Gobierno de Ecuador incautó 195 empresas para recobrar 661 millones de dólares

Ese dinero se esfumó en el país vecino durante la crisis bancaria que se produjo entre 1998 y 1999. Las autoridades empezaron con la ocupación de cinco cadenas de televisión en Quito y Guayaquil.

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julio 08 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-08

La acción, que comenzó a las 3:00 a.m. de este martes y que fue transmitida en vivo por otros medios de comunicación, hacía parte del plan adelantado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que busca recuperar la millonaria suma.

El AGD es una entidad que fue creada por el gobierno después de la quiebra de una veintena de bancos, y cuyo principal objetivo es devolver a los ecuatorianos la devolución de los depósitos.

Pero, ¿qué tienen que ver TC-Televisión y Gamavisión, los medios de comunicación que fueron allanados, con el descalabro financiero de los 90?

La respuesta es que ambas estaciones están emparentadas con el denominado 'Grupo Isaías', que hace referencia a las empresas en las que tuvieron participación Roberto y William Isaías, ex propietarios del banco Filanbanco, al cual se le acusa de haber malversado fondos entregados por el Estado. Ambos personajes están pedidos en extradición por Ecuador a Estados Unidos para que se sometan a la Justicia.

"El hueco patrimonial es tan grande (...) que los canales de televisión deben ser, a lo mejor, el 3 por ciento de todas las empresas, compañías, bienes inmuebles, yates y aviones que ordené incautar", señaló en rueda de prensa Carlos Bravo, gerente de la AGD.

Entre las firmas incautadas figuran empresas agrícolas, de comercio, de seguros, de construcción, además de los medios de comunicación, así como yates, aviones y otro tipo de bienes inmuebles.

Medida polémica

Por supuesto, la iniciativa de la AGD que dispuso "la incautación de todos los bienes de propiedad de los administradores y accionistas del ex Filanbanco, al 2 de diciembre de 1998", levantó ampolla en todo el país. Tanto así que el ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, renunció sorpresivamente a su cargo por estar en desacuerdo con la incautación de las cadenas de televisión.

De inmediato, fue nombrada Wilma Salgado, ex gerente de la AGD, que señaló que la decisión se fundamentó en el artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en materia económica, que le asigna la capacidad de incautación de los bienes de ex accionistas de los bancos cerrados que hayan incumplido con una serie de condiciones como facilitar datos de balances.

Para los opositores al Gobierno, la medida tiene un claro tinte político y busca acallar las críticas contra el presidente Rafael Correa. Incluso, reportes de televisión mostraron a algunas de las 195 empresas incluidas en el listado funcionando con aparente normalidad, tal como Seguros Rocafuerte, TV Cable y Hotel Ramada, en Guayaquil.

El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera Solhá, rechazó lo que llama un ambiente "totalitario".

Para Peñaherrera, la incautación de los canales privados TC-Televisión y Gamavisión atenta contra la libertad de expresión, una característica propia de los gobiernos totalitarios.

"Vivimos momentos escalofriantes cuando todo el sistema de libertades que vivimos están siendo vulneradas", comentó al formular un llamamiento a los ecuatorianos a defender las libertades porque, a su criterio, "nunca en la historia se hicieron cosas como las que se están haciendo ahora".

Voces a favor

Sin embargo, también hay quienes apoyaron la medida tomada por el presidente Rafael Correa. El Movimiento Popular Democrático (MPD) calificó como "legítima, legal y correcta la decisión de la AGD ya que todos los banqueros que han perjudicado al Ecuador, deben ser sancionados, extraditados y encarcelados".

Para el MPD, las incautaciones, "están encaminadas a recuperar los 8.000 millones de dólares del salvataje bancario, que en los últimos 10 años gobiernos serviles a la banca y al poder económico del Ecuador, no lo han hecho, convirtiéndose en cómplices de estos".

Lo cierto es que mientras que el país debate si la medida tiene un mayor carácter político que económico, cientos de trabajadores de las empresas incautadas esperan ahora una solución para no perder sus puestos de trabajo.

Cerca de 250 empleados del canal Gamavisión iniciaron ayer mismo una "huelga de brazos caídos", como medida para protestar por una acción que los dejó sin trabajo.

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