Esto sucede después de que el juez Santiago Pedraz rechazó este martes admitir una denuncia de varias asociaciones de consumidores.
El magistrado de la Audiencia Nacional decidió no admitir a trámite la denuncia por estafa, apropiación indebida e insolvencia punible al considerar que contiene "meras afirmaciones desnudas, de todo punto genéricas, sobre la posible existencia de un delito que no permiten iniciar un procedimiento penal".
Pedraz cree que, para admitir a trámite la denuncia e iniciar las actuaciones pedidas por la Fiscalía, el Ministerio Público debía haber efectuado "una narración o relato de los hechos que considera delictivos, aportando algún tipo de indicio, siquiera mínimo, que avale racionalmente su verosimilitud, quiénes sean sus posibles autores y la forma en que el delito se ha cometido".
Respecto a la denuncia presentada por la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceccu), Pedraz sostiene que es una "denuncia genérica, siendo obvia la escasa concreción de los hechos denunciados", afirmación con la que no está de acuerdo la asociación, que anunció un recurso.
La denuncia, presentada el pasado 23 de diciembre -dos días después de que Air Comet dejara de operar-, acusa a la aerolínea de haber vendido pasajes aéreos a sus clientes hasta el 18 "con conocimiento de su situación de manifiesta insolvencia y la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones".
También asegura que el 21 de diciembre, cuando la compañía tuvo que suspender todos sus vuelos por orden de un juez británico, Air Comet seguía destacando en su página web "ofertas especiales de vuelo hasta el 31 de diciembre".
A juicio de Pedraz, "no consta ni en la denuncia ni en el informe del Ministerio Fiscal la existencia de esa generalidad de personas" afectadas, aunque el cese de actividad de Air Comet impidió volar a cerca de 5.000 pasajeros, de los que más de 4.000 fueron transportados por el Ministerio español de Fomento.
Por otro lado, casi un centenar de trabajadores de la compañía aérea Air Comet se concentraron de nuevo hoy frente al Ministerio de Fomento para pedir al Ejecutivo español su recolocación en otras compañías y para exigir a los dueños de la misma, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, que les abonen las nóminas que les deben.
Air Comet canceló sus operaciones el 21 de diciembre, dejando en tierra a varios miles de personas, presentó un expediente de regulación de empleo para la totalidad de la plantilla, 666 trabajadores, y anunció la presentación de un concurso de acreedores (suspensión de pagos), para afrontar unas deudas estimadas en torno a los 100 millones de euros (unos 144 millones de dólares).