En una economía de mercado, explicó el ministro Luis Guillermo Plata, la libre competencia se refiere al proceso mediante el cual las empresas o proveedores pugnan por abastecer la demanda de los consumidores, con el fin de alcanzar un objetivo de negocios en particular; por ejemplo, la maximización de los beneficios, el incremento de las ventas o el aumento de su participación en el mercado.
En este contexto, la competencia es sinónimo de rivalidad entre empresas, la misma que puede manifestarse en el precio, la cantidad o la calidad de los productos o servicios que se ofrecen, o en una combinación de estos u otros factores que los consumidores valoran.
La libre competencia está basada en la libertad de decisión de los agentes que participan en el mercado, en un entorno en que las reglas de juego son claras para todos y se cumplen efectivamente.
Se basa fundamentalmente en la libertad tanto del consumidor, a quien no se debe privar de opciones para que elija libremente lo que mejor se adecue a sus necesidades, como del productor, quien debe tomar libremente sus decisiones empresariales.
El papel del Estado en la defensa de la competencia es necesario debido a que existe la posibilidad de que las empresas adopten conductas que tengan por efecto limitar, dañar o falsear la competencia.
Algunas de dichas conductas ocurren cuando un grupo de empresas competidoras se ponen de acuerdo para elevar los precios o reducir la calidad o cantidad del producto que ofrecen en el mercado.