Editorial / Un recorte anunciado

La disminución de 5,9 billones en los gastos para el 2010 no sólo es obligatoria, sino que muy probablemente es el preámbulo de un nuevo aumento de impuestos que podría llegar más temprano que tarde".

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enero 18 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-01-18

  Tal como había sido anticipado por el propio Ministro de Hacienda la semana pasada, ayer dicho funcionario confirmó un recorte de 5,9 billones de pesos en los gastos públicos programados para el 2010. Ese 'tijeretazo' es, sin duda alguna, el más alto en la historia del país, pues representa un apretón superior al 1 por ciento del Producto Interno Bruto. Parte de esa suma provendrá del cambio en los supuestos macroeconómicos, gracias a los nuevos escenarios en materia de inflación y tasa de cambio, lo que permitirá ahorrar 1,7 billones de pesos. El resto será dividido casi en partes iguales entre los capítulos de funcionamiento e inversión, aunque las partidas específicas todavía son sujetas a negociación.
Como es típico en estos casos, el anuncio generó opiniones encontradas. Para los partidarios del Ejecutivo, lo hecho fue un ejercicio de responsabilidad y madurez, más notorio todavía en medio de un año electoral. En cambio, los críticos de Álvaro Uribe sostuvieron que lo sucedido es la comprobación de que el presupuesto aprobado en octubre por el Congreso era irreal y que la disminución en los gastos era inevitable, ya que de lo contrario la situación fiscal se habría salido de madre.
Ambas explicaciones tienen algo de verdad. Pero sin entrar en los méritos de cada una, es indudable que los cálculos sobre los ingresos estatales han resultado desfasados, como consecuencia directa de la fuerte caída en el crecimiento económico durante los dos años pasados. Esa menor dinámica ha golpeado los recaudos en prácticamente todos los rubros, desde IVA hasta aranceles, pasando por los tributos sobre la renta. Como resultado, el faltante en las finanzas estatales, que mostraba tendencia a la baja, cambió abruptamente de tendencia.
De tal manera, de un saldo en rojo en el sector público central, que llegó a estar en el equivalente de 2,3 por ciento del PIB en el 2007, el salto fue a 4,1 el año pasado y podría llegar a 4,5 por ciento en el 2010. Dicho deterioro es todavía muy inferior al vivido hace una década después de la recesión que impactó al sector productivo colombiano. También es leve, si se compara con lo ocurrido en buena parte de las economías más desarrolladas, en donde los programas aprobados para aminorar el efecto del coletazo de la crisis internacional dispararon a la estratosfera los déficit gubernamentales.
Sin embargo, tales circunstancias no esconden la fragilidad que tiene Colombia en ese frente. La razón principal es que mientras la recaudación se estanca, los gastos aumentan, a pesar de los recortes mencionados. El año pasado, para no ir más lejos, los primeros tuvieron un incremento de 2,7 por ciento, en tanto que los segundos subieron 13,3 por ciento. Y para el próximo habría una reducción de 3,7 por ciento en los ingresos, a la vez que las erogaciones subirían 0,2 por ciento.
Ese factor, el de la relativa inflexibilidad de una serie de pagos, hace casi seguro que quien se coloque en su pecho la banda presidencial el próximo 7 de agosto, se verá enfrentado a la antipática decisión de presentarle una reforma tributaria al Congreso. El motivo, para decirlo en los términos más sencillos posibles, es que las cuentas no dan. Más allá de que se haya aprobado recientemente la extensión del impuesto de patrimonio por cuatro años más, hasta el 2014, la intención es que lo que se consiga por dicho concepto vaya destinado a las Fuerzas Armadas.
El problema es que las demás obligaciones, tanto las de funcionamiento como la inversión, el servicio de la deuda y las transferencias a los entes territoriales, tienen una inercia casi incontenible. De tal manera, para cerrar la brecha no hay otro camino diferente al de tratar de buscar lo que los especialistas llaman un superávit primario, consistente en que lo que le llega al Gobierno sea más de lo que sale.
Cómo conseguir ese cometido es algo que se verá en su momento. Algunos son amigos de los impuestos indirectos, mientras que otros prefieren desmontar el generoso régimen de exenciones que cuesta más de 7 billones de pesos al año. Pero más allá de la solución que se encuentre, todo apunta a un aumento en los tributos que muy probablemente ocurrirá más temprano que tarde.

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