Fallo por vendedores ambulantes pone contra la pared a la Alcaldía de Bogotá

Sentencia da un año a la administración para recuperar el espacio público, reubicar los vendedores, realizar un nuevo censo, carnetizar y uniformar a los informales.

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noviembre 13 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-13

Así lo decidió el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca al proferir una sentencia que determina las estrategias que debe seguir la administración distrital para ofrecerles alternativas económicas óptimas a los informales para poder sacarlos de las calles.

El Tribunal también le ordena al Instituto para la Economía Social (Ipes) que identifique y carnetice a todas las personas que se dedican al comercio callejero informal.

Para la directora del Ipes, Inés Elvira Roldán, el plazo es corto e imposible de cumplir.

El alcance del fallo también preocupa al defensor del Espacio Público, Germán Darío Rodríguez. "La sentencia nos pone en una situación de emergencia y nos obliga a imprimirle velocidades mayores a la formulación de alternativas: quioscos, zonas de transición, ferias temporales y espacios análogos", advierte Rodríguez.

El Ipes tiene registrados a 46 mil vendedores ambulantes en la ciudad, pero solo 22 mil de ellos están vinculados a algún tipo de proyecto productivo o alternativa comercial ofrecida por el Distrito.

Este viernes se reunirán el Defensor del Espacio Público, la Directora del Ipes y la Secretaria de Desarrollo Económico para analizar la decisión del tribunal.

El fallo es producto de un acumulado de 11 acciones populares que buscan la restitución de las áreas ocupadas por las ventas callejeras en diversos lugares de la ciudad.

Soluciones parciales

En el 2005, el Gobierno distrital formuló el Plan Maestro de Espacio Público que prevé, entre otros factores, la reubicación de los vendedores informales y también suscribió un pacto para tal fin con los ambulantes del centro.

Pero las acciones de la administración no han resuelto la problemática de invasión del espacio público e incluso se incrementa a diario con la llegada de familias desplazadas.

"El 97 por ciento de las personas que llegan a Bogotá se dedica a trabajar en la calle", afirma la Directora del Ipes.

Los espacios análogos, las ferias temporales, los quioscos y los proyectos productivos no han sido suficientes para cubrir a la población de informales. Roldán reconoce que "algunos proyectos han sido exitosos y otros, menos exitosos".

Carnetizar a informales

El fallo de los magistrados además exige al Ipes que adopte un Registro Especial de Vendedores Informales en todas las localidades. Este debe identificar a cada vendedor, el tipo de mercancía que comercializa y el lugar donde puede ejercer su actividad.

El actual censo del Ipes contiene 46 mil registros y tras conocer la sentencia del Tribunal Roldán considera innecesario e inconveniente levantar una nueva base de datos.

La funcionaria acepta que la carnetización -en los sitios permitidos- es necesaria e importante, pero que uniformar a los ambulantes resultaría inapropiado.

"El carné puede contener un código de barras que permite la identificación del vendedor, pero un chaleco o uniforme sería fácil de duplicar", dice Roldán.

La responsabilidad de las empresas privadas que distribuyen sus productos a través de las cadenas de informales también es tenida en cuenta en el fallo del Tribunal.

En este sentido, insta a los empresarios a vincular laboralmente a los informales y que apoyen al Distrito en las gestiones de recuperacion del espacio público. Son 169 las empresas que aprovechan estos canales de distribución.

Informales celebran sentencia

Con benepláctito recibieron los líderes de los grupos de ambulantes el nuevo fallo del Tribunal de Cundinamarca.

Félix Palacios, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Vendedores Informales, dice que les permitirá ejercer su actividad en mejores condiciones. "Se debe armonizar el espacio público y el derecho al trabajo. Son bienvenidas las soluciones en favor de los vendedores informales, pero no las que se ofrecen a la fuerza. Se debe reglamentar el uso del espacio público y ordenar la venta callejera. No estamos de acuerdo con el actual registro del Ipes. En 2004 se decía que en Bogotá había alrededor de 79 mil vendedores y hoy se dice que son 46 mil".

Palacios es el mismo que en 2003 logró que la Corte Constitucional reconociera los derechos que tienen los ciudadanos al trabajo y al disfrute del espacio público de manera armonizada.

DAVID ACOSTA M.
REDACTOR DE EL TIEMPO

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