Fallo costoso

La sentencia de la sección cuarta del Consejo de Estado, según la cual la nación le debe cancelar a varias sociedades controladas por el constructor Julio Carrizosa la suma de 224.000 millones de pesos, como consecuencia de la oficialización de Granahorrar decidida en 1998, ha sacudido los cimientos del mundo jurídico. En primer lugar, porque se trata de la sanción más alta jamás impuesta al Estado colombiano, pero también debido a que abre una serie de graves interrogantes.

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noviembre 21 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-21

El tema no es fácil de entender, ya que tiene que ver con hechos acaecidos en la década pasada, cuando el sector financiero vivía una profunda crisis que contrasta con la buena situación de hoy. En ese momento diversas entidades, hoy ya liquidadas, fueron intervenidas debido a la incapacidad que tuvieron para responder a sus acreencias. No obstante, en el caso de Granahorrar la decisión fue la de nacionalizarla y mantenerla funcionando debido a su tamaño, pues un cierre de puertas habría podido crear una especie de efecto dominó. Según argumentaron las autoridades de la época, la crisis de la Corporación era evidente: sus cupos de liquidez en el Banco de la República se habían agotado; su situación de solvencia se había deteriorado hasta niveles de inviabilidad; un requerimiento de capitalización hecho por la Superbancaria a los dueños de entonces fue desatendido; e, inclusive, varios cheques que entregó a los clientes, que por aquellos días retiraban angustiados sus ahorros, resultaron sin fondos. En respuesta, el público aceptó la medida y las largas filas terminaron, con lo cual la atención del Estado pudo concentrarse en temas de mayor urgencia. El epílogo tuvo lugar en el 2005, cuando Granahorrar fue vendida en 970.000 millones de pesos a un grupo financiero internacional. Hasta ese momento la historia parecía concluida. De hecho los accionistas de la entidad habían entablado varias demandas que fueron rechazadas por diversos tribunales. Pero todo cambió cuando el Consejo de Estado decidió apartarse de dichas sentencias y aceptar tesis que han sorprendido a más de uno. Así quedó expresado en la decisión en la que participaron cuatro magistrados, uno de los cuales había sido abogado de Julio Carrizosa, lo que habría podido crear un impedimento que fue desestimado por sus colegas. Por su parte, una consejera salvó su voto, con lo cual la trascendental sentencia fue adoptada por una particular mayoría. Pero además de ello, el Consejo de Estado aceptó la demanda más allá de los términos que fija la ley, con el argumento de que los accionistas no fueron informados de las decisiones. Tampoco compartió la tesis de la insolvencia al decir que el patrimonio de la Corporación era positivo, más allá de su iliquidez. Por último, una diferencia de minutos en la radicación de sendas cartas hechas en la noche de la oficialización la llevó a inferir que el trámite había sido irregular, a pesar de la evidente coordinación de las autoridades. Como consecuencia de lo acontecido, al actual Gobierno le apareció una acreencia que le crea problemas fiscales. Pero lo grave es el pésimo precedente de empezar a echar atrás decisiones tomadas hace tiempo, y que estuvieron orientadas no solo por la buena fe, sino dirigidas a preservar la confianza del público en el sistema financiero. Debido a ello, si en el futuro vuelve a ocurrir una crisis, los funcionarios van a preferir el pánico y el cierre de unas entidades al uso de un mecanismo que resultó exitoso. Por tal motivo, es deber del Gobierno hacer uso de todos los mecanismos legales a su alcance para impedir que este esperpento jurídico tenga aplicación. Una posibilidad es pedirle una aclaración de la sentencia al propio Consejo de Estado. Pero ante la actitud del tribunal, lo más procedente sería interponer una tutela ante la Corte Constitucional, para lo cual existen argumentos jurídicos sólidos que deberían evitarle al fisco una pérdida millonaria y permitirían preservar la validez de las determinaciones tomadas en medio de una crisis que amenazó hasta sus cimientos a la economía colombiana. Ante la extraña sentencia del Consejo de Estado en el caso de Granahorrar, es deber del Gobierno hacer uso de todos los mecanismos legales para defenderse”.

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