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La eterna lucha contra el narcotráfico

Al general Óscar Naranjo y a la Policía Nacional debemos felicitarlos por el éxito de la 'Operación Fronteras'.

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marzo 03 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-03-03

Esta acción llevada a cabo en coordinación con las autoridades de Estados Unidos, es similar -lo señala el general Naranjo-, a la 'Operación Milenio' de hace 10 años; son ejercicios que se realizan en cumplimiento de la actual política para acabar con el narcotráfico.

Esta política, que considero equivocada, concebida por Estados Unidos, aceptada por nosotros y avalada por las Naciones Unidas, se ha llevado a cabo por más de cuarenta años sin haber podido terminar con el problema.

A Colombia, el narcotráfico le ha causado y continúa haciéndole enormes daños de toda índole: asesinato de centenares de compatriotas, entre ellos valiosos y prometedores dirigentes nacionales; miles de millones de pesos que ha tenido que invertir en su lucha por acabarlo, con la consecuente alteración de las prioridades en el gasto público; fomento de la corrupción y erosión institucional mediante el soborno, la intimidación y la amenaza asesina; es decir, constituye la mayor barrera a nuestro desarrollo socioeconómico, cultural e institucional.

Por lo tanto, a los colombianos nos angustia que pasen más décadas y el negocio continúe con un narcotráfico presente, generador de desastrosas consecuencias para el país. Conviene recordar que el origen del narcotráfico está en el consumo y demanda crecientes de las drogas prohibidas, lo cual condujo a los gobiernos de los países con poblaciones consumidoras y a las Naciones Unidas a declarar ilegal su comercialización.

Se creó entonces una oferta a altísimos precios que dejaban grandes márgenes de utilidad que los mafiosos utilizaron para montar un negocio muy productivo, convertido hoy en una real industria internacional que aprovecha las ventajas que le ofrece la globalización y que está dotada de la tecnología de punta aplicable a su estructura.

Además, han adoptado ingeniosas estrategias para eludir a las autoridades y para que las redes del narcotráfico puedan mantenerse. Si la política convenida no ha logrado su objetivo de terminar con el problema, es preciso reflexionar sobre una nueva y eficaz estrategia, que contemple diferentes alternativas, incluso la legalización.

Esta solicitud la he venido haciendo desde hace años en artículos, documentos y conferencias, como también lo han hecho reconocidos investigadores, respetadas instituciones nacionales y extranjeras, y recientemente tres ex presidentes latinoamericanos.

No conozco aceptación oficial de Estados Unidos a esa propuesta, no obstante la manifestación del presidente Obama, que reconoce como necesario actuar con mayor eficacia sobre la demanda. No le falta razón al Presidente, como quiera que ella constituye la razón del negocio.

Sin embargo, el eje central de la política actual -que reitero es equivocada- está orientado a acabar con la oferta mediante la erradicación de los cultivos. El argumento, aparentemente lógico, suponía que la erradicación conduciría a reducir la oferta y con ello al aumento de los precios, disminuyéndose por lo tanto el consumo.

Por diferentes razones que no se tuvieron en cuenta lo esperado no se dio. Y la producción, el consumo y la demanda continuaron. No hay duda, prioritariamente se tiene que actuar con todos los medios posibles en la reducción de la demanda.

Además, en la medida que se vaya logrando su disminución, ello se reflejará paralelamente en la oferta. Por eso es tan importante que los países intensifiquen sus acciones para reducir el consumo, y por ende la demanda, a través de programas educativos y de atención médica a los adictos, pero también mediante planes de las autoridades para desmontar las redes de los distribuidores mayoristas y minoristas de las drogas, sean ellas importadas o de producción local.

Además, el principio de la Responsabilidad Compartida, definido y aprobado en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, convocada para enfrentar el problema de las drogas ilícitas y que tuvo lugar en Nueva York en 1998, aboga por una acción integral que le otorgue especial importancia a combatir todos los componente del negocio.

Por lo tanto, el compromiso internacional de la guerra contra la drogas ilícitas obliga a todas las naciones a actuar sobre la demanda y la oferta, pero también sobre los demás componentes de esta ilegal industria internacional.

En otras palabras, hay que actuar contra: a) el transporte y distribución del producto; b) el desvío, contrabando y transporte de los precursores químicos y demás insumos sin los cuales resulta imposible la fabricación de las drogas; c) el lavado del dinero y de los activos obtenidos del negocio y, d) el contrabando de armas con destino a los narcotraficantes.

En síntesis, para terminar con el problema se requiere de un desmonte global e integral del negocio. Ahora bien, para valorar cómo va la guerra contra el narcotráfico hay que conocer los resultados de las acciones a las que están comprometidos todos los países. Sólo así se podrá saber en qué campos se están obteniendo buenos resultados y en cuáles no. Qué políticas se tienen que mantener, cuáles se deben ajustar y qué otras abolir.

Lo que no resulta lógico ni equitativo es que se obligue a unos países, como en el caso de los Andinos, a tener que rendir detallados informes del balance de sus acciones como requisito para recibir algunas preferencias arancelarias, otorgadas unilateralmente como cooperación a nuestra lucha contra este problema que es de responsabilidad compartida. ¿No sería más acorde con ese compromiso compartido que las decisiones sobre las preferencias arancelarias fueran realmente divididas entre otorgantes y receptores?

Al respecto, Colombia rinde detallados informes anuales acerca del balance de sus acciones en las diferentes áreas. Por ejemplo, sobre los volúmenes de drogas confiscadas, terminadas o en proceso; hectáreas de sembradios fumigadas; número de laboratorios destruidos; capos del narcotráfico dados de baja o capturados.

A propósito, no conocemos de managers de la distribución de la droga, del lavado de dinero y capitales, de los vendedores de armas o de provedores de los precursores químicos, que estén presos. Los únicos capos encarcelados por este ilícito negocio que se conocen son los extraditados a Estados Unidos, que envía el Gobierno colombiano.

¿Por qué las otras naciones no informan sobre los resultados de las acciones a que están comprometidas de acuerdo con el principio de la Responsabilidad Compartida? Es una pregunta que obliga una respuesta.

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