Para frenar captaciones ilegales, el Gobierno declaró emergencia social y aumentó penas por el delito

Además asignó facultades especiales a la Superintendencia de Sociedades para intervenir las captadoras ilegales, y así enfrentar el fenómeno de las pirámides que ofrecen rendimientos exorbitantes.

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noviembre 17 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-17

Luego de una reunión de ministros de más de ocho horas en el Palacio de Nariño, el Gobierno explicó ayer las razones que lo llevaron a declarar el estado de emergencia social, lo a cuyo amparo expidió medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días, con las que buscará sancionar a los captadores ilegales de fondos y que el público recupere los ahorros confiados a esas empresas.

Los decretos expedidos ayer se refieren a los siguientes aspectos: declaratoria del estado de emergencia social; aumento de penas por captar dinero sin permiso; asignación de facultades a la Superintendencia de Sociedades para intervenir este tipo de compañías, y entrega de poder a los alcaldes para hacer lo propio.
Con base en la nueva función asignada a la Supersociedades para intervenir a las captadoras ilegales, este ente de control ordenó la intervención de la firma DMG.

El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, al anunciar la emergencia social acompañado de otros funcionarios, afirmó que se confiscarán los dineros y los bienes de empresas que cumplían una función de recaudo no autorizado.

"La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros, para evitar la defraudación" expresó el ministro, quien pidió al público respaldar las medidas y tener mucha calma.

Penas no excarcelables

A partir de ahora, la captación masiva no autorizada de recursos del público será castigada con penas de entre 10 y 20 años de cárcel, multas económicas y se convierte en un delito no excarcelable.

El fenómeno de las pirámides entró en crisis en el país la semana pasada cuando comenzaron a desaparecer los responsables de varias oficinas que recibían dinero en efectivo a cambio de pagar intereses de hasta el 300 por ciento, dejando estafados a los clientes.

Según cifras oficiales, en los últimos tres años funcionaron en el país al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar cerca de dos billones de pesos y quebraron al no poder cumplir su oferta.

En la madrugada de ayer, las 60 oficinas de DMG en 51 municipios ubicados en 20 departamentos, fueron tomadas por la policía, en tanto que miles de usuarios de esa empresa se agolparon en sus alrededores pidiendo que las dejaran funcionar.

Intervenida DMG

Una vez el Gobierno expidió las medidas extraordinarias al amparo de la Emergencia Social para ponerle freno a las pirámides, la Superintendencia de Sociedades emitió el auto de intervención que frena la operación a DMG Grupo Holding S.A.

Para sustentar su decisión, la entidad de vigilancia explica que desde abril de este año empezó una labor de toma de información sobre la situación económica, jurídica, administrativa y contable de la sociedad.

La Superintendencia Delegado para Procedimientos Mercantiles, dijo que que pese a que la sociedad no lleva contabilidad regular de sus negocios,se detectó la entrega masiva de dineros en efectivo del público con la venta de tarjetas prepago con la marca DMG.

La Supersociedades determinó que entre el 14 de septiembre y el 31 de diciembre de 2007, la sociedad recaudó más de 49.224 millones de pesos. Ante la cuantiosa cifra recaudada en tres meses, la Supersociedades requirió a la empresa para que explicara la operación que produjo ese ingreso a sus cuentas pero que hasta el momento no ha respondido.

Para el organismo es claro que la sociedad opera mediante la modalidad de tarjetas prepago y el ofrecimiento de rendimientos sin explicación financiera razonable.

El auto ordena la intervención, mediante la toma de posesión de sus bienes y negocios y designa a María Mercedes Perry Ferreira como agente interventora de la DMG, quien asume como representante legal.

Así se devolverán los dineros

Con el decreto 4333 expedido ayer, el Ejecutivo estableció el procedimiento para que la Superintendencia de Sociedades inicie los procesos cautelares para la recuperación de los dineros captados de manera masiva por organizaciones o personas naturales.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, dijo que la Supersociedades podrá intervenir cuando se evidencien hechos concretos o notorios sobre captación masiva de dinero.

Para ello, los alcaldes y gobernadores deberán informar a la Superintendencia las situaciones de ese tipo para que de inmediato esta entidad entre a intervenir.

El propósito de la medida es asegurar, mediante la devolución ordenada de los recursos.

Dentro de los dos días siguientes de expedirse la toma de posesión de la organización intervenida, un agente especial de la Supersociedades publicará un aviso en un diario de amplia circulación nacional sobre la decisión. El proceso también será publicado en la página de Internet de la Superintendencia de Sociedades: www.supersociedades.gov.co.

En el mismo aviso, el agente interventor convocará a quienes se crean con derecho a reclamar las sumas de dinero entregadas a la persona natural o jurídica intervenida.

Quienes consideren que tienen algún derecho sobre los dineros deberán presentar una solicitud en los sitios que se indiquen en el aviso. Para eso tiene un plazo de diez días a partir de la intervención.

La solicitud deberá hacerse por escrito con presentación personal ante el interventor. Así mismo, tendrá que presentarse el original del comprobante de entrega del dinero.

Tras el vencimiento de la convocatoria, el interventor se tomará hasta 20 días para anunciar (de la misma manera que la convocatoria) las solicitudes de devolución aceptadas y rechazadas. Las peticiones de recuperación del dinero que sean aceptadas solo se atenderán por el valor correspondiente al capital entregado. Contra esa decisión procederá recurso de reposición en un plazo máximo de tres días.

Las reclamaciones aceptadas serán atendidas en un plazo de 10 días por conducto de las entidades financieras. Entre tanto, los recursos de reposición serán resueltos en los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de presentación. 

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