Final del Gobierno a ‘paso de tortuga’

Hace 20 años, al terminar su gobierno, el presidente Belisario Betancur presentó el plan ‘Los últimos cien días’ en el que exponía las acciones concretas antes de entregar la administración del Estado.

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mayo 03 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-05-03

La anterior es una constante.Todo gobierno acelera su marcha en los últimos meses para mostrar resultados. Incluso, sus críticos los llegan a acusar de producir hechos para compensar lo que no se hizo en los años anteriores. Sin embargo, los funcionarios salientes se defienden alegando que su objetivo es ‘dejar la casa en orden’. En esta oportunidad, las cosas han sido distintas debido a que el mandatario busca la reelección y sus posibilidades son altas, pese a que en las últimas semanas el asunto ya no es tan contundente como en el pasado. La confianza de que Uribe sea reelegido ha hecho que este sea un final de gobierno particular: decisiones de trascendencia se pueden haber ‘engabetado’ para una segunda administración. Incluso, asuntos costosos desde el punto de vista político, como la anunciada reforma tributaria estructural, fueron objeto de aplazamiento. Es más, en las intervenciones no se sabe si está hablando Uribe como presidente de la República o como candidato, y hasta en las páginas Web de la Casa de Nariño y de Primero Colombia -el movimiento que avala su reelección- se emiten prácticamente las mismas intervenciones y anuncios. Y aunque desde la campaña se fijó medio día de los jueves y los fines de semana para hacer proselitismo, la sensación que hay en el ambiente es que en todo momento está en las labores de campaña. Analistas coinciden en señalar que temas que se deberían tratar en instancias diferentes como el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) o en reuniones internas de Gobierno, se están llevando al escenario político y se están tomando a la carrera y al calor del momento. Un ejemplo que cita el ex ministro Juan Camilo Restrepo es el de las compensaciones para los sectores afectados con el Tratado de Libre Comercio (TLC). "El Ministro de Agricultura, respaldado después por el propio presidente Uribe por televisión, dijo que sería un programa de 500.000 millones de pesos, pero ahora desde el Ministerio de Hacienda dicen que las compensaciones no irán más allá de los 360.000 millones. Y lo último: también vamos a compensar a Bolivia", señaló Restrepo, quién cuestiona que son asuntos que se deberían discutir y analizar al interior del Gobierno para después tomar las decisiones del caso y anunciarlas, pero se presentan como de campaña, lo cual genera una gran confusión. "Son promesas que hace cualquier candidato, pero un presidente que ha estado en el poder no debe hacer esas promesas, eso ha debido hacerlo y concretarlo en los cuatro años de mandato. Un ejemplo es la vía Buga-Buenaventura, lo prometió desde el comienzo y sólo hasta ahora viene a ofrecer los recursos", señaló el consultor Mauricio Cabrera. Hace unas semanas, Uribe planteó una especie de "borrón" de los deudores de las bases de datos del sistema financiero. Para nadie quedó claro si era una acción que pretendía realizar el Gobierno o una promesa para un eventual segundo gobierno. El ministro de Hacienda salió a descalificar la idea y no tuvo respuesta ni del presidente ni del candidato. Hay quienes desde el lado del Gobierno señalan que si bien hay una especie de autoparálisis en el gobierno, es debido en buena parte a la Ley de Garantías, no sólo por el lado de las contrataciones, sino también en decisiones. Pero en cualquier caso la relación con la campaña del presidente-candidato es evidente. "El Gobierno se está cuidando mucho para evitar acusaciones de las otras campañas en el sentido que está aprovechando su posición para tomar decisiones que lo puedan beneficiar o en su defecto afectar a los otros candidatos. Se han tomado demasiadas precauciones para no violar la Ley de Garantías", señaló el representante Sergio Diazgranados. Y mientras las promesas 'afloran', temas como el tribunal que defina las responsabilidades y la aplicación de condenas y beneficios a que haya lugar en el marco de la reincorporación de las autodefensas, la reglamentación de la Ley del Mercado de Valores, el arranque de la agenda interna o de