Fallo de la Corte perjudica el acceso al crédito

Fallo de la Corte perjudica el acceso al crédito

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noviembre 20 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-20

La aprobación del proyecto de Ley de Habeas Data, por medio del cual se regula el manejo de la información crediticia contenida en bases de datos personales, constituye sin lugar a dudas un paso fundamental para mejorar y volver más eficiente el mercado crediticio del país.

Sin embargo, es altamente inconveniente que la Corte Constitucional haya sustituido la regla de permanencia fija y por cuatro años de la información sobre incumplimientos en las bases de datos de los clientes -que muy acertadamente aprobó el Congreso en la versión original de la Ley- por una de permanencia variable en función del tiempo de la mora. Esta decisión, sin precedentes en el mundo, tendrá ciertamente efectos muy negativos sobre el desempeño del crédito en el largo plazo, al tiempo que reducirá la capacidad de enfrentar la desaceleración que ya aqueja a la economía colombiana.

Otorgar al flujo de la información crediticia un marco jurídico que establezca un adecuado balance entre deberes y derechos de los diferentes participantes, es crucial para ampliar el acceso al crédito y democratizarlo, para mitigar el riesgo del sistema, y, en el mediano plazo, para alcanzar mayores niveles de desarrollo y eficiencia del sistema financiero que redunden en una mayor tasa de crecimiento económico. No es de extrañar que los países con un ingreso per cápita elevado, que cuentan con mercados financieros más avanzados, con mayores niveles de bancarización y con un acceso más amplio al crédito por parte de sectores más vulnerables, son precisamente aquellos donde los sistemas de información crediticia son más profundos, eficientes y cubren un porcentaje importante de la población.

La nueva normativa incorpora las directrices internacionales de regulación de la información crediticia, incluyendo las centrales de información, y acoge una parte importante de las mejores prácticas adoptadas por un número importante de países en el mundo.

Pero uno de los avances más notorios consignados en la Ley aprobada por el Congreso fue el establecer que la permanencia de la información negativa en las bases de datos fuera por un período fijo e igual de cuatro años para todos los deudores.

Desde el punto de vista del impacto sobre el desarrollo y la democratización del crédito, mantener esta disposición es crucial. Esto es aún más importante en el contexto de desaceleración que hoy vivimos y que se profundizará en los próximos meses, pues una de las grandes virtudes de la información crediticia es que ayuda a suavizar y a recortar los ciclos económicos, en la medida en que los períodos de contracción son menos severos y la recuperación es más rápida.

Pero estos efectos solo se producen si la información crediticia es oportuna, fidedigna, suficiente y comparable, lo cual en buena parte se deriva de fijar limites razonables y únicos a la permanencia de la información negativa en la historia crediticia. Si se establece una caducidad que varíe en función de diferentes criterios -y por lo tanto diferente para cada cliente-, se desvirtuaría en buena medida el rol positivo que podría jugar la información crediticia en el mercado de crédito del país y en la suavización de la actual desaceleración de la economía.

¿Por qué la información sobre incumplimientos en los pagos debe mantenerse en la historia crediticia de un cliente por un período fijo y razonable?

En primer lugar, un período de permanencia de la información negativa fijo e igual para todos los deudores es un requisito fundamental para que la información ejerza un rol positivo. En la medida en que permite a las entidades de crédito hacer una comparación válida entre deudores y una evaluación del riesgo acertada, las tasas de interés promedio de los créditos serán más bajas. En el caso opuesto, si para cada persona la información se va eliminando dependiendo de la duración de la mora, los ejercicios de diferenciación del riesgo llevan a conclusiones erróneas y conducen a costos del crédito más elevados.

En segundo lugar, si bien la información sobre incumplimientos no debe permanecer por períodos excesivamente largos en las bases de datos, pues se perdería la capacidad del sistema para mostrar cambios de tendencia en el comportamiento de pago y se crearían incentivos al no pago, tampoco puede ser muy corto el período de caducidad.

Si las entidades cuentan con información que cubra un período considerable, mejor será la evaluación del riesgo y menor el precio de los recursos.

Por ejemplo, para un prestamista resulta de la mayor relevancia conocer el comportamiento de pagos de los deudores tanto en períodos de expansión como de contracción de la economía, es decir a lo largo del ciclo de la economía.

Bajo esta lógica, no es sorprendente entonces que todos los países, sin excepción, han optado por establecer un período fijo de permanencia de los datos similar al ciclo promedio de sus economías.

En el caso de Colombia, aunque diferentes metodologías pueden llevar a resultados divergentes, se ha estimado que el ciclo de negocios oscila entre 4 y 7 años. Bajo este criterio, y de forma muy acertada, la Ley aprobaba por el Congreso planteó una caducidad de 4 años.

¿CUÁL ES EL EFECTO DE LA INFORMACIÓN CREDITICIA EN EL CICLO ECONÓMICO?

Para entender la trascendencia de este tema es útil recordar cuál es el papel que juega la información en los mercados crediticios. Disponer de una información veraz y confiable sobre la historia de pagos de los deudores permite a los prestamistas, ya sean del sector financiero o real, hacer evaluaciones del riesgo más precisas y más acordes con el verdadero nivel de riesgo de los deudores. Esto redunda en una democratización del crédito -mayores volúmenes de préstamos con tasas más bajas- y reduce el riesgo general del sistema crediticio, que en última instancia significa una mayor protección de los ahorros del público.

Se ha comprobado ampliamente que la calidad y cantidad de la información crediticia juega un papel fundamental en mejorar la profundización y el desarrollo financiero, en reducir el riesgo y la vulnerabilidad del sistema y en mejorar la supervisión y regulación bancaria. Esto, a su vez, reduce la volatilidad de las economías, disminuye la probabilidad de una recesión, el ciclo de contracción es menos severo debido a que la calidad de la cartera es mejor, el crédito se contrae menos, y la recuperación es más rápida. Estos efectos parten de una premisa fundamental: un menor riesgo del crédito y una mayor profundización del crédito están asociados a la mejor información crediticia.

En síntesis, la mayor transparencia y disponibilidad de información beneficia a todos (prestamistas y deudores buenos y malos). Es particularmente eficaz para ampliar el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, y para facilitar la bancarización de un 60 por ciento de la población colombiana.

En el corto plazo podrá jugar un papel crucial en cuanto a suavizar el ciclo de desaceleración de la economía. Pero estos efectos se producirán sólo en la medida en que la información sea adecuada y suficiente, esto es que las bases de datos cuenten con la información positiva en forma indefinida, y con la información sobre incumplimientos por un período razonable, similar al ciclo de la economía.

Al cambiar la regla de permanencia fija de la información por una variable, en función del tiempo de la mora, la Corte anuló de un plumazo lo avanzado por el Congreso. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Esta decisión se basa en el error de pensar que la información es un castigo y no una herramienta. Ahora la información será menos útil y los principales damnificados serán los aspirantes a un crédito. El impacto negativo que esto tendrá sobre el crédito y la capacidad de enfrentar la crisis que se nos avecina puede ser dramático. 

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