Empresarios: ‘No es suficiente protección de la Fuerza Pública’

Si bien el sector privado es una sola voz de respaldo a la política de seguridad democrática del actual Gobierno, cuando los empresarios son indagados sobre la seguridad que les brinda la Fuerza Pública en el ejercicio de su actividad empresarial responden que no están suficientemente protegidos frente a la delincuencia común y el crimen organizado.

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mayo 28 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-28

Ese es uno de los datos que arroja la Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial, Ecde 2007, que busca explicar la capacidad del Estado para promover el desarrollo empresarial en los sectores de industria y comercio. La encuesta fue respondida por directivos de 841 empresas grandes y medianas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y tiene en cuenta tres responsabilidades del Estado: la capacidad para responder a los requerimientos empresariales de manera honesta; la capacidad para proteger los derechos de propiedad y permitir la libre contratación, y por último, la capacidad para regular los negocios de una manera tal, que genere un ambiente adecuado para que se desenvuelvan. Respecto al servicio que les presta la Fuerza Pública, se ve una mayoría superior al 50 por ciento que opina que está en desacuerdo con que las autoridades militares y de policía protegen suficientemente a los empresarios de la ocurrencia de crímenes comunes y de las acciones de grupos de crimen organizado. El porcentaje de los que perciben protección apenas llega a 3,9 en el caso de la delincuencia común y 4,1, si se trata de la operación de los grupos al margen de la ley. Esta situación ha desencadenado que más del 40 por ciento de los consultados reconozca que debe asumir un costo significativo para proteger su actividad empresarial de la acción de los delincuentes en general. La consulta empresarial sobre la gestión estatal pide a los ejecutivos su percepción sobre la capacidad de varias instituciones para respaldar la actividad del sector privado. El Gobierno Nacional es el que queda mejor parado, ya que para un 72 por ciento es el actor que más promueve la actividad de las empresas. Los otros lugares de importancia están en el propio sector privado que al parecer no es visto como competidor, sino como aliado: los grupos económicos (64,7 por ciento) y las compañías multinacionales para un 56,2 por ciento. Los gremios también tienen el 56,2 por ciento. El Banco de la República sobresale para el 35,7 por ciento de los consultados, mientras que la Corte Constitucional es mencionada solo por el 5,3 por ciento. Los sindicatos ocupan el no muy honroso último lugar, ya que apenas el 2,5 por ciento de los empresarios afirma que este sector promueve el desarrollo empresarial. ¿Por qué el Gobierno es visto como el que impulsa a las empresas? Para los ejecutivos es importante porque tiene en cuenta sus necesidades y con regularidad rinde cuentas de su gestión. En menor proporción destaca que permite un fácil acceso a sus decisiones. De todas maneras, pese a la buena percepción del poder Ejecutivo respecto al apoyo a la actividad del empresariado, la mayoría de los consultados dice que está en desacuerdo con la afirmación de que las decisiones del Gobierno Nacional son neutrales y objetivas. LOS OTROS PODERES En cuanto al aporte del poder Legislativo, lo que más le abonan los empresarios es que difunde oportunamente la legislación que adopta, al tiempo que permite fácilmente el acceso a los textos de las normas y disposiciones que les afecta, según opinó en cada aspecto el 48,3 y 54,6 por ciento de los consultados respectivamente. Lo que menos perciben de parte de los legisladores es que presenten en forma regular un balance de su gestión (23,2 por ciento) o que tomen en cuenta las necesidades de los empresarios o de sus representantes (35,5 por ciento). Además, más de la mitad se declara en desacuerdo con afirmaciones como que el Congreso ejerce un control político eficaz, que es imparcial cuando concibe las leyes o que su tarea es efectiva en la creación de normas que beneficien el desarrollo de las empresas. En lo que hace referencia a la rama judicial, la encuesta revelada ayer por el Dane dice que lo que menos notan los empresarios es que rinda cuentas de su gestión (19,4 por ciento). En cambio, destacan que informa sus decisiones con oportunidad (34,6 por ciento), que explica pública y oportunamente las razones que fundamentan sus fallos (33,2 por ciento), que trata por igual a las personas naturales y jurídicas independientemente del tamaño de su empresa (30,8 por ciento), y que permite un fácil acceso a sus decisiones (27,2 por ciento). La mayoría de los empresarios (45,9 por ciento) no está de acuerdo en que cuando los tribunales de justicia dirimen conflictos sean claros e imparciales. 72 por ciento de los encuestados opina que el Gobierno Nacional sí promueve la actividad de las empresas. Lo mismo creen del sector privado, aunque ahí mismo estén sus competidores. OTROS CAMPOS Los altos costos preocupan a los ejecutivos de grandes y medianas empresas cuando suscriben, vigilan y resuelven diferencias en función de lo que establece un contrato, según respondió el 63,2 por ciento, 58 por ciento y 55 por ciento de los consultados en la encuesta del Dane, respectivamente. Buena parte de las empresas reconoce que el Estado colombiano protege los derechos relacionados con la propiedad intelectual, con la propiedad sobre los activos físicos y la propiedad sobre los activos de las empresas, aunque en lo referente a los primeros es menor la proporción. En cuanto a los aspectos de contratación empresarial, pesan las opiniones favorables de que las normas de contratación son claras y pertinentes, que el Estado vela porque se cumplan y que en los procesos de contratación prevalece una conducta integra de parte de quienes participan en los procesos. WILABR

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