Gobierno y Bancos se enfrentan por costos de servicios

Mientras que el Gobierno impuso topes a cobros en cajeros, Asobancaria pide argumentos a la intervención e insiste en que las entidades no han violado la libre competencia.

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diciembre 22 de 2011 - 04:50 a.m.
2011-12-22

 

Un tope en la tarifa por retiro en cajeros automáticos de otras redes, así como avisar con 45 días de anticipación cualquier aumento en las tarifas, son algunas de las medidas que estableció ayer el Gobierno frente a los cobros financieros y que prendieron el debate sobre la competencia en el negocio bancario.

El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dijo que “esto permitirá tomar mejores decisiones en relación con la adquisición de los productos y servicios que demanden los ciudadanos”.

No obstante, la Asobancaria manifestó sus dudas frente al tema y pidió más argumentos sobre dicha disposición.

La presidenta del gremio, María Mercedes Cuéllar, afirma que “para intervenir tarifas, la Ley 1430 dice que se necesita realizar un estudio sobre mercados relevantes.

Yo no conozco que se haya hecho ese estudio en relación con los bancos, le pedí al Ministerio de Hacienda y a la Superfinanciera que nos lo mostrara, porque no sé cuáles fueron los argumentos para fijar esa intervención”.

Según el Gobierno, las medidas se tomaron luego de una serie de estudios en los cuales encontraron que las tarifas de algunos servicios eran altas, en comparación con otros países de la región.

Sin embargo, Cuéllar insistió en que las normas no se deben hacer comparadamente con otros países y añadió que “Asobancaria ha defendido que haya reglas de mercado.

Si hay alguna violación de las normas de competencia, el Gobierno está en todo su derecho de intervenir en las tarifas.

Hasta ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio nunca ha sancionado a los bancos por violación de las normas de competencia”.

Y aunque mencionó que con esos ajustes el mercado “podría recomponerse”, explicó que aún no se sabe a ciencia cierta cuál será el impacto de esos ajustes.

El ex superintendente de Industria y Comercio, Jairo Rubio Escobar, señala que “en un sistema de libre mercado como el colombiano, los precios los debe fijar el mercado y, excepcionalmente se puede intervenir cuando no hay competencia efectiva”.

Pero, dice que si existe competencia en un mercado, esas medidas no tienen sentido. “Si se considera que los precios de un bien o servicio son altos, el remedio no es intervenir los precios, sino fomentar la competencia e incentivar la rivalidad entre las empresas, porque eso beneficia al consumidor”.

LOS CAMBIOS

Las medidas, establecidas en el Decreto 4809 del 2011, contemplan varios temas.

En primer lugar, se establece un tope de 20 Unidades de Valor Real (UVR), equivalentes a 3.965 pesos, a la tarifa que se cobra por retiros de cajeros automáticos pertenecientes a otras redes.

No obstante, se estipuló que dicho valor podría ser más alto sólo en casos en que las entidades acrediten ante la Superintendencia Financiera que los costos de la transacción son superiores.

Al mismo tiempo, se insistió en la obligación de informar previamente al usuario sobre los costos de operaciones en dichos dispositivos.

El superintendente Financiero, Gerardo Hernández Correa, dice que “eso va a obligar a que algunas entidades que no habían reducido las tarifas, lo hagan. Los costos por uso de las redes oscilan entre 1.500 y 2.000 pesos, con lo cual los 7.000 pesos que estaban cobrando era un margen más que suficiente que estaban pagando los usuarios”.

Así mismo, la norma establece que los cobros de transacciones realizadas por Internet no pueden ser superiores a las de otros canales y prohibe el cobro de operaciones que no se concretaron.

Otro de los cambios es que de ahora en adelante, cuando las entidades financieras vayan a subir las tarifas de los productos y servicios que prestan, deberán avisarle a los clientes con 45 días de anticipación.

Con esto, lo que se pretende es que el usuario pueda analizar la oferta de otros establecimientos de crédito para decidir si encuentra mejores condiciones o si prefiere mantenerse con su banco.

