‘Fallo de la Procuraduría afecta el desarrollo del sector'

Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, señala que el fallo que destituyó al Superfinanciero es desacertado.

Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia.

Archivo Portafolio.co

Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia.

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diciembre 03 de 2013 - 04:05 a.m.
2013-12-03

Luego de que la Procuraduría destituyera al superintendente Financiero, Gerardo Hernández, al considerar que no actuó a tiempo frente al caso InterBolsa, no se han hecho esperar las voces de desacuerdo al interior del sector.

Ahora el turno es para Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, quien calificó la decisión de “desacertada” y que afecta el desarrollo del sistema financiero y debilita su supervisión.

Sobre el tema, el directivo habló con Portafolio.

¿Qué opinión le merece la sanción que le impuso la Procuraduría al Superintendente Financiero y a varios funcionarios?

La Bolsa de Colombia es una empresa privada, vigilada por la Superintendencia Financiera y es respetuosa de las decisiones que tomen las autoridades.

No obstante, no compartimos la postura de la Procuraduría y consideramos que su fallo contra el Superintendente y algunos funcionarios de la SFC debilita gravemente la labor de supervisión en el sistema financiero.

En el caso particular, conozco personalmente desde hace varios años las calidades personales, profesionales y éticas de Gerardo Hernández, con quien hemos trabajado en el desarrollo del mercado de capitales y cuyo liderazgo fue fundamental en la búsqueda de soluciones que nos permitieron mitigar el riesgo sistémico que significó la salida del mercado de InterBolsa.

No tengo la menor duda en calificar la decisión de la Procuraduría como desacertada y cuyas consecuencias podrán impactar desfavorablemente el desarrollo de la industria financiera del país.

Hay una controversia sobre el papel de la Superintendencia y la necesidad de que tome medidas preventivas. ¿Qué piensa al respecto?

La labor de supervisión financiera es de una enorme complejidad y comporta desafíos inevitables, pues siempre existirá una natural tensión entre el interés público, que en este caso se materializa en la necesidad de preservar la estabilidad, seguridad y confianza en los mercados financieros, con los intereses particulares de quienes desarrollan la actividad y quienes consumen los productos financieros.

La supervisión debe ser el ‘fiel de la balanza’ que permita el desarrollo seguro de la industria, buscando que los servicios se presten de manera eficiente y justa sin que se presenten irregularidades o abusos.

¿Qué hacer?

Para lograr este objetivo no existe una receta única y fácil. Por ello, connatural a la actividad de supervisión y vigilancia es el carácter técnico de quienes la ejercen y el buen juicio con el que toman sus decisiones.

Creo que lo que se debe hacer es dotar al supervisor de mayores garantías y protecciones frente al tipo de decisiones que debe tomar, como ocurre en otras latitudes. Contaminar esos procesos con las interpretaciones que haga el vigilante del supervisor financiero es incursionar en un camino que hará más inseguro el ejercicio de la actividad.

¿Cree que al Gobierno le faltó diligencia en atender el problema de InterBolsa?

No. Creo que hay un serio problema de arreglo institucional en el país, pues además de la complejidad de la supervisión, el Superintendente no puede actuar sobre rumores o sospechas.

Cada uno de sus actos debe estar soportado en pruebas y solo cuando las mismas se han obtenido, puede tomar decisiones.

Creo que con el fallo de la Procuraduría no solamente se deja seriamente cuestionada la entidad de supervisión, sino que se entrega munición para que los afectados con las decisiones de la Superintendencia demanden a la Nación por hechos cuyos únicos responsables son los administradores de InterBolsa, hechos que solo se conocieron de manera amplia luego de la decisión de la Superintendencia de liquidar la comisionista y no antes.

¿Cómo evalúa la actuación de la justicia al respecto?

Todos quisiéramos que estas investigaciones avanzaran más rápidamente, sin embargo creo que cada autoridad dentro de la órbita de sus competencias ha tratado de actuar lo más diligentemente posible y ya se están viendo las primeras actuaciones.

Para el país y para la credibilidad en el mercado, los verdaderos responsables del descalabro de InterBolsa, que son sus administradores y el grupo de personas relacionado a estos, deben ser sancionados.

La Fiscalía General, con el apoyo precisamente de la SFC, ha logrado estructurar unos casos que han hecho incluso que algunos administradores de InterBolsa reconozcan su responsabilidad y hayan aceptado algunos de los cargos y eso está bien.

¿Cuáles fueron las lecciones?

“Es importante aclarar que la Bolsa no es una entidad gremial y que desde el año 2006 tampoco cuenta con funciones de vigilancia y control.

Trabajar por el desarrollo del mercado y la construcción de seguridad y confianza en él es la preocupación diaria de la BVC.

En este frente creo que hay lecciones inmediatas como dotar al supervisor de mayor protección frente a sus actuaciones, ampliar el ámbito del supervisor para incluir las ‘holding’ financieras y aclarar de mejor manera las funciones y responsabilidades de supervisión entre la SFC y el Autorregulador del Mercado de Valores.

Así mismo, todos los participantes del mercado debemos ser más celosos del gran activo que es este mercado de capitales para el desarrollo del país, y mejorar nuestra gestión de riesgos interna y mejorar nuestros sistemas de alertas tempranas.

Pero esta es una tarea que nunca termina y siempre hay oportunidades de mejora.

Lo importante es que el país capitalice estos aprendizajes. Pero esto se logra sancionando a los responsables y no a quien defiende los intereses del público en general.

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