No quedó títere con cabeza en el informe elaborado por la Contraloría General de la República, CGR, sobre los derrames de crudo ocurridos en el Golfo de Morrosquillo entre julio y agosto del año pasado.
De acuerdo con el ente de control, tanto Ecopetrol y Ocensa, empresas encargadas de la operación y el mantenimiento de los oleoductos Ayacucho-Coveñas y Caño Limón-Coveñas y del terminal marítimo Coveñas, desde donde se exporta la mayor parte del petróleo que vende el país, como las autoridades nacionales y regionales recibieron observaciones por parte de la CGR.
La entidad determinó que los cuatro derrames terrestres, que se dieron el 20 de agosto, sucedieron por la corrosión en el oleoducto Ayacucho-Coveñas.
Los demás derrames ocurrieron por perforaciones ilícitas. Tras revisar los expedientes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el ente señaló que, a pesar de que se evidenció una alta incidencia de estos hechos, no se le pidió a las empresas actualizar sus medidas de contingencia y prevención de estos derrames.
“Se evidenció la ocurrencia de 46 derrames de crudo desde el año 2001, pero no se encontró que la empresa hubiera reformulado el Plan de Contingencia”, dijo la CGR con respecto al oleoducto Ayacucho-Coveñas.
En la investigación la entidad encontró 23 hallazgos administrativos, y en 14 de ellos se determinó una posible incidencia disciplinaria.
LOS DEMÁS IMPLICADOS
La Contraloría aseguró que la Agencia Nacional de Infraestructura, las autoridades regionales como la Corporación Autónoma Regional de Sucre, Carsucre, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge –CVS, y la Superintendencia de Puertos y Transportes, actuaron de manera reactiva ante estos incidentes, es decir que no efectuaron oportunamente sus labores de vigilancia y control.
Advirtió además que el Ministerio de Minas y Energía no está cumpliendo su deber de coordinación entre el sector minero y las autoridades ambientales.