Escalona y los derechos de autor

La sanción de la Ley 23 de 1982, con sus 260 artículos, puso a Colombia como parte actuante de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -Ompi-, creada por el Convenio de Estocolmo en 1967, al cual se adhirió Colombia en virtud de la Ley 46 de 1979. Su trascendencia permite calificarla como histórica. Hoy estamos a la vanguardia, especialmente, después de haber adherido en 1987 al Convenio de Berna.

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julio 06 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-06

Por delegación del presidente Turbay Ayala -quien se encontraba en Brasil en visita oficial- nos correspondió sancionarla, en una significativa ceremonia celebrada en el Palacio de Nariño, con la asistencia -como invitados especiales- de Indalecio Liévano, Rafael Escalona, Jorge Villamil, Santander Díaz, más un selecto grupo de artistas, escritores e intelectuales. También, quienes habían impulsado la ley como ponentes: en el Senado, Luis Carlos Galán y, en la Cámara, Ricardo Baquero. De aquí en adelante, el maestro recién fallecido se convirtió en uno de los más persistentes escuderos de dicha norma. Colombia fue elegida por la Ompi, a instancia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, bajo el mando certero de Fernando Zapata López, como país piloto, para implementar un ambicioso programa de cooperación destinado a la obtención de resultados en los siguientes puntos: a) propender por la actualización y modernización de las legislaciones en derecho de autor y derechos conexos en los países de la región; b) instruir y facilitar su acceso a los más importantes tratados de protección en el campo del Derecho de Autor y los derechos conexos; y c) procurar el establecimiento o modernización de las oficinas estatales correspondientes. El continuo proceso de globalización de la economía y el fortalecimiento de las llamadas industrias culturales en nuestro país, dio lugar a un afortunado proceso de ampliación del radio de acción creando, mediante el Decreto 2041/91, la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita al Ministerio del Interior. Hasta hoy se han tramitado, entre otras, dos reformas para regular la Ley 23 de 1982, o, bien por la que la fortaleció en 1993, la Ley 44 del mismo año. Una de estas iniciativas legislativas busca reconocer los derechos ya aceptados en relación con la protección de los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes de la obra audiovisual, como ya sucede en muchos países del mundo por medio de los derechos conexos. Estas normas pretenden garantizar a los actores en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, para garantizarles una remuneración equitativa por la comunicación pública de tales interpretaciones, así como por el alquiler que se realice de los soportes audiovisuales en los que participan. Este derecho se presenta como irrenunciable e intransferible, y se tramitaría por medio de las sociedades de gestión que existan para tal efecto. El fin ha sido generar una herramienta clave para los artistas del audiovisual en la protección de sus derechos. La memoria del maestro Escalona merece el permanente impulso y actualización de la Ley 23 de 1982. Avalando esta necesidad, debemos recordar la reciente Sentencia de la Corte Constitucional T-367 del 26 de mayo de 2009, proferida paradójicamente, como resultado de una acción de tutela interpuesta por el maestro Escalona, en la cual la alta corporación exhortó a los ministerios del Interior y de Justicia y al de Cultura, para que gestionen la actualización de la legislación sobre derecho de autor, con el propósito de asegurar la protección de los artistas en Colombia, particularmente en lo que respecta a garantizar su mínimo vital y seguridad social. '' Debemos recordar la Sentencia T-367 del 26 de mayo de 2009, en la cual la Alta Corte exhortó a los ministe- rios del Interior y de Cultura, para que ges- tionen la actualización de la legislación sobre derecho de autor.WILABR

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