que agregar leyes específicas para controlar la corrupción o asegurar nuevas fuentes de financiamiento, al igual que acuerdos por parte de la comisión reguladora del ramo, la CRES, y resoluciones ministeriales. Ese esfuerzo requiere de un trabajo formidable, pues frente a los objetivos de preservar la sostenibilidad del sistema, están los intereses individuales de diferentes actores, que van desde el cuerpo médico hasta las empresas prestadoras del servicio de salud, pasando por los usuarios del mismo.

Eso sin contar con la presión de quienes han encontrado en los vacíos actuales una oportunidad para enriquecerse, muchas veces en forma venal. En conclusión, ahora comienza un nuevo capítulo. La forma en que este se escriba determinará no sólo el legado de la administración de Álvaro Uribe en este campo, cuya herencia hasta ahora es decepcionante, sino el futuro de un sector indispensable. Una vez más, la salud en Colombia ha vuelto a la sala de cuidados intensivos. Falta ver si esta vez, los tratamientos funcionan para darla, ahora sí, de alta.

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