Editorial / Impuestos y seguridad

Un debate fundamental ha comenzado a hacer carrera en las últimas semanas, por cuenta de Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuando en un foro el banquero habló sobre temas de seguridad y defensa.

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mayo 13 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-05-13

Un debate fundamental ha comenzado a hacer carrera en las últimas semanas, por cuenta de las palabras pronunciadas por Luis Carlos Sarmiento Angulo a finales de abril, cuando en un foro el banquero habló sobre temas de seguridad y defensa. El aspecto más polémico de su intervención tuvo que ver con el hecho de que el gran aumento en recursos que han recibido las Fuerzas Armadas puede tener problemas de sostenibilidad en los próximos años. La razón es que el salto del último lustro, que asciende al equivalente de un punto porcentual del Producto Interno Bruto, ha sido financiado en buena parte con gravámenes temporales. Ese es el caso del tributo a los patrimonios netos de más de 3.000 millones de pesos, que debería generar recursos por 8,4 billones de pesos, y cuyo último pago vence en el 2010.

Debido a ello, es conveniente que se comience a analizar desde ya el impacto de la desaparición de esa fuente de fondos, al igual que la posibilidad de establecer un impuesto permanente, que sustituya los esquemas ocasionales que han sido ensayados desde finales de la década pasada. Tal como es típico en estos casos, la reflexión ha generado todo tipo de declaraciones de funcionarios y analistas. Hace unos días el presidente Álvaro Uribe apoyó la idea de tener una 'renta permanente' para financiar el esfuerzo en seguridad. Por su parte el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sostuvo que el debate es sano, pero que es inconveniente hablar por ahora de nuevas cargas tributarias, dado que las necesidades serían para el ejercicio del 2011 en adelante. Otros rechazaron de plano la propuesta, tanto por motivos ideológicos como prácticos.

Pero aunque falta mucho para madurar el tema, no hay duda de que hay que comenzar a mirarlo en forma desapasionada. El motivo es que de los 14,5 billones de pesos que tiene asignado el Ministerio de Defensa este año, unos 2,5 billones provienen del impuesto al patrimonio. Si bien el propósito original del tributo extraordinario era el de financiar la compra de equipo, cerca de una tercera parte se dirigió a gastos permanentes, asociados con el incremento en el pie de fuerza. Más allá del debate sobre el destino de los recursos, es claro que a la vuelta de un par de años el dinero no será suficiente, a menos que se hagan recortes profundos.

Dada la popularidad que tiene la Seguridad Democrática, un escenario de reducciones en el número de soldados y policías es poco probable, aparte de inconveniente. Eso no quiere decir que el presupuesto del Ministerio esté exento de ser examinado a fondo, con el fin de buscar economías o encontrar la manera de hacer las cosas con mayor eficiencia.

Pero si se acepta la tesis de que hay que apropiar más recursos para la seguridad, es necesario reconocer que el actual esfuerzo fiscal no alcanza. En ese sentido, Anif ha propuesto tres alternativas: un aumento en la tarifa del impuesto de renta hasta 35 por ciento, la eliminación parcial o total del generoso régimen de exenciones tributarias o el incremento en las tarifas del IVA del 16 al 18 por ciento. Tales opciones, cuando se presenten formalmente, generarán grandes resistencias políticas y técnicas, si bien lo más probable es que su consideración estará en manos del Congreso que se escoja en las elecciones del próximo año.

Eso para no hablar de la imposibilidad de tener rentas de destinación específica, como lo deja en claro el Artículo 359 de la Constitución. Aunque siempre existirá la posibilidad de introducirle reformas a la Carta Política, el camino de asignarle fuentes y usos específicos a los dineros públicos es equivocado. También será motivo de polémica encontrar que un puñado de empresas que han firmado contratos de estabilidad jurídica van a alegar que están libres de nuevos gravámenes, lo cual ocasionará quejas con respecto a la inequidad implícita del esquema adoptado en los últimos años.

Todo lo anterior muestra que el asunto no es fácil. Por ahora, lo ideal es abrir el debate con el fin de llegar con propuestas estructuradas al Congreso, sin importar quien esté en la Casa de Nariño dentro de año y medio. De lo contrario se puede echar por la borda el esfuerzo realizado, así como desperdiciar la oportunidad de reformar bien un marco impositivo que tiene problemas y requiere un cambio de fondo.

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