La enajenación global de los activos

La enajenación global de los activos

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mayo 13 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-05-13

Otro de los esquemas de reorganización que la nueva ley contempla es el de la Enajenación Global de Activos, que supone la transferencia de activos y pasivos que representen el 50 por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía.

De acuerdo con la ley, este instrumento supone la previa aprobación de la asamblea de accionistas, la cual puede darse por uno o más accionistas que representen al menos la mitad más una de las acciones presentes.

Este instrumento puede entonces conducir a que por decisión de un solo accionista se transfiera a terceros buena parte de los activos productivos de una SAS, con dos agravantes: el primero, que si la compañía tiene un patrimonio negativo, como ocurre en muchas sociedades colombianas, prácticamente cualquier operación podrá suponer la "Enajenación Global de Activos" por estar comprometiendo más del 50 por ciento del patrimonio líquido, y por tanto, deberá contar con la aprobación de la asamblea.

El segundo, que este esquema no contempla ningún trámite de oposición por parte de los acreedores ni establece responsabilidades solidarias entre enajenante y adquirente (como sí ocurre con las ventas de establecimientos de comercio), lo cual puede dar lugar a innumerables abusos frente a los trabajadores y acreedores de estas sociedades.

Abuso del derecho

La ley, seguramente previendo algunos de estos problemas, incluye disposiciones sobre abuso del derecho que, no obstante ello, pueden tener amplísimos inconvenientes en su aplicación.
En primer término, la ley parte de la base de que es abusivo el voto de un accionista cuando a partir de su ejercicio pueda desencadenarse un perjuicio para otro.

Esto supone entonces que, por ejemplo, el accionista que no esté de acuerdo con los estados financieros y que por lo mismo no apruebe la distribución de dividendos, por ese sólo hecho puede considerarse abusivo frente a otro que se perjudicó por la no distribución del dividendo.

A esto se suman el hecho de considerar abusivo el voto con el que se pretenda lograr una "ventaja injustificada" (con la posible subjetividad que esto entraña), y la nueva obligación para los accionistas (no para los administradores, como es lo usual), de ejercer su derecho de voto en el interés de la compañía, cosa que de entrada desconoce la posición propia que cada accionista tiene en razón de la inversión que hizo y que debería poder proteger en su propio interés y beneficio.

La consecuencia de votar una decisión que bajo estos parámetros llegue a considerarse como abusiva, más allá de las acostumbradas indemnizaciones de perjuicios, es que la decisión o acto correspondiente pueden ser declarados nulos, con la consecuente inseguridad que ello puede significar en el tráfico jurídico.

Visto lo anterior, y reconocidas las enormes bondades que bajo otras perspectivas tiene la ley comentada, no queda sino esperar a que vía reglamentaciones algo de esto se subsane, y que mientras ello ocurre, los abogados y empresarios hagamos uso de la libertad de estipulación que la ley permite, tomando conciencia de que la SAS, siendo un instrumento de superlativa utilidad, no puede utilizarse en todos los contextos, ni mucho menos sin una regulación estatutaria muy minuciosa que atempere, según las circunstancias, la aplicación de la norma con todos sus rigores.

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