El ejemplo de los demócratas

En días pasados el Partido Demócrata de los Estados Unidos hizo público el documento titulado ‘Una nueva política comercial para América’, en el que fija su posición frente a los TLC firmados recientemente con Colombia, Perú y Panamá, y otros en proceso de negociación. En lo que respecta al tema de medicamentos, el punto 1,3 precisa la necesidad de modificar los tratados en orden a “Reestablecer un justo balance entre la promoción del acceso a medicinas y la protección de la innovación farmacéutica en los países en desarrollo”.

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abril 26 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-04-26

Aunque aún no se conocen propuestas específicas sobre las enmiendas necesarias para lograr este ‘justo balance’, la siguiente declaración del congresista Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio, aclara bien la intención de su partido: “Queremos que gente que necesita drogas en países en desarrollo tengan acceso. Estas provisiones en los TLC deben ser rehechas”, (EL TIEMPO, 28.03.07, p. 1-17). En desarrollo de este pronunciamiento, el 12 de marzo pasado doce influyentes Congresistas de los E.U., encabezados por el representante Henry A. Waxman, presidente del Comité de Reformas Gubernamentales y miembro del Subcomité de Comercio, enviaron una carta a la Representante Comercial de su país, insistiendo en la “inmediata reconsideración” de las provisiones que “demoran, incluso más que en Estados Unidos, el acceso a medicamentos genéricos que salvan vidas”, como son las referentes a protección exclusiva de datos, extensión de las patentes y vínculo patente-registro sanitario. También mencionan entre las disposiciones que merecen modificaciones aquellas que “restringen el derecho de los países de utilizar las licencias obligatorias y otras salvaguardas a la salud pública previstas en el Acuerdo Adpic de la Organización Mundial del Comercio y en la Declaración de Doha”. De esta manera, los demócratas han recogido las conclusiones aportadas por importantes estudios que han medido los posibles efectos económicos y sanitarios de los TLC en Colombia, entre los que destacan los realizados por la Fundación Ifarma (octubre de 2006 y enero de 2007), consultora de la Organización Panamericana de la Salud, máxima rectora de la salud a nivel continental. Según tales estudios, de aprobarse el tratado como un todo, una gran cantidad de medicamentos entrarán al mercado nacional en condiciones de monopolio, los precios aumentarán un 40 por ciento y el gasto en salud se incrementará en alrededor de 500 millones de dólares anuales hacia el 2010 y en más de 900 millones de dólares anuales hacia el 2020. Y, lo que es peor, de no haber el dinero necesario para atender este inmenso sobre costo, como es lo más probable, por supuesto que el sector salud no tendrá un fondo para indemnizar a las víctimas del TLC, como sí lo tendrá el sector agrícola (Agro Ingreso Seguro), más de 5 millones de colombianos de ingresos medianos y bajos podrían perder acceso a los medicamentos necesarios. En Sida, por ejemplo, los antirretrovirales con monopolio llegarán a representar más del 80% del mercado, los precios aumentarán más de un 40% y, de no haber los recursos, hacia el 2010 más de 3.000 pacientes/año perderán acceso a estos productos vitales y hacia el 2020 más de 12.000 pacientes/año, los cuales verán reducida su esperanza de vida entre 5 y 10 años. “La reducción de la cobertura -advierte el estudio respectivo- es un claro retroceso en la aplicación de la política farmacéutica nacional, es contraria a las metas del milenio y de los planes nacionales para la atención de la enfermedad y se constituye en una violación del derecho fundamental a la vida de los pacientes viviendo con VIH o Sida”. Documentos analíticos de la OMS-OPS, la Cepal, las organizaciones humanitarias Oxfam Internacional y Acción Internacional para la Salud, la Universidad Nacional de Colombia, los negociadores del TLC a nombre del Ministerio de la Protección Social y el doctor Francisco Rossi, asesor del Gobierno colombiano en nombre del Pnud, confirman estos cálculos. También estudios sobre Perú del Ministerio de Salud y la autoridad de Patentes de este país -Indecopi- y un estudio sobre Ecuador de la Corporación de Estudios para el Desarrollo -Cordes-. Contrastando con esta dramática realidad, el Gobierno colombiano sigue sosteniendo, contra toda evidencia -pues no ha querido realizar ni un solo estudio que mida los efectos futuros del Tratado sobre la salud pública- que el TLC firmado no fortalece los intereses comerciales de las multinacionales farmacéuticas ni demora la oferta de medicamentos con capacidad para prevenir las enfermedades y salvar vidas. El ejemplo de responsabilidad social de los legisladores norteamericanos debería hacerlo reflexionar y cambiar de actitud, pues pocos colombianos entenderían que mientras el Partido Demócrata de los Estados Unidos aboga por derribar las barreras para los genéricos y la salud pública contendidas en el TLC, su Gobierno se empeñe en mantenerlas, desdeñando el escenario renovador que le están brindando. Igual misión corresponde al Congreso de la República en caso de que el Gobierno ceda a las presiones de la industria transnacional. Su deber como creador de leyes es votar responsablemente la ley del Tratado, tomando las medidas que estén a su alcance para mitigar o evitar los efectos económicos y sanitarios aquí señalados. De lo contrario el TLC se convertirá en instrumento de sufrimiento y pérdida de vidas humanas. No se trata de improbar la totalidad del Tratado, lo que seguramente perjudicaría a algunos subsectores de la economía. Se trata es de que el Congreso ejerza la potestad que le asiste de aprobarlo parcialmente, dejando por fuera las cláusulas contrarias a la Constitución o al interés nacional, y de plantear las denominadas ‘declaraciones interpretativas’, es decir, de aprobar disposiciones que se presten a dos interpretaciones, con la interpretación que se ajuste a las normas superiores y dejen a salvo los derechos fundamentales de las personas, entre los cuales el primero de todos es el derecho a la salud y la vida. Sería indigno que mientras legisladores de los Estados Unidos se preocupan por los intereses, los derechos y el bienestar de nuestra población, el Parlamento de Colombia los ignorase, dejando entre el cajón el recurso de las ‘declaraciones interpretativas’, que permitiría salvar lo bueno del Tratado y limitar el ámbito de aplicación de las cláusulas ambiguas. Nada justificaría esta actitud pasiva de nuestros congresistas. Ni la supuesta solidaridad con el Gobierno, pues los congresistas se deben primero que todo a su patria, ni la ley de bancadas, pues por encima de ella tiene que estar la conciencia de cada legislador, ni la ignorancia en materia de TLC y salud, pues todos han sido advertidos de los peligros por la Iglesia, por la sociedad civil y por sus colegas del norte. Yo se que mañana algún partidario de la aprobación del Tratado sin modificaciones y a pupitrazos escribirá un artículo descalificando esta nota e insultando a su autor, como sucedió cuando advertí que detrás del TLC vendría la aprobación de la importación de ‘vacas locas’, como en efecto ocurrió. Pero también sé que ese alguien, al igual que los protagonistas de la negociación y los autores de los pupitrazos, si se dan, algún día se arrepentirán del daño causado a la salud de los colombianos pobres y pedirán excusas públicamente. Lo malo es que las excusas no le devolverán la salud a los enfermos ni la vida a los muertos."El Gobierno colombiano sigue sosteniendo, contra toda evidencia que el TLC firmado no fortalece los intereses comerciales de las multinacionales farmacéuticas ni demora la oferta de medicamentos”. Director de Misión Salud

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