Fracaso estatal contra minería ilegal: Contraloría

Según nueva investigación, 25 % del lavado de activos se hace a través de la minería ilegal.

Fracaso estatal contra minería ilegal: Contraloría

Archivo Portafolio.co

Fracaso estatal contra minería ilegal: Contraloría

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enero 17 de 2014 - 04:27 a.m.
2014-01-17

Los 10 investigadores que participan en la segunda parte del libro Minería en Colombia, lanzado ayer por la Contraloría General y dirigido por Luis Jorge Garay, coinciden en afirmar que este sector, que aporta 2,4 por ciento al total de la producción de la economía, “está en una encrucijada”.

La informalidad domina el sector, la pobreza ronda los municipios dueños de la riqueza minera, el daño ambiental que queda es irreversible y el Estado no se había ‘pellizcado’, pues las leyes existentes en esa materia son permisivas de múltiples inconsistencias, como el escaso aporte en la tarea de resarcir el impacto que genera la explotación.

Estos son algunos de los planteamientos que ponen sobre el tapete los autores del libro, quienes ligan las dificultades que atraviesa el sector a hechos criminales como el lavado de activos, alrededor del cual, detalla Álvaro Pardo, uno de los investigadores del tema, al menos el 25 por ciento del lavado de activos en Colombia es por minería. “El crimen organizado podría lavar anualmente hasta 36 billones de pesos en el país, de los cuales 10 billones corresponderían a la minería ilegal”, dice.

Precisamente, ayer, el presidente Juan Manuel Santos anunció en Popayán que se creará una fuerza de lucha contra la minería ilegal, para enfrentar “con mucha más eficacia y con mucha más contundencia” el fenómeno “que tanto daño le está haciendo a nuestro país”.

Hasta el momento, si bien se han hecho esfuerzos para combatir la ilegalidad, según la investigación, “el Estado ha fracasado”. De acuerdo con el estudio, “un análisis sobre la efectividad del programa de legalización (Ley 685 del 2001) señala que se presentó un total de 3.863 solicitudes, de las cuales solo 183 concluyeron en la firma de contratos de concesión minera, es decir, el grado de efectividad fue apenas del 4,7 por ciento”. Entre tanto, Ingeominas invirtió en este programa 14.000 millones de pesos, 76,6 millones de pesos por mina legalizada.

Se hizo un nuevo intento con el Código de Minas en los comienzos del siglo XXI, pero, según la investigación, “se les asignó a las autoridades más frágiles de la institucionalidad (los alcaldes) la tarea de luchar contra un fenómeno que creció hasta volverse incontenible a partir del 2003, cuando los precios del oro iniciaron su escalada”.

El libro dice que “apenas el 14 por ciento de las 53 toneladas que produjo Colombia en el año 2010 –el 98 por ciento de las cuales fueron exportadas–, las extrajeron empresas legalmente constituidas. El 86 por ciento restante sale de las operaciones de mineros artesanales, explotadores informales y organizaciones al margen de la ley”.

QUE AUTORIDADES RESPONDAN QUÉ HACEN CON REGALÍAS

Claudia Jiménez, directora de la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala, señala que, si bien celebra la llegada de un debate nacional sobre cuál es la mejor manera de aprovechar los recursos naturales, “ese debate debe ser debidamente argumentado con estadísticas representativas y estudios concluidos”.

Destaca que “Colombia recibe cerca de 11 billones de pesos en regalías. El sector minero es responsable del 4,28 por ciento del impuesto de renta y cerca del 2 por ciento del impuesto al patrimonio. La industria privada cumple con entregarle los recursos al país. Sería muy importante pedir una rendición de cuentas para saber en qué se están utilizando esos recursos, y de qué manera las autoridades públicas están garantizando que esos recursos sirvan para mejorar la calidad de vida de los habitantes”.

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