Estrechan lazos comerciales

El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, sancionó la Ley 1069 del 2006 que aprueba el Acuerdo suscrito entre Colombia y España para la promoción y protección recíproca de inversiones.

POR:
agosto 15 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-15

Según éste, cada país promoverá en su territorio, en la medida de lo posible, las inversiones de personas provenientes de la contraparte conforme a sus disposiciones legales. El texto de la Ley establece, además, que las inversiones de una y otra nación recibirán un tratamiento justo y equitativo, y disfrutarán de plena protección y seguridad, sin obstaculizar mediante medidas arbitrarias o discriminatorias la gestión, mantenimiento, uso, venta o liquidación. Cada país otorgará a las inversiones del otro en su territorio, un tratamiento que no será menos favorable que el concedido en circunstancias similares a sus propios inversionistas. Así mismo, el Acuerdo advierte que las inversiones de los empresarios colombianos en España, y españoles en Colombia, no serán sometidas a nacionalización, expropiación ni a cualquier otra medida de efectos similares, excepto por razones de utilidad pública o interés social. En este caso, la medida deberá tener en cuenta el procedimiento legal de manera no discriminatoria y, acompañada del pago de una indemnización adecuada. El monto de esta será equivalente al justo valor del mercado que la inversión expropiada tenía antes de adoptar la medida. Transferencias Según lo pactado, ambas partes garantizarán a los inversionistas del otro país la libre transferencia de todos los pagos relacionados con su inversión. Subraya que las transferencias se realizarán sin demora ni restricciones, de acuerdo con las prácticas de los centros financieros internacionales. En particular, no deberán transcurrir más de tres meses desde la fecha en que el inversionista haya presentado las solicitudes necesarias para efectuar la operación hasta el momento en que la misma se realice. Sin embargo, cada país podrá demorar o impedir una transferencia, mediante la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe, de medidas destinadas a proteger los derechos de los acreedores, o que tengan relación con infracciones penales y resoluciones o sentencias en procesos administrativos y judiciales. APLICACIÓNEl Acuerdo se aplicará a las inversiones efectuadas antes o después de la entrada en vigor del mismo. Sin embargo, no se aplicará a controversias surgidas antes de su vigencia o sobre hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor. El texto es claro en advertir que nada de lo dispuesto obligará a cualquiera de los dos países a proteger inversiones realizadas con capitales o activos de origen ilícito. La vigencia inicial es de 10 años. Tras la expiración de dicho plazo, continuará en vigor indefinidamente. DESACUERDOSLas controversias, referentes a la interpretación o aplicación del Acuerdo, serán resueltas, hasta donde sea posible, por vía diplomática. Si no pudieran resolverse de ese modo, en el plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones, serán sometidas, a petición de cualquiera de las dos partes, a un tribunal de arbitraje.

Siga bajando para encontrar más contenido