Fijarán reglas claras para las consultas a minorías étnicas

El Gobierno tramitará un proyecto de ley estatutaria que, una vez pase en el Congreso, deberá revisar la Corte Constitucional. Buscan comunión entre derechos de comunidades y desarrollo.

En lo corrido del 2014 se han protocolarizado a 578 minorías en 38 proyectos.

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En lo corrido del 2014 se han protocolarizado a 578 minorías en 38 proyectos.

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junio 30 de 2014 - 11:38 p.m.
2014-06-30

En la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio, el Gobierno enfilará sus esfuerzos para conseguir la aprobación de un proyecto de ley estatutaria con el que se fijarán reglas claras a las consultas previas.

Varios gremios, entre ellos la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), acompañadas de varias mineras y petroleras, han venido trabajando durante un año en un borrador, con algunas sugerencias, que será presentado en las próximas semanas en la Casa de Nariño.

La consulta y discusión de un proyecto o de una medida por parte de los indígenas y los demás grupos étnicos es un derecho fundamental al que se le ha culpado de obstaculizar el desarrollo económico y poner en jaque a proyectos estratégicos en los sectores de hidrocarburos, investigación, minería, generación de energía e infraestructura de transporte. Gloria Amparo Rodríguez, docente e investigadora de la Universidad del Rosario, ha visto las dos caras de la moneda.

“Por un lado, hay alcaldes que no entienden los derechos que tiene las comunidades, funcionarios interesados en hacer procesos muy rápidos, que no atienden las visiones de los pueblos, y empresas que piensan que el problema es de dinero. Por el otro, encontramos comunidades que esperan que se resuelva la deuda histórica que tenemos con ellas desde hace más de 500 años y este no es el instrumento”, afirma.

Por ejemplo, cuando llegan los ingenieros a construir una carretera, los habitantes reclaman desde colegios, centros de salud y redes de servicios públicos.

Hay una fuerte resistencia a los puentes peatonales, prefieren senderos a nivel de la vía, pese a que son peligrosos, y ciclorrutas.

Los gremios, como la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), han alertado sobre la aparición de ‘comunidades de papel’, que literalmente están saliendo debajo de las piedras en proyectos en los que, cuando se socializaron, cuatro o cinco años atrás, no hubo contradictores.

Como es el caso del tramo entre Valledupar-Bosconia-Ye de Ciénaga en la Ruta del Sol, que según la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, “completan 4 años esperando que se resuelvan las consultas previas con 13 comunidades que no estaban inventariadas cuando se adjudicó la obra”.

En la concesión Córdoba-Sucre, el Mininterior había certificado que no existían comunidades y, un año y medio después, apareció una que reclamaba ser consultada para la construcción de la variante oriental de Sincelejo.

Fuentes consultadas aseguran que detrás las falsas comunidades que están surgiendo en el país “hay abogados y líderes comunitarios que se van de proyecto en proyecto para sonsacarle al Estado o a las empresas dinero”.

El Ministerio del Interior, entidad encargada del proceso de certificación y que en la actualidad adelante 130 procesos de consulta con 1.300 comunidades étnicas, sostiene que no se puede afirmar si existen o no intereses mafiosos por parte de algunas comunidades étnicas, porque no posee ningún tipo de evidencia al respecto.

Sin embargo, admite que existen “malas prácticas que afectan el normal desarrollo de los procesos consultivos”.

En lo corrido del 2014 se han protocolarizado a 578 minorías en 38 proyectos, el año pasado fueron 580 para 77 obras. En un solo año se duplicó el número de comunidades consultadas, al pasar de 7 a 15 grupos, en promedio.

Los proyectos relacionados con la exploración y explotación de recursos naturales y minerales aunque son los que tienen mayor resistencia de las comunidades indígenas, étnicas y afrodescendientes, son los que más rápido se resuelven.

De acuerdo con Álvaro Echeverry, director de área de consulta previa en el Mininterior, esos proyectos tienen una mejor dinámica en el marco de la definición de los impactos y las estrategias de manejo para prevenir, mitigar, corregir o fijar las compensaciones.

Muy pronto también se pondrá a prueba esa tendencia en la adjudicación de los bloques de exploración petrolera de la Ronda Colombia 2014, liderada por el Ministerio de Minas y Energía.

Lo contrario sucede con los procesos del sector de infraestructura, que inicialmente generan una percepción positiva en las comunidades. No obstante, el proceso de consulta para la búsqueda de acuerdos genera mayor grado de dificultad.

Ante esa amenaza están los más de 40 proyectos viales que la Agencia Nacional de Infraestructura está entregando en concesión. El sector energético no es ajeno a esos tropiezos.

En el reciente congreso de Andesco, gremio que agrupa a las empresas de servicios públicos, el presidente de ISA, Luis Fernando Alarcón, afirmó que el lento y complejo desarrollo de los procesos de consulta y las expectativas desmedidas de las comunidades que buscan a toda costa suplir a través de las empresas la falta de presencia del Estado están impidiendo el desarrollo energético del país.

Christian Pardo Q.
chrpar@eltiempo.com