Gobierno intervino al grupo DMG y se tomó las instalaciones de la empresa

En la madrugada, la Policía se tomó las instalaciones de la empresa en 51 poblaciones. David Murcia Guzmán pide calma a sus clientes y propone diálogo con el Gobierno.

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noviembre 17 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-17

El gobierno ordenó anoche la intervención mediante el decreto 4334, firmado por el presidente y los ministros. La Superintendencia de Sociedades fue comisionada para que, desde las 3:20 de la mañana de esta madrugada comenzara el sellamiento por la Policía de las 59 agencias DMG en el país.

Fueron clausuras en 51 municipios de 20 departamentos del país, confirmó a EL TIEMPO el general Orlando Páez Barón, director de Seguridad Ciudadana de la Policía.

La noticia tiene a varios policías y antimotines en estas agencias para evitar alteraciones del orden público.

La localidad con mayor número de agencias DMG intervenidas es Cundinamarca, con 12. Le siguen Putumayo (donde nació DMG hace seis años) con 10, Bogotá con 8 y Nariño con 4.

"Una vez tengamos un consolidado de esta primera fase habrá un dispositivo de protección.  Llegarán a estos sitios delegados de la Supersociedades, de la Procuraduría y de la Fiscalía para hacer las  verificaciones de los sistemas de cómputo, de dineros guardados para proceder el funcionario liquidador a devolver esos dineros", explicó el general Orlando Páez Barón, director de Seguridad Ciudadana.

Agregó que extiende la invitación a los restantes 53 dueños de otras captadoras en Colombia para que "voluntariamente" devuelvan el dinero.

Desde mediados de la semana pasada, un total de 52 personas han sido dejadas a disposición de la Fiscalía por presunta estafa.

Intervención se sustenta en Emergencia Social

El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, anunció el lunes la aplicación de un ''estado de emergencia'' que le permite al gobierno emitir decretos con fuerza de ley sin pasar por el congreso, para encarar el colapso de empresas que recaudan dinero ilegalmