Extradición de 'paras' deja sin excusas a Human Rights Watch para atacar TLC, dice el Washington Post

Las contradicciones en que ha incurrido la ONG de derechos humanos son señaladas por un editorial, que también critica a los demócratas de E.U.

POR:
mayo 15 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-15

"En una carta del 2006 al presidente Álvaro Uribe, Human Rights Watch dijo que su objeción número 1 al plan era que "podría evitar que los comandantes paramilitares pasaran tiempo en prisión". 

En particular, Human Rights Watch, en cabeza de José Miguel Vivanco, y los demócratas del Congreso con quienes colaboran estrechamente objetaron que los líderes derechistas pudieran escapar a la extradición a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Algunos sugirieron que la intención real de Uribe era proteger a los paramilitares de ese prospecto.

"Esto es música para los oídos de estos matones", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en julio del 2005. "A lo que ellos más temen es a la extradición". Un año más tarde, en una dura carta a Uribe, Vivanco reclamó que "los comandantes paramilitares que eran solicitados por Estados Unidos deberían saber que si no se desmovilizan completamente y desmantelaban sus estructuras, su gobierno no vacilaría en extraditarlos a Estados Unidos... Es esencial que su gobierno mantenga esta ventaja y la use creíblemente".

"El martes, Uribe hizo justamente lo que Vivanco pidió, enviando 14 de los más importantes jefes paramilitares a juicio en Estados Unidos. Lo hizo, él dice, porque los comandantes no habían cumplido los términos de la Ley de Justicia y Paz revelando sus crímenes y reparando a sus víctimas, y porque habían continuado delinquiendo", dice el editorial.

El editorial menciona además la reacción adversa de la ONG a la extradición de los jefes paramilitares, porque sacaba del país a quienes tenían la mayoría de la información de sus nexos con políticos, y la controvierte afirmado que habrá acceso a ellos aún en las prisiones de E.U., y que, seguramente, estos estarán felices de suministrar cualquier información que incrimine al Presidente. Además, dice que la extradición de los jefes convencerá a los paramilitares que se quedaron en Colombia para que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas.

"Los asesinatos de "sindicalistas" que condenaron se han reducido drásticamente; los líderes paramilitares que afirmaban saldrían libres están en custodia de Estados Unidos. Si su agenda es genuinamente los derechos humanos -y no la oposición al libre comercio- es tiempo que cambien de curso", concluye el editorial.

Texto completo del editorial:

Cuando el congreso de Colombia democráticamente elegido aprobó en el 2005 un plan del Presidente Álvaro Uribe para desmovilizar a los grupos paramilitares de derecha y llevar a sus líderes ante la justicia, los grupos de derechos humanos y algunos demócratas en el Congreso de Estados Unidos se declararon indignados.

Aunque los paramilitares eran una de las fuentes principales de violencia y tráfico de drogas que habían plagado a Colombia por décadas -y la desmovilización de decenas de miles de asesinos sin ley podrían ser un gran avance en el esfuerzo por restaurar el orden- los críticos estadounidenses dijeron que Uribe estaba extendiendo términos demasiado generosos  a las cabecillas. En una carta del 2006 al presidente Álvaro Uribe, Human Rights Watch dijo que su objeción número 1 al plan era que "podría evitar que los comandantes paramilitares pasaran tiempo en prisión".

En particular,  Human Rights Watch y los demócratas del Congreso con quienes colaboran estrechamente objetaron que los líderes derechistas pudieran escapar a la extradición a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Algunos sugirieron que la intención real de Uribe era proteger a los paramilitares de ese prospecto. "Esto es música para los oídos de estos matones", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en julio del 2005. "A lo que ellos más temen es a la extradición". Un año más tarde, en una dura carta a Uribe, Vivanco reclamó que "los comandantes paramilitares que eran solicitados por Estados Unidos deberían saber que si no se desmovilizan completamente y desmantelaban sus estructuras, su gobierno no vacilaría en extraditarlos a Estados Unidos... Es esencial que su gobierno mantenga esta ventaja y la use creíblemente".

El martes, Uribe hizo justamente lo que Vivanco pidió, enviando 14 de los más importantes jefes paramilitares a juicio en Estados Unidos. Lo hizo, él dice, porque los comandantes no habían cumplido los términos de la Ley de Justicia y Paz revelando sus crímenes y reparando a sus víctimas, y porque habían continuado delinquiendo. El dramático movimiento de Uribe fue aclamado en Colombia (...).  Aquellos que permanecen -hay aún 639 líderes en las cárceles colombianas- probablemente demostrarán estar más dispuestos a revelar sus crímenes y cooperar en las investigaciones de conexiones entre los paramilitares y los políticos colombianos.

Sin embargo, en Washington la hazaña de Uribe fue recibida amargamente por la misma gente que la pidió. Una declaración de Human Rights Watch reconoció a regañadientes que la extradición "aumenta las posibilidades" de "sentencias de prisión sustanciales" para los jefes pero luego alegó que Uribe tenía investigaciones que tocaban aliados políticos. "El Gobierno ha enviado fuera del país a los hombres con la mayoría de la información", se quejó Vivanco.

De hecho, bajo los términos formulados por el gobierno de Uribe, los fiscales colombianos continuarán teniendo acceso a los comandantes paramilitares en las prisiones de Estados Unidos. Habiendo sido sometidos al destino que "más temían", los jefes presumiblemente estarán felices de suministrar cualquier información incriminante que puedan tener sobre el Presidente. Entretanto, Human Rights Watch y sus socios del Congreso están quedándose sin excusas en su campaña contra el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Los asesinatos de "sindicalistas" que condenaron se han reducido drásticamente; los líderes paramilitares que afirmaban saldrían libres están en custodia de Estados Unidos. Si su agenda es genuinamente los derechos humanos -y no la oposición al libre comercio- es tiempo que cambien de curso.

Siga bajando para encontrar más contenido