A la sombra de los problemas que han tenido este año Cerrejón y Drummond, los dos principales productores de carbón del país, con una cuota cercana al 70 por ciento, la actividad de la mina La Francia, de la compañía Colombian Natural Resources (CNR), controlada por el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, completó la semana pasada siete meses paralizada, generando millonarios perjuicios económicos, no solo para la firma minera sino para las finanzas del país y los trabajadores.
Estimaciones del sector señalan que esta empresa habría dejado de vender unos 288.000 millones de pesos debido a la suspensión en las operaciones en este yacimiento, que comenzó el 21 de enero por la decisión unilateral de la firma Consorcio Minero del Cesar (CMC) de cambiar de razón social, lo que le generó un profundo conflicto comercial con el dueño de los activos (CNR), problemática que también ha trascendido al terreno laboral.
Durante el tiempo que lleva detenida la operación de esta mina, que el año pasado representó el 46 por ciento de la producción total de CNR, se habrían dejado de generar más de 13.200 millones de pesos en regalías y no se han extraído cerca de 1,8 millones de toneladas de carbón.
Historia de novela
En el 2010, cuando Goldman Sachs le compró la operación a Coalcorp, lo hizo de forma completa, es decir, incluía un contrato de operación a cargo del Consorcio Minero del Cesar (CMC), integrado por las firmas Construcciones El Cóndor, Massering y SP Explanaciones. La explotación a cargo de CMC, prevista hasta que se terminaran las reservas del yacimiento, transcurrió de normalmente en el 2010 y el 2011, pero en octubre del 2012 este consorcio cambió de razón social, para llamarse Consorcio Minero del Cesar S.A.S., lo que produjo diferentes implicaciones jurídicas, una de ellas en los contratos de trabajo.
Sin embargo, la minera le continuó pagando a la firma anterior y no a la nueva, indicando que no tenía ninguna relación contractual con la recién creada. Incluso, los cheques siguieron emitiéndose a nombre de CMC, que no los cobró a pesar de ser el mismo pero con otro nombre.
La situación se enredó el 21 de enero, cuando al cambio de turno de las 6 de la tarde no llegaron los buses con los empleados del relevo, y los que terminaban su jornada no pudieron salir. En ese momento, la operación, que llevaba cerca de 10 años a cargo de CMC, con 450 empleados, fue suspendida. La primera decisión de CMC fue enviar a vacaciones colectivas a todos los empleados, pero les siguió pagando el salario hasta el 21 de marzo pasado, cuando interrumpió los pagos.
Sin embargo, desde enero la mina estaba invadida por unos empleados. CMC inició un plan de retiro al que se han acogido 313, de los 450. En esta puja entre operador y minera, el primero argumenta que le deben 40.000 millones de pesos y la segunda señala que el operador abandonó el contrato, al tener la constancia de que los cheques nunca fueron cobrados. Los empleados, representados por Sintramienergética, dicen que nadie les responde y que hay 127 personas en el limbo. CMC y CNR se han interpuesto demandas por unos 800.000 millones de pesos. En el Registro Minero los títulos de La Francia están embargados por CMC.
VERSIONES DE QUE CNR TIENE CASI LISTO NUEVO OPERADOR
En medio de esta puja, desde marzo las autoridades mineras y el Ministerio de Trabajo han acercado a las partes. El Ministerio de Minas busca reactivar la operación y el Mintrabajo, que se resuelva la situación de los trabajadores.
Fuentes cercanas a CNR dijeron que la firma ya tiene casi listo el nuevo operador, aunque el proceso no ha sido fácil, pues ninguna de las empresas contactadas ha podido ingresar a la mina para estudiar la propuesta de operación. No obstante, hay obstáculos: uno, que la firma elegida acceda a contratar a los 127 empleados que no han firmado el plan de retiro y que tienen invadida la mina. Segundo, a comienzos de julio estos trabajadores rechazaron una oferta que les hicieron CNR y CMC, considerada atractiva. Aunque las fuentes no revelaron la oferta, se hicieron tres propuestas: una para los dirigentes sindicales, otra para las personas que tienen alguna recomendación médica y una tercera dirigida a quienes no están en ninguno de los dos anteriores.
Se proponía pagar los salarios atrasados, la indemnización a la que tienen derecho y un bono cuyo valor es diferente para cada grupo. Entre tanto, a comienzos de mes, la Agencia Nacional de Minería (ANM) le concedió a CNR un amparo administrativo, decisión que obliga a las autoridades locales a desalojar.
Los trabajadores que tienen invadida la mina se notificaron, e interpusieron un recurso el jueves pasado, que está en estudio.
Esta semana los trabajadores darían su concepto a una última propuesta que fue presentada la semana pasada.
Ómar G. Ahumada