Expropiación y TLC, ¿nuevas garantías?

José Antonio Rivas, funcionario del Ministerio de Comercio, respondió a mi crítica sobre la expropiación indirecta contenida en el TLC, en la que afirmé que el G3 incluía una reserva al artículo 17-08, acusándola de “carecer de rigor investigativo, al basarse en hechos falsos” pues “…desde el 5 de abril del 2001, Colombia levantó esta reserva, tal como puede ser consultado en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores”. (sic).

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abril 26 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-04-26

¿No debería encontrarse tal información también en los archivos del Ministerio de Comercio, dado que es éste el órgano que coordina estos tratados? Por consiguiente, el desconocer dicho hecho más que a falta de rigor investigativo de mi parte se debe a fallas de transparencia del Ministerio de Comercio. El principio de transparencia busca que quien requiera información sobre la normatividad vigente, incluida por supuesto las modificaciones a los tratados, no tenga que convertirse en un Sherlock Holmes para obtenerla. Las páginas web de ambos ministerios no contienen información sobre la eliminación de dicha reserva o al menos no la brindan de manera ágil como supondría una real transparencia; cualquiera puede comprobarlo. Por ello cité la reserva en cuestión del Texto del Acuerdo publicado en la página de la OEA (http://www.sice.oas.org/trade/go3/G3Indice.ASP), en donde no aparece eliminada. Ahora bien, la eliminación de la citada reserva en el G3 no convierte el pecado en virtud; no transforma el Anexo 10B en “nuevas garantías” para Colombia, como afirma el señor Rivas, ni invalida mi afirmación acerca de que “la expropiación indirecta” amenaza gravemente la soberanía nacional, pues lesiona la capacidad del Estado para orientar la economía e impide la adopción de valiosas políticas públicas. El señor Rivas dice que lo nuevo en materia de expropiación indirecta es “El Anexo 10-B (3.b) del TLC (el cual) puntualiza que los actos regulatorios del Estado, salvo casos excepcionales, no se consideran expropiación indirecta, si no son ‘discriminatorios’ y si buscan proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad y el medioambiente”. Según él esto “es un gran logro pues el juez o árbitro tendrá que preguntarse si está ante uno de estos objetivos”. Pero, le faltó explicar qué significa la excepción planteada en dicho texto: “salvo casos excepcionales”. ¡Semejante salvamento a- merita una explicación! Pregunto: ¿es dicho párrafo lo único nuevo en materia de expropiación indirecta en el TLC? ¿Incluye el cuerpo del G3 la aclaración contenida en el TLC -Anexo 10-B .3 (a) (ii): “La medida en la cual la acción del gobierno interfiere con expectativas razonables e inequívocas de la inversión”- entre las razones para interpretar si ocurre una expropiación indirecta? La amenaza para los objetivos legítimos de bienestar público contenida en este Anexo del TLC es evidente. Prueba de ello es que Afidro, gremio de las multinacionales farmacéuticas, ya advirtió al gobierno que un borrador de circular sobre control de precios de medicamentos “podría verse incurso dentro de la tipificación de expropiación indirecta”. El señor Rivas cita como prueba de que dicho artículo no constituye una amenaza para Colombia la derrota de Martin Feldman, inversionista estadounidense, en su demanda contra México ante el Ciadi; en cambio, desconoce que existen casos en que la solución de controversias entre los gobiernos y las multinacionales por tribunales de arbitramento privados han obligado no sólo a renunciar a políticas públicas de interés general, sino al pago de cuantiosas ‘compensaciones’ por parte del Estado a inversionistas extranjeros, aún en etapa de preestablecimiento. Los casos de Metalclad en México y de Ethyl Corporation en Canadá, en los cuales los gobiernos tuvieron que indemnizar a las empresas y desistir de aplicar disposiciones ambientales y de salud pública, ilustran los graves riesgos del Anexo 10B. ¿Ignora además dicho funcionario que hay demandas en curso amparadas en el capítulo 11 del TLC de Norteamérica por US$28.000 millones, según exhaustivo estudio de Public Citizen? ¿Será que las multinacionales consideran tan improbable perder las demandas como sugiere el señor Rivas? ¿Desco- noce él igualmente que Regina Vargo, negociadora estadounidense en el TLC con Colombia y en el Cafta, a un año de vigencia de este último Acuerdo, asesora a La Corporación para el Desarrollo Ferroviario de E.U. en su demanda a Guatemala por US$65 millones? Todos estos hechos dicen más que el conflicto ganado por México a Feldman. ¿Serán o no las pretendidas ‘nuevas garantías’ verdades a medias?; ellas efectivamente garantizan los intereses de los inversionistas estadounidenses y no los colombianos. Helena Villamizar García Herreros Las pretendidas ‘nuevas garantías’ efectivamente garantizan los intereses de los inversionistas estadounidenses y no los colombianos”.

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