Como la xenofilia, es decir, la estima y la admiración por la cultura y las tradiciones de otros países es la nota dominante, comienzo este escrito recordando al gran maestro de la Hacienda Pública, Adolph Wagner quien afirmaba que "la fuerza que legitimaba la presencia de la economía del Estado había sido siempre la misma: la existencia de necesidades colectivas reconocidas como públicas en las distintas sociedades. Necesidades positivamente asociadas al crecimiento y al desarrollo de la economía privada y al de la civilización industrial.
La dinámica de ese proceso de las necesidades públicas producirá en el futuro dos consecuencias: afirmará, extenderá, transformará y hará más intensa y delicada la tarea del Estado y concederá una importancia creciente al arduo problema de hallar un sistema tributario racional, teóricamente justo y prácticamente útil. En la solución de este último problema, la Hacienda Pública debe ofrecer unos principios que constituyan guías, normas o reglas para orientar el quehacer de la política fiscal".
Dentro del contexto enunciado por el notable hacendista, no cabe duda que la financiación de la seguridad no se puede hacer con recursos transitorios, sino con medios permanentes, pues este frente del gasto se encuadra perfectamente en la categoría de necesidad colectiva reconocida como pública en la sociedad. Ni al más osado de los 'analistas' criollos se le puede ocurrir la absurda idea de clasificar este tipo de erogación en ocasional. Nada hay más permanente que este servicio del Estado.
Si la situación es esta, ante la precariedad de las fuentes y la urgencia de obtener los recursos necesarios para cumplir la obligación, dejando muy claro que no se habla de rentas de destinación específica, ni de tolerar el aumento persistente de este tipo de gasto -ese es un tema para analizar con mucho cuidado, porque no se puede continuar con la carrera desbocada que lleva-, es preciso identificar la o las fuentes de financiación.
La primera y más urgente, es eliminar la cantidad enorme de ventajas tributarias vigentes en la actualidad -más de 4.5 billones de pesos es el costo calculado por las propias autoridades. Con esos recursos puede mejorar de manera notable la situación. Ahora bien; para completar el cuadro financiero, retornar al impuesto sobre el patrimonio en forma permanente, a pesar de los inconvenientes que pueda tener en cuanto a la administración y a ciertos efectos económicos indeseables que produzca, debe ser contemplado como alternativa posible y viable.
Anticipando los argumentos que hay para responder a las críticas de los enemigos del tributo, me permito anotar que, a pesar de ser quizás el más expresivo y socialmente conflictivo de los impuestos, ofrece la indiscutible ventaja de tener una base montada sobre el poder económico y en la definición más pura de la capacidad de pago que de ese poder se sigue.
Es un hecho reconocido por todos, pues se proclama que los impuestos deben aplicarse con generalidad e igualdad entre los distintos ciudadanos, en función de su capacidad de pago, pero se niega la vigencia de gravámenes que -como el patrimonial- no pretenden sino reconocer las diferencias de poder económico que separan a quienes poseen bienes patrimoniales, de quienes carecen de ellos; generalidad e igualdad que también se conculcan en los impuestos establecidos y vigentes por la proliferación de las exenciones, la práctica de las transferencias o la realización del fraude.
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