La energía eléctrica es uno de los principales insumos de la actividad productiva. Podemos dividir la importancia de este sector en tres dimensiones: la confiabilidad del servicio, el costo del insumo para el sector productivo, y la sostenibilidad del sistema y su armonía con el medio ambiente.
Con relación al primer punto, la confiabilidad del sistema eléctrico en Colombia ha mejorado sustancialmente en los últimos quince años. En 1994, mediante las Leyes 142 y 143, se modificó la estructura del sector, mejorando significativamente la calidad, eficiencia y confiabilidad del servicio. No en vano, desde entonces hemos pasado por varios fenómenos de 'El niño' sin sufrir racionamientos como los de principios de los años noventa.
Actualmente, el sector de energía eléctrica en Colombia se encuentra en proceso de expansión: se prevén, en los próximos diez años, inversiones que superan los 6.000 millones de dólares en grandes hidroeléctricas como Pescadero-Ituango y Porce IV, en Antioquia, o Hidrosogamoso en Santander, y en centrales térmicas a gas y carbón, las cuales son de gran importancia para la confiabilidad del sistema durante periodos de sequía.
Contrasta con lo anterior la situación en materia de costos. En comparación con otros países de América Latina, los precios de la energía eléctrica en Colombia son altos. En parte, este fenómeno es causado por los altos gravámenes que enfrentan los usuarios: la industria afronta una tarifa de impuestos no recuperables de energía eléctrica cercana a 24%. El grueso de este tributo corresponde a la contribución del 20% que pagan la industria, el comercio y los hogares de estratos cinco y seis para subsidiar el consumo de los estratos uno, dos y tres.
Los impuestos sobre el consumo de energía eléctrica afectan la competitividad de la industria, especialmente la de sectores intensivos en energía eléctrica como el siderúrgico, cementero o de cerámica. Por este motivo, sería conveniente eliminar, de manera gradual, la contribución del 20% que actualmente paga el sector industrial. Para contrarrestar el efecto fiscal de esta medida, se plantean las siguientes propuestas: disminuir los niveles máximos de consumo subsidiado acorde con mejoras en eficiencia y mantener actualizada la política de estratificación en las ciudades.
Por otro lado, es necesario que la producción y demanda de energía se den en un marco sostenible. En este frente, se han logrado avances importantes. Por ejemplo, se ha reducido en Colombia la proporción de consumo de carbón y petróleo, y se ha aumentado la participación de fuentes que producen menos emisiones de CO2 como el gas natural o las energías renovables.
También se ha incrementado sustancialmente la producción de biocombustibles a base de productos como el azúcar o la palma. Es importante seguir esta tendencia, y para esto se requiere, entre otros, mejorar la regulación en el sector de gas natural, y otorgar igualdad de condiciones, frente a los generadores tradicionales, a las empresas cogeneradoras y autogeneradas de energía.
Un avance adicional en materia medioambiental es la norma que exige el reemplazo, a partir del 2011, de las bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras de energía. Esta norma aplica, tanto para los hogares como para los edificios estatales y el alumbrado público. Si bien éste cambio normativo constituye un adelanto positivo, es importante contrarrestar el impacto subyacente de la norma sobre el gasto de los hogares. En este sentido, se propone eliminar el arancel a los bombillos ahorradores de energía.
Esta propuesta no tendría un impacto fiscal significativo, y tampoco perjudicaría la industria local, ya que en Colombia no se producen este tipo de bombillas. En resumen, la competitividad del sector de energía eléctrica se basa en tres elementos: el precio, la confiabilidad y la sostenibilidad. Para mejorar en estos tres frentes, se necesita infraestructura energética y competitividad de las empresas del sector -temas en los que se ha avanzado-, y un adecuado marco regulatorio de precios, contratación y manejo medioambiental.