Globalización y diplomacia están afectando a multinacionales criollas fuera del país

Competencia y diferencias políticas con gobiernos vecinos les han traído más de un pleito a algunas de esas empresas, que ahora buscan incluso 'divorciarse' de socios.

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mayo 16 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-16

Desde hace varios días, los dos grupos de socios colombianos que conforman las empresas chilenas Express de Santiago Uno e Inversiones Alsacia conversan para buscar la salida a una eventual 'separación de cobijas'.

Se trata de la familia Ríos Velilla y un nutrido grupo de empresarios del transporte urbano bogotano que están por definir quién se queda con la totalidad de las acciones de dichas operadoras de Transantiago, en la capital chilena.

La armonía que los rondó hace unos años cuando se aliaron para constituir Express del Futuro, con el fin de operar en el TrasMilenio bogotano y las firmas en territorio austral, se rompió.

Según 'Diario Financiero', de Chile, el 'divorcio' se enmarca en el permanente anhelo de los Ríos, que poseen el 27 por ciento de Santiago Uno, de controlar el 100 por ciento de ésta y también el de Inversiones Alsacia, donde tienen el 66,5 por ciento.

Sin embargo, tampoco se descarta que el grupo de transportadores urbanos sea el que compre la participación de los Ríos en la firma Express de Santiago Uno.

Como pasa en varias asociaciones de este tipo, se han generado algunos roces en el día a día del negocio entre ambos accionistas y tienen distintas formas de ver el negocio.

A pesar del aumento de la inversión de las empresas colombianas en el exterior -uno de los indicadores de los últimos años para mostrar-, no todo ha sido color de rosa y los matrimonios con firmas extranjeras, incursiones en solitario, los problemas entre socios, el populismo de los gobiernos de izquierda y la competencia, les han dejado a los colombianos uno que otro trago amargo más allá de las fronteras.

En algunos casos han terminado con la separación de los socios originales y los colombianos se quedaron con las riendas del negocio, o en otras ocasiones han tenido que empacar maletas.

Valorem Vs. 'El Comercio'

Otro caso es el de Valorem, que el año pasado vendió sus acciones al Grupo TV Perú, por las heridas que dejó una vieja disputa.

El diario 'El Comercio' hizo bastante ruido con presuntos favorecimientos a la empresa Bavaria (entonces controlada por los dueños de Valorem, la familia Santo Domingo) en la competencia con Polar por lograr el control de la cervecería Backus.

Las diferencias se zanjaron finalmente entre Bavaria y Polar. La cervecera colombiana compró a Backus y fue exonerada por los jueces de varias acusaciones.

Aun así, Valorem optó por ejercer el derecho de retiro y 'El Comercio' tuvo que comprarle su participación en el canal de televisión, pues las relaciones quedaron deterioradas por el caso de Backus.

El caso de Cementos Argos

Otra compañía que ha tenido dolores de cabeza con sus inversiones en el exterior es Cementos Argos, que a finales del siglo pasado le compró una planta al gobierno venezolano para producir en el estado de Trujillo.

Pero hoy está esperando a que el Tribunal Supremo de Justicia ratifique lo que considera su legítimo derecho como dueño, pues en marzo del 2006 una decisión de un juzgado que dejó sin efecto su propiedad sobre Cemento Andino fue demandada ante un tribunal de apelaciones, que ordenó restituirle la factoría, lo cual no se ha cumplido.

La administración de la planta se la quitaron a Argos por un conflicto entre un ex socio de Andino con el Gobierno.
Posteriormente, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró los activos de la planta de Argos como bienes de interés público, y el presidente Chávez y sus ministros firmaron el decreto que dio inicio a un proceso de expropiación.

A la empresa Argos no le quedó entonces más remedio que provisionar la inversión en el vecino país. Aunque espera que se la devuelvan, sus aspiraciones de indemnización ascienden a entre 200 y 250 millones de dólares, debido a que reclama lucro cesante y mejoras de infraestructura.

Argos adquirió Cemento Andino por 83 millones de dólares, en una licitación organizada por el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), entidad que para entonces señaló que respondería por eventuales perjuicios derivados de la privatización.

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