Editorial / Mal ejemplo hondureño

Los cancilleres que hace apenas unas semanas aprobaron por unanimidad el re-ingreso de Cuba a la OEA, no pueden exigir el cumplimiento de la Carta Democrática, al pie de la letra, a Honduras.

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julio 06 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-06

Muy mal terminó este domingo el intento del derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, de regresar a Tegucigalpa. No sólo porque los militares que una semana antes lo sacaron del poder y lo expulsaron a Costa Rica, obstaculizaron la pista del aeropuerto e impidieron que el avión venezolano que lo llevaba, prestado por Hugo Chávez, aterrizara, sino porque la manifestación de miles de adeptos del destituido mandatario, que iba recibirlo, se enfrentó a la Policía y en esa confrontación hubo al menos un muerto y decenas de heridos. Además, las tensiones entre Honduras y Nicaragua por una supuesta movilización de tropas del Gobierno de Managua, surgieron como amenaza adicional.

La condena al golpe que tumbó a Zelaya fue general en el ámbito internacional, aún si numerosos analistas coinciden en atribuirle parte de la responsabilidad al propio caído. Su empeño en llevar a cabo una consulta popular que violaba la Constitución y las leyes, por encima de pronunciamientos del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema, su cercanía con Hugo Chávez que lo había provisto de escoltas venezolanos y cubanos y que, según muchos testimonios, financiaba la consulta, pero sobre todo, su inusual orden a los militares para que asumieran funciones que le correspondían a la autoridad electoral, que fue como invitar a los uniformados a mezclarse en la controversia política y jurídica que vivía el país, fueron errores enormes, que incidieron totalmente en lo sucedido.

Pero nada de eso justificaba la intervención violenta de los militares ni la arbitraria detención y exilio del Presidente. Si acaso un proceso político y jurídico para destituirlo, como el que luego llevó a cabo el Congreso, pero después de que la intervención del Ejército hondureño hubiese manchado de ilegalidad cualquier proceso de remplazo del Mandatario.

La región es testigo de un forcejeo que lleva ya más de una semana, en el que intervienen dos presidentes, Zelaya y el electo por el Congreso, Roberto Micheletti. Y no asoma una solución.

Aunque el primero es el Mandatario legítimo, los organismos internacionales tienen una capacidad de maniobra reducida, como quedó demostrado el domingo. En especial si el Congreso, la Corte Suprema, la Fiscalía y amplios sectores de opinión en Honduras se oponen a que vuelva a la Presidencia. Claro que a al líder derrocado lo siguen organizaciones populares importantes y grupos de izquierda. Pero desde el punto de vista de los poderes del Estado, no existe un camino para su retorno a la cabeza del Gobierno.

La Organización de los Estados Americanos, bajo la presión de Chávez y de sus demás miembros, insiste en la aplicación de la Carta Democrática, aprobada por la organización en el 2001. Y tiene sentido, pues su redacción y aprobación dotaron al continente de un mecanismo que busca erradicar los gobiernos de facto que con tanta frecuencia interrumpieron el devenir institucional de estos países.

Pero la Carta Democrática no sólo fue dictada para vacunar contra el golpismo a los gobiernos legítimos. El caso cubano es ilustrativo. Existe un consenso general en el sentido de que ese país debe volver a la OEA, pero las instituciones cubanas están más lejos que las de cualquier otro país del hemisferio, de cumplir con los preceptos de la declaración. O todos en la cama o todos en el suelo, habría que decir. Los mismos cancilleres que hace apenas unas semanas, precisamente en San Pedro Sula, aprobaron por unanimidad el reingreso de Cuba sin ponerle condiciones a la luz de la Carta Democrática, no pueden exigir ahora su cumplimiento al pie de la letra, en el caso hondureño.

Por eso quizás, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, se pronunció ayer en el sentido de evitar que los países de la región intervengan en lo que ocurre en Honduras, al tiempo que pidió, por encima de todo, que se evite el derramamiento de sangre. La ONU, que admite en su seno a países con estándares democráticos muy bajos, sabe que exigir la libertad de elegir y ser elegido desde fuera de un país es fácil de palabra, pero casi imposible de hecho. En consecuencia, privilegia el principio de la no intervención extranjera en los asuntos internos de un país, y promueve el diálogo, que quizás sea la única salida para que la situación de Honduras se siga deteriorando y amenace con ello la estabilidad de toda la región. 

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