Entorno monetario, política fiscal y deuda externa en el siglo XX

Eran tiempos en los cuales las expectativas de inflación estaban atadas a la devaluación gradual administrada del peso, la economía y en particular su sector agropecuario estaban muy protegidos, lo cual facilitaba el ajuste de precios hacia arriba por parte de los productores. Al mismo tiempo, la tasa de interés estaba efectivamente atada a la inflación pasada, de tal modo que los precios fundamentales de la economía tendían a moverse hacia arriba de consumo. Por último, también los salarios se fijaban de acuerdo con la inflación del año anterior, todo lo cual confluyó en hacer extremadamente persistente la inflación colombiana.

POR:
mayo 22 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-05-22

La regla de la autoridad monetaria era intentar vagamente que la cantidad de dinero en la economía creciera a una tasa bastante permisiva: sólo cuando la inflación superaba el 25%, se aumentaba el encaje marginal y las tasas de interés se iban al cielo. Por último, el Gobierno podía recurrir a créditos del banco central que fueron muy grandes en la década de los 80. La inflación inercial sólo pudo ser combatida con un nuevo régimen monetario introducido por la Constitución de 1991 cuyo distintivo fue la independencia que le garantizó al Banco de la República. De allí en adelante comenzó a reducirse la emisión primaria, lo que tuvo el efecto de reducir sistemáticamente la inflación. LA REFUNDACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA La nueva carta política le otorgó un buen nivel de independencia al Banco de la República, aunque lo obligó a coordinar con el Gobierno sus políticas monetarias y cambiarias, algo que es extraño a la tradición internacional de independencia de los bancos centrales. La nueva autoridad monetaria consta de cinco directores de dedicación exclusiva nombrados por el presidente, con períodos de cuatro años, quienes deben tener una buena formación técnica y académica, más el gerente que nombra la junta directiva y el ministro de Hacienda quien la preside. El presidente sólo puede cambiar 2 miembros en la mitad de su período y no puede despedir a ningún director, con lo cual se buscaba la independencia de la corporación. La reelección presidencial debilitó la separación de poderes en general y la autonomía del banco central, al hacerla vulnerable cuando el mismo presidente puede nombrar a todos sus codirectores a la mitad de su segundo mandato. El resultado de la gestión de la junta directiva del banco central fue la de introducir un nuevo orden económico: la tasa de cambio se dejó flotar dentro de límites preanunciados, la llamada banda cambiaria, de tal modo que la inflación dejó de trasmitirse en las expectativas hacia la devaluación; esto fue especialmente cierto después de 1994, cuando la junta del Banco de la República revaluó la banda. Al tiempo, el Gobierno reducía el arancel promedio de un 40% a un 12%, lo cual, conjuntamente con la revaluación que estaban generando los hallazgos de Cusiana y la llegada de capitales, hizo reducir los precios de las importaciones. La Constitución le prohibió al Banco de la República prestarle dinero al Gobierno, a menos de que hubiera una decisión unánime a su favor. Eso fue cerrarle otra llave a la inflación estructural que había caracterizado a Colombia desde los años 60, pero permite que pueda socorrerlo en una crisis de extrema gravedad. Fue así como pudo reducir la inflación del 32,4% en 1992 al 4,5% en el 2006, al recoger los excesos monetarios, elegir una banda cambiaria que desligó la inflación del movimiento de la tasa de cambio y que eventualmente fue substituida por un régimen de libre flotación; por lo tanto, en nuevo régimen cambiario debilitó las expectativas inflacionarias de los agentes. La autoridad monetaria comenzó a apoyarse en un régimen de inflación objetivo desde 1995, mediante el cual fija metas de inflación dos años hacia delante, procurando que los agentes las acepten y fijen sus precios y salarios de acuerdo, régimen que se volvió operativo después de abandonar la banda cambiaria y permitir la flotación del peso, en septiembre de 1999. El mayor bajonazo de la inflación ocurrió en 1999 bajo el embate de una crisis financiera internacional, una salida masiva de capital y una contracción económica del 4,3% del PIB. En todos los países latinoamericanos hubo una caída del producto, bajo las más diversas políticas monetarias, pero los países más afectados fueron los que tenían mayores desequilibrios macroeconómicos, como Ecuador, Venezuela y, en menor medida, Colombia. Colombia tenía en ese momento un déficit de la cuenta corriente de 8% del PIB y un déficit fiscal de 5% del producto por lo cual la reversión de la refinanciación, tanto de su sector privado, como del público, condujo a contracciones muy fuertes de sus respectivos niveles de actividad. La salida de capital en sí misma desmonetizó la economía y causó buena parte de la recesión que se desató al año siguiente. En Colombia, al igual que en todos los países afectados, los agentes redujeron CDTs, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y efectivo en pesos, reduciendo dramáticamente el agregado monetario M3, para convertir esos activos en dólares. También liquidaron títulos del Gobierno y acciones. Cualquier emisión del banco central no hubiera restaurado ni el M3 ni las inversiones financieras. En efecto, tomó varios años volver al nivel previo que mostraron los agregados monetarios y de crédito de antes de la crisis. Se redujo el endeudamiento privado tanto en moneda extranjera como en pesos y el total que había alcanzado casi el 40% del PIB se devolvió al nivel de 1974 de 27% del PIB (gráfica 7). Un impuesto a las transacciones financieras del dos por mil en 1999, destinado a apoyar al sistema bancario en crisis, se volvió un impuesto estructural del 4 por mil, popular entre los legisladores, pero contraproducente para el desarrollo de la economía, pues contribuye a disminuir la utilización del sistema financiero por la población. Eso se expresa en el aumento del M1 que pasa de 7,5% del PIB antes del impuesto al 13% del PIB en 2006, que es fundamentalmente la utilización del efectivo para evadir el castigo. Después de estabilizado el mercado cambiario y haber permitido la flotación de la tasa de cambio en septiembre de 1999, la política buscó remonetizar la economía y mantener una alta emisión que acomodó la aceleración del crecimiento económico, de 2003 en adelante. Sólo hasta mayo de 2006 comenzó la autoridad monetaria a elevar su tasa de interés de referencia, cuando la economía estaba recalentándose y los excesos monetarios eran difíciles de absorber. Mientras tanto, el Gobierno perseguía una política fiscal expansiva que presionaba la inflación hacia arriba y contribuía a revaluar el peso, con lo cual sacrificaba a los sectores transables (exportador y competidor de importaciones). En el 2007, la inflación estuvo 1% por encima de la meta y el fuerte crecimiento económico y las condiciones internacionales hacían prever que tampoco sería posible cumplirlas en el 2008, cuando los precios corren el peligro de desbordarse por encima de los dos dígitos. En conclusión, Colombia construyó unas instituciones monetarias y financieras que oscilaron entre la independencia con que se iniciaron en 1923, a su mayor intervención por el Gobierno desde 1951 y sobre todo después de la Junta Monetaria de 1963, las que en conjunto apoyaron un crecimiento económico moderado a lo largo del siglo y dieron lugar a crecientes niveles de inflación. La autoridad monetaria, rediseñada por la Constitución de 1991, recuperó su independencia y logró mantener una mayor disciplina monetaria; ésta, a su vez, indujo una reducción de la inflación apreciable, pero que no ha logrado alcanzar los niveles internacionales. Se logró, al mismo tiempo, una profundización considerable del mercado de capital, sobre todo de la emisión de títulos del Gobierno, y ampliación del crédito privado, que fuera interrumpido por la crisis de 1999-2002. Examinada la política monetaria colombiana, pasaremos a estudiar ahora el otro gran tema de las políticas económicas, que tiene que ver con el gasto público a sus distintos niveles y la forma como se financia el Gobierno o sea la política fiscal como tal. B. EL ESTADO Y LA POLÍTICA FISCAL EN EL SIGLO XX EL RECAUDO TRIBUTARIO El ingreso fundamental del Gobierno Central hasta los años 30 va a surgir del arancel a las importaciones, que se aprueba por decreto ejecutivo, es fácil de recaudar y tiene numerosos defensores. Los productores se benefician con la restricción a la competencia, los consumidores son inconscientes de que están pagando altos impuestos en las aduanas y los grandes contribuyentes prefieren que el Estado no les meta la mano a los bolsillos y, en vez de eso que asalte la aduana. El alto arancel se justificará como una estrategia de desarrollo sólo después de los años 30. Durante la primera mitad del siglo se podrá imponer un impuesto a la renta de las personas, no va a existir un impuesto a la tierra rural y los impuestos a las ventas tendrán que esperar hasta los años 60. En el nivel departamental serán los impuestos al aguardiente, la cerveza y el cigarrillo y a los vehículos los que sostendrán un mínimo nivel de acción, mientras que las administraciones locales vivirán penosamente de un pequeño impuesto predial y eventualmente del situado fiscal o transferencias del Gobierno Central.'' La Constitución le prohibió al Banco de la República prestarle dinero al Gobierno, a menos de que hubiera una decisión unánime a su favor.” '' El mayor bajonazo de la inflación ocurrió en 1999 bajo el embate de una crisis financiera internacional.” '' La nueva Carta Política le otorgó un buen nivel de independencia al Banco de la República.WILABR

Siga bajando para encontrar más contenido