proyectos viales, entre otros, están en el tintero y parece no estar en el programa de final del gobierno. Otras cosas del gobierno marchan a paso lento, y las decisiones que se han adoptado a través de diferentes instancias son más bien de trámite. En lo corrido del año, por ejemplo, se han aprobado sólo 12 documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, mientras que el año pasado en la misma época ya se habían aprobado 22. Por el lado del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior entre enero y abril del año pasado se adoptaron 19 decisiones que se concretaron en decretos, mientras que este año en el mismo lapso se han adoptado sólo nueve. Y si bien ha habido un mayor número de decretos en el transcurso de este año, 205 frente a 154 del mismo periodo del año anterior, no ha habido decisiones de peso. Sólo ajustes o adiciones al presupuesto nacional, la suspensión del alcalde de Barranquilla, encargo en la Gobernación de Córdoba, modificaciones a diferentes decretos o prórroga de otros, interceptación de llamadas telefónicas por parte de la Fiscalía, delegación de las funciones del Presidente, supresión de vacantes, mayores plazos para la liquidación de algunas entidades, incrementos salariales de los funcionarios del Estado, algunos nombramientos, honra a la memoria de diferentes personalidades, la conservación del orden público durante el periodo electoral y cambios en los miembros del Consejo de Monumentos Nacionales, son, entre otras, las decisiones que se han adoptado. La parálisis de las actividades legislativas es contundente y para algunos el Gobierno es el primer interesado en que ello sea así, pues se evitan debates que pueden afectar la campaña del candidato presidente. (Ver recuadro). Para los defensores del Gobierno, los indicadores económicos le dan al gobierno un margen importante para mantener una relativa ‘calma’. Sin embargo, también se cuestiona desde el otro lado que asuntos importantes como la reglamentación de la Ley del mercado de valores recientemente aprobada por el Congreso, los pobres resultados del programa de vivienda de interés social parece que es mejor ocultarnos y tampoco se ha vuelto a hablar de acciones en contra de la corrupción pública. Ni siquiera el nombramiento del zar anticorrupción, Rodrigo Lara, quién se hundió en las pasadas elecciones parlamentarias, fue promocionadocomo un hecho importante de la política pública. Mientras tanto, de acuerdo con cifras del Consejo de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda, el gasto público creció en los dos primeros meses del año en un 24,2 por ciento. SUBE EL GASTO "El gasto público creció en los primeros meses del año en un 24,2 por ciento, por su propia inercia, pero es evidente la parálisis oficial en las decisiones”. SESIONES DEL CONGRESO EN UN PUNTO MUERTO A menos de cuatro semanas de las elecciones presidenciales, es un hecho que esta legislatura pasará en blanco. El Gobierno ha estado ausente. El ministro del Interior solo se la está jugando por la reelección de alcaldes y gobernadores. El proyecto que reforma la ley cien quedó estancado en la Cámara. En las plenarias de Cámara y Senado no ha habido quórum ni siquiera deliberatorio. Algunos sectores dee la oposición, como el Polo Democrático, han cuestionado la actitud de las directivas del Congreso para supuestamente impedir que se hagan debates al gobierno. El congresista Wilson Borja ha denunciado el caso en la Cámara de Representantes y ha prometido que llevará la denuncia a las Cortes. Para los defensores del gobierno esto es sencillamente una maniobra de la oposición en período electoral. Los ministros están trabajando a marchas forzadas para definir los textos de los proyectos que serán presentados el 20 de julio, partiendo de la base de que el Presidente será reelegido. Ya hay quienes dicen que fue una salida en falso anunciar los cambios en la estructura tributaria. Concretamente en anunciar que habrá Iva para la canasta familiar. De todas formas, la llamada reforma tributaria estructural lleva guardada varias períodos legislativos y ahora más que Urtibe busca seguir en el Palacio otros cuatro años. Los analistas de los estudios de opinión señalaron que esa puede ser una de las razones por las que el Presidente ha bajado algunos puntos en las encuestas.

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