La farsa de las garantías

Con su decisión de acatar parcialmente la sugerencia del Procurador y suspender la transmisión por televisión de los Consejos Comunitarios, el presidente Uribe ha mandado dos mensajes muy significativos.

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enero 26 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-01-26

Uno, que sí quiere ser candidato para buscar su segunda reelección; el otro, que en esta campaña electoral no habrá igualdad de condiciones ni garantías suficientes para los demás candidatos. El primer mensaje no es ninguna sorpresa, pues la verdad es que la famosa “encrucijada del alma” era un sofisma de distracción para que el país pensara que no estaba decidido a buscar la reelección cuando en realidad se estaban utilizando todos los medios, inclusive los lícitos, para lograr la aprobación del referendo. Ya Giraldo hizo todas las trampas necesarias para conseguir las firmas y el ministro Valencia para que el Congreso aprobara la ley correspondiente; ya se consiguió un concepto amañado del Procurador para cohonestar todos los vicios del proceso. Ahora los promotores del referendo están trabajando con todo para conseguir la sentencia favorable de la Corte y en plena campaña para comprar los votos necesarios para su aprobación en las urnas. Contando con amplia financiación y todo el poder del Estado para la campaña por el si, es muy probable que vamos a tener Presidente-candidato. El segundo mensaje es más sutil y paradójico. Con la aceptación tardía de sólo una pequeña parte de la Ley de Garantías (la de no utilizar la televisión para transmitir algunos actos de campaña electoral), se confirma que el candidato-Presidente lleva por lo menos dos meses incumpliendo la totalidad de esa ley, y que seguirá incumpliendo el resto por unos meses más, aumentando el desequilibrio y la desigualdad de condiciones frente a los otros candidatos, inclusive sus partidarios. Para entender la extrema desigualdad de esta campaña electoral hay que recordar que, en el mejor de los casos, el único límite que tendría el Presidente-candidato serían los establecidos en la Ley 996 del 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales. Pero desde su discusión en el Congreso fue evidente que esta ley era insuficiente y que las mayorías uribistas eliminaron las propuestas que implicaban un verdadero control al uso del aparato estatal para favorecer al candidato-Presidente. Tan insuficiente es esa ley que el Procurador de la época solicitó a la Corte Constitucional que la devolviera al Congreso, porque en varios artículos establecía un trato preferencial injustificado para el presidente-candidato, y no fijaba límites claros o sanciones adecuadas para el uso de los bienes del Estado a favor de la campaña del candidato-Presidente. Por supuesto, esa Corte que había aprobado la reelección inmediata, en clara violación del principio constitucional de la igualdad como lo señaló el ex presidente López Michelsen, no le hizo caso al Procurador y también declaró exequible la Ley 996. La situación actual es peor, porque el presidente Uribe ya está en campaña y ni siquiera ha aceptado cumplir todos los escasos límites que impone la ley. Tan solo la no transmisión por televisión de los Consejos Comunitarios, pero no ha dicho nada de suspender la contratación pública, ni las vinculaciones a la nómina estatal, ni mucho menos de garantizar el equilibrio informativo como también lo exige la ley. Por el contrario, han lanzado una multimillonaria campaña en la radio para hacer publicidad a las obras de Acción Social de la Presidencia. Además, como lo ha denunciado Rafael Pardo, el Presidente-candidato tampoco ha dado la principal garantía: que no se sigan robando al Estado para financiar las campañas presidencial y del Congreso, pues hay evidencias de que los candidatos uribistas están recibiendo apoyo a través de convenios que hace Fonsecón o Acción Social y otras entidades públicas para adjudicar contratos a amigos de ellos, para que les financien las campañas. Siguiendo la tradición, la Ley de Garantías se obedece, pero no se cumple. HELGON

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