Emergencia pertinente

Los decretos expedidos por el Gobierno Nacional al amparo de la declaratoria de Emergencia Social producen un cambio mayor en el Sistema de Seguridad Social en Salud, y darán para hablar bastante.

POR:
enero 26 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-01-26

Es clara la señal del Gobierno para consolidar el modelo de aseguramiento público mediante una regulación estrecha de las acciones de los agentes del sistema, en especial los privados, y en la búsqueda de los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia. Lo hace además a la luz de los criterios señalados por la Corte Constitucional en su sentencia T-760, que podemos resumir en los siguientes: Primero, el reconocimiento del derecho a la salud como fundamental y autónomo; segundo, la necesidad de establecerle límites, por no ser un derecho absoluto; tercero, la participación social para determinar el núcleo esencial (el POS), dentro del concepto de dignidad humana, en el marco de las realidades socio-económicas de las personas y de la capacidad financiera del Estado; cuarto, el acceso progresivo y equitativo de los ciudadanos al plan de beneficios que se desprende de lo anterior; y quinto, el señalamiento no exclusivo del criterio del médico tratante, como el garante de las determinaciones científicas de aquellas atenciones no contenidas en el paquete de servicios. Con las medidas adoptadas en los decretos y dentro del marco planteado por la Corte, considero que el Gobierno busca atender varios puntos estructurales del modelo de aseguramiento público en salud: Primero, incrementar el monto y la disponibilidad de los recursos financieros, al igual que mejorar el flujo de los mismos; segundo, alcanzar la cobertura universal este año y aumentar la equidad al unificar en muy corto tiempo el paquete de servicios para la población del régimen subsidiado y del régimen contributivo; tercero, igualar la operación de los dos regímenes para eliminar, entre otras, las barreras territoriales de acceso a los servicios que sufren lo más pobres, así como la intermediación que no le genera valor al Sistema ni a los usuarios; cuarto, crear la institucionalidad que le falta al modelo y que le permitirá a la población afiliada acceder racionalmente y de manera ágil a las prestaciones excepcionales que antes conocíamos como no-POS, con fuente independiente de recursos y cofinanciación de los usuarios; y quinto, fortalecer la inspección, la vigilancia y el control de todos los agentes, así como propender por la autorregulación del ejercicio profesional de los médicos y los odontólogos. El conjunto de decretos expedidos responden a la mayoría de las necesidades estructurales del Sistema. Es una respuesta añorada por varios años, que no se había podido dar por diferentes oposiciones, entre las que predominaron las políticas y los intereses individuales. La reglamentación de los decretos traducirá en hechos los propósitos contenidos en ellos; pero la ruta indicada es clara. Aún hay que realizar grandes esfuerzos, para los cuales todos los agentes del Sistema deben poner de su parte. Cuando los logros alcanzados en los primeros 15 años del Sistema son tan evidentes y reconocidos y cuando las reformas hechas en el marco de la Emergencia Social responden a las consideraciones señaladas por la Corte Constitucional en su sentencia T-760 y a las necesidades de ajustes que el sistema requería, no podemos enfrascarnos en discusiones basadas en tecnicismos que confunden a la población y mucho menos en debates sustentados en intereses particulares, porque lo que debe primar son dos cosas: el mejoramiento del sistema y el acceso efectivo de los usuarios a los servicios con calidad. ¡Así que a trabajar se dijo! HELGON

Siga bajando para encontrar más contenido