De todas formas, se advierte que, si el cliente no manifiesta la inconformidad por el cambio en tarifas, se da por entendido que las acepta.

Vale la pena recordar que esto sólo aplica para los costos de productos y servicios financieros, pero no para los ajustes en los intereses por los créditos.

El superintendente reconoce que ya varias entidades se han metido de lleno en mejorar la atención a los usuarios, sin embargo, insiste en hay que seguir dando más herramientas a los usuarios para que tengan cómo elegir.

MÁS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES FINANCIEROS

Aunque el tema de la información al consumidor se viene trabajando desde hace algún tiempo, el decreto expedido por el Gobierno insiste en la divulgación de información sobre los costos.

Es así como las entidades estarán obligadas a enviar a los clientes un reporte anual en el cual se informa sobre todos los costos en los cuales el cliente ha tenido que incurrir, para que estos puedan establecer cómo les pegan estos cobros en su bolsillo.

Otra disposición es que la Superfinanciera deberá definir un listado de servicios básicos que prestan las entidades de crédito, teniendo en cuenta los que sean más demandados, los que representen los mayores costos para el consumidor y los que sean prestados de manera masiva.

Estos servicios básicos conformarán un paquete que servirá como base para que el ente de control pueda reportar en su página web, de manera homogénea, qué entidades prestan los servicios y la tarifa que cobran por ellos. Los principios definidos por el Gobierno son la libertad, la legalidad, la transparencia y la estabilidad, entre otros.

 

RECHAZO BANCARIO

La presidenta de la Asociación Bancaria -gremio que reúne a las entidades financieras del país-, María Mercedes Cuéllar, dijo desconocer los estudios que llevaron al Gobierno a adoptar la intervención de las tarifas de algunos servicios que prestan los establecimientos de crédito.

“Hay que respetar la libre competencia y, hasta donde sé, nunca se ha sancionado a los bancos por violar las normas en esa materia”, dijo la vocera gremial.

Respecto al papel de la banca en la polémica por la reducción de sus tarifas, Cuéllar advirtió que desde hace algún tiempo los bancos vienen ajustando sus precios y, en muchos casos, no se aplica ningún cobro, razón por la cual, la única novedad que incluye el decreto dado a conocer ayer por el Gobierno es el tope que les fija a los retiros que se efectúan en cajeros de otras redes distintas a la del usuario.

EL IMPACTO EN INGRESOS ES MENOR

Aunque en el último año la mayoría de establecimientos bancarios han rebajado las tarifas que cobran a los usuarios por sus servicios –incluso han dejado de cobrar por algunos de estos–, los banqueros consideran que la medida no afectará los resultados de las entidades.

La razón es que este rubro pesa muy poco dentro de los balances de los bancos y una reducción en los ingresos por este concepto es marginal.

En los primeros 10 meses del 2011, a los establecimientos ingresaron recursos del orden de los 3,3 billones de pesos netos por concepto de servicios financieros, según estadísticas de la Superintendencia Financiera.

Son mucho más importantes los ingresos por intereses –que son la esencia misma del negocio de intermediación– y los rendimientos de las inversiones financieras, que constituyen un refugio para el negocio cuando la colocación de crédito no es muy activa, dijeron los banqueros.

‘BANCA DEBERÍA REVISAR OTROS SERVICIOS CON ALTO COSTO’

Los usuarios del sistema financiero aplaudieron las medidas adoptadas por el Gobierno, pero advirtieron que las entidades tienen otros servicios por los que cobran tarifas muy elevadas y que no fueron analizados por el ente regulador.

En ello coincidió el representante a la Cámara David Barguil, quien dijo que, a pesar de ser un gran paso, servicios como el uso de Internet deberían ser gratuitos. “Falta mucho más –dijo– en materia de control y autorregulación por parte de los mismos bancos, algunos de los cuales ya habían comenzado a reducir el costo de varios de sus servicios y eso es un avance para acercar a un mayor número de colombianos a la banca.” 

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