Un ejemplo a seguir

Desde principios de la década, se comenzó a imponer una malsana costumbre en varias localidades del país, por cuenta de la cual los administradores de diversas poblaciones entregaron a manos privadas el manejo de la base de datos tributaria local y el cobro de los impuestos predial y de industria y comercio.

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mayo 26 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-26

Barranquilla, Cali, Santa Marta, Pereira y Montería, entre las capitales, y varias ciudades intermedias y pequeños municipios, dieron vía libre a esta modalidad, que fue pronto cuestionada por el Gobierno y por los organismos de control. De hecho, hace un año el entonces alcalde de Cali, Apolinar Salcedo, fue destituido y es actualmente procesado en el terreno penal, por la firma de un contrato con esas implicaciones. La modalidad genera al menos dos graves problemas, aparte de sospechas de corrupción. El primero es que el concesionario recibe una comisión que ronda el 8 por ciento de lo recaudado -hay unos casos incluso más onerosos-, una cifra muy superior a la que hace falta invertir para el manejo de estas funciones. El segundo lío es que la ciudad pierde el control de su base tributaria y los propios contribuyentes arriesgan la reserva de su historial en manos particulares. Las denuncias de abusos han incluido arreglos non-sanctos entre grandes deudores y los concesionarios, e información a grupos armados para extorsiones y chantajes. En muchos casos, detrás de la contratista hay caciques locales que terminan utilizando esos dineros y la información privilegiada a la que tienen acceso, para efectos políticos. Pero más allá de las jugosas ganancias que se perciben por administrar la tributación de los entes territoriales, es indudable que este mecanismo vulnera los derechos de los colombianos como contribuyentes y el ejercicio de la función del Estado de administrar sus bienes como lo establecen las normas. Si bien el pago de impuestos es una obligación, también genera unos derechos que se ven vulnerados cuando es un particular el que ejerce tal función, en la mayoría de las veces con el argumento de la incapacidad institucional de las entidades para administrar sus ingresos. Por fortuna, hace pocos días el alcalde de Barranquilla, Alex Char, dio el primer paso para iniciar el desmonte de uno de los más controvertidos contratos de este tipo, el que desde hace ocho años tenía la ciudad con la firma Métodos y Sistemas, también vinculada al contrato de Cali. Apoyado en conceptos del Ministerio Público, de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y de un grupo de abogados, el burgomaestre halló la perla jurídica que le permite desmontar un pacto cuyos vicios, según lo dicho por el procurador Edgardo Maya Villazón, comienzan con el objeto mismo del convenio. Gracias a la decisión, la ciudad podrá ahorrar buena parte de los 29.000 millones de pesos que el sistema habría costado en el 2008, por no hablar del medio billón que costaría el contrato de haber seguido siendo válido hasta el 2020. En consecuencia, tanto la Procuraduría como el Minhacienda están utilizando el ejemplo de la capital del Atlántico para llevar a otros municipios a corregir el error que cometieron en el pasado, de ceder el cobro de impuestos a una empresa privada. Es deseable que, ahora que Barranquilla abrió el camino, otros lo sigan. La entrega a manos particulares de servicios públicos domiciliarios y de otras funciones que antes estaban en manos del Estado, aunque controvertida, ha traído en general una mejora en la calidad y en la cobertura, en especial cuando ha venido acompañada de la beneficiosa competencia o de un buen marco regulatorio. Pero hay tareas como el cobro de impuestos que el Estado no puede delegar sin arriesgar el control de un elemento vital para la sana operación de sus finanzas. En esa medida, la tendencia que parece abrirse paso de desmontar esos contratos, es conveniente y puede ayudar en el proceso de recuperación de los dineros de las entidades territoriales, así como en la liberación de recursos para urgentes inversiones sociales en áreas como la salud y la educación. '' La decisión de Barranquilla de desmontar el contrato de cobro de impuestos municipales que tenía una firma privada, debería seguirse en otras capitales colombianas.WILABR

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