El empresario de la construcción Pedro Gómez Barrero afirma que la doctrina que sienta la orden de suspensión del proyecto ‘Serranía de los Nogales’, por parte de la Corte Constitucional, es “enormemente peligrosa para la inversión en Colombia”.
Sin embargo, Gómez señala que “la posición de la empresa es de respeto total a la decisión, y de cumplimiento en la forma más razonable posible”.
‘Serranía de los Nogales’ es un proyecto en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, cuya inversión total asciende a 145.000 millones de pesos; genera 400 empleos directos y 1.000 indirectos, y la obra se encuentra en un 95 por ciento ejecutada en lo relacionado con la cimentación y la estructura.
Este proyecto, de 60 apartamentos, con áreas entre 250 y 570 metros cuadrados, está suspendido hace ocho meses tras las providencias de jueces municipales y de circuito confirmadas recientemente por la Corte Constitucional.
El problema empezó tras una tutela interpuesta por un grupo de vecinos que se opuso a la construcción de este complejo inmobiliario, por considerar que una parte de la estructura en la que se realiza es patrimonio nacional, construido en la década de 1950.
“La obra se podrá reactivar hasta cuando el contencioso administrativo resuelva sobre la legalidad de la licencia de construcción”, dice Pedro Gómez.
“Quiero aclarar que es una posición de respeto como cualquier decisión de un juez, pero no la compartimos, pues estimamos que la Corte se equivocó, no solamente en perjuicio de los inversionistas, sino especialmente en perjuicio del país”, agrega el empresario. Gómez Barrero señala que la medida sienta una doctrina “enormemente peligrosa” para la inversión en Colombia.
Explica que una tutela de un vecino no puede parar indefinidamente un plan de inversión, “mucho menos cuando ese plan se está desarrollando con base en cumplimiento riguroso y completo de los procedimientos establecidos y de las licencias exigidas por la ley nacional”.
“Eso abre espacio a la inseguridad jurídica del país, y es muy peligroso”, apunta Gómez Barrero.
Tras la decisión de suspender la obra, es incierto definir una fecha de entrega, que contemplaba asignar los apartamentos en enero del 2015. “Afortunadamente, la gente que ha comprado sabe que trabajamos sin trampas, con licencias, y nadie se ha retirado”, afirma.
El empresario de la construcción es enfático en señalar que espera que su equipo jurídico logre que la sentencia sea revocada y que se reactive la construcción en poco tiempo.
“Tenemos confianza por la seguridad de haber cumplido las normas desde el primer momento.
El recurso de nulidad ya se presentó, porque la ley no nos daba plazo sino hasta ayer”.
Sin embargo, es incierta la fecha de un nuevo fallo, pues la Corte no está obligada a ningún término para fallar.
RETRASO COSTOSO
A la fecha, el proyecto ‘Serranía de los Nogales’ ha tenido una inversión de 51.000 millones de pesos.
Al respecto, Gómez Barrero agrega que, “desgraciadamente, las decisiones de los jueces y de la Corte nos están costando mucha plata, sin poder decir cuánto vamos a perder”.
El empresario, que se ha destacado por sus grandes desarrollos comerciales e inmobiliarios en Colombia, recuerda que nunca había tenido un problema similar en su ejercicio empresarial.
“Alguna vez tuve un problema desde el punto de vista económico, más profundo y costoso que este, pero con otro carácter, la crisis económica del 89 colapsó la demanda en materia inmobiliaria. Pero nunca por la decisión de un juez, o de la Corte, como en esta ocasión”, agregó.
En el proyecto, Colsubsidio es el dueño del terreno donde antes funcionaba el Colegio Femenino.
Las cerca de mil alumnas fueron trasladadas y reubicadas en otros planteles de mayor accesibilidad y comodidad para sus traslados.
Ayer, Luis Carlos Arango, director de Colsubsidio, explicó que lo que hizo fue “generarles comodidad a las niñas que viven en los extremos de la ciudad, evitándoles largos desplazamientos con reubicaciones cerca de sus residencias”.
La constructora Pedro Gómez aporta el diseño, el trabajo, la administración, el manejo general y la contratación de las interventorías.
“Aunque es un negocio privado, la firma Pedro Gómez no tiene inconveniente en que revisen las contabilidades para que se den cuenta del manejo trasparente de todo”.
Gómez Barrero señala que la tesis de la Corte queda vigente, “aunque todos nuestros proyectos se desarrollan con cumplimiento de la ley, con licencias de construcción consolidadas”.
Sin embargo, admite su preocupación. “Dentro de esa tesis, todas mis obras podrían ser paradas”.
El área de ventas es de 18.000 metros cuadrados, una parte comprende tres torres de ocho pisos cada una, y 11 apartamentos se edifican donde quedaba el colegio, manteniendo las normas de conservación, exigidas por la ley, es decir, no tienen una altura mayor a tres pisos, dice el empresario.
“LA TUTELA NO ES UN RECURSO PERTINENTE PARA ESTA ACCIÓN”
Gómez Barrero reseña que cuando obtuvieron la licencia de construcción, los vecinos impugnaron la decisión de la curaduría urbana para que se revocara. “La curaduría negó el recurso, pero dio la opción de apelación ante la Secretaría de Planeación de Bogotá”.
Posteriormente, esta Secretaría negó la revocatoria de la licencia, “la confirmó con importantes razones y, a partir de eso, los vecinos habrían podido interponer recurso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero no lo hicieron y dejaron pasar el término, y cuando se dieron cuenta, acudieron a la tutela, que no es un recurso no pertinente para este tipo de acción”, explica Pedro Gómez.
“Confío en que la Corte recapacite, revise y corrija, y, por consiguiente, cambie la doctrina que es sumamente dañina para el país”.
Lo cierto es que cada día que pasa este proyecto suspendido, representará sobrecostos para una de las constructoras más reconocidas del país.
Jaime Viana Rojas
Subeditor Portafolio