¿Y de la equidad qué?

Dos asuntos recientes han sacado a flote un debate que el país no debería soslayar: la propuesta de extender el impuesto al patrimonio a todos los contribuyentes (y no sólo a aquellos con patrimonios líquidos superiores a 3.000 millones de pesos) para atender gastos militares. Y la controversia sobre las zonas francas suscitada por los negocios de los hijos del Presidente en Mosquera.

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mayo 26 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-05-26

Durante los últimos años se han otorgado todo tipo de gabelas y estímulos tributarios para apoyar a cuanto sector específico se le ha ocurrido al Gobierno ¿Qué costo está teniendo esta política? ¿Qué consecuencias empieza a reflejar esto sobre la equidad y progresividad de la tributación colombiana? ¿No sería mejor una estructura de tributos más planos, con menores tarifas, pero generales, es decir, que no beneficiaran a unos pocos, sino al conjunto de contribuyentes? Una sencilla manera de responder estos interrogantes consiste en preguntarnos si el Artículo 363 de la Constitución Nacional que dispone que: “el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad” se está cumpliendo. ¿La catarata de beneficios tributarios sectoriales que se viene otorgando nos acerca o nos aleja de este ideal constitucional? Veamos lo que empiezan a decir las cifras disponibles. La respuesta es contundente: el sistema fiscal colombiano se está volviendo cada vez más inequitativo y menos progresivo. Los recaudos que están creciendo más rápido son los provenientes del IVA. Es decir, los tributos que recaen sobre los consumidores. Al paso que aquellos derivados del impuesto a la renta (que supuestamente deberían ser el que asegura la progresividad del sistema) son los que aumentan más lentamente. Por ejemplo: según los últimos datos divulgados por la Dian, mientras el recaudo por IVA aumentó un 20,3 por ciento en el 2007, el proveniente del impuesto a la renta se incrementó apenas en un 2,3 por ciento. La falta de progresividad y la carencia de equidad no pueden ser más protuberantes: mientras suben los tributos indirectos caen los directos. Pero a veces quien se encarga de elevar la carga tributaria de los consumidores no es el Gobierno, sino el propio Congreso. Así sucede, por ejemplo, con el inconveniente proyecto de ley que hace su curso en la Cámara de Representantes por el cual se impone una nueva carga para fines ambientales (adicional a los muchos que ya existen) sobre las empresas generadoras de energía. Este proyecto modifica el Artículo 45 de la Ley 99 de 1993, y de aprobarse, encarecerá en cerca de 4 pesos el consumo de cada kilovatio de energía en el país. ¿Qué lógica tiene que, porque el Gobierno de manera descuidada dedicó cerca del 30 por ciento del producido del impuesto al patrimonio a atender gastos recurrentes, o sea, aquellos que se repiten consecutivamente cada año como los salarios de las Fuerzas Armadas (propósito para el cual no se prorrogó el impuesto al patrimonio que era para adquirir o repotenciar equipos militares); los platos rotos los deban pagar ahora todos los contribuyentes como se ha propuesto? ¿Qué lógica sustenta el que una empresa tradicional, ubicada a pocos kilómetros de otra que se ganó la lotería de ser catalogada como Zona Franca, pague el 33 por ciento de impuesto a la renta, mientras que la segunda sólo tribute el 15 por ciento? Las consideraciones de ‘equidad y de progresividad’ - que son mandatos constitucionales- sería bueno empezar a tenerlos en cuenta al diseñar el sistema tributario. Pues se vienen ignorando olímpicamente. '' El sistema fiscal colombiano se está volviendo cada vez más inequitativo y menos progresivo.WILABR

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