El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, anunció que el contratista de la concesión Bogotá-Girardot pagó la multa por responsabilidad fiscal que le fijó la Contraloría General. “El Concesionario había sido hallado responsable fiscalmente por cerca de 9.000 millones, que hoy canceló”, dijo Vargas a través de su cuenta en Twitter.
El ente de control había fijado la sanción por mayores valores pagados en la ejecución del contrato y omisión de los principios de la función administrativa al exgerente del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Álvaro José Soto García; al concesionario (Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A.), y a los miembros del grupo interventor, conformado por Ingenieros Proyectos Consultorías IPC, Enrique Dávila Lozano EDL y Diseños Interventorías y Servicios DIS.
Debido a esa falta, la entidad le había ordenado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) declarar la caducidad del contrato. A mediados de diciembre pasado, como no se dio el pago de la multa, la ANI expidió una resolución mediante la cual declaró formalmente la caducidad del contrato.
Sin embargo, tras una segunda audiencia, la entidad rectora de las concesiones en el país decidió suspender y reprogramar para el 20 de enero la diligencia, mientras analizaba los argumentos de los implicados.
En ese momento, el presidente de la ANI, Luis Andrade, manifestó que el consorcio había prometido pagar la sanción antes del 16 de enero próximo, lo cual haría reversar la decisión de la caducidad, al hacerla antes del 20 de enero.
En un comunicado el Concesionario señaló que “el pago del fallo se realizó sin que ello implique su aceptación, ni la renuncia a las acciones judiciales pertinentes contempladas en la Constitución y la ley, que previamente ha iniciado ante los tribunales competentes”.
El grupo de contratistas agregó que han cumplido a cabalidad con los compromisos realizados y ofrecidos a la ANI “quedando por tanto enervada y solucionada la cuestionada causal de caducidad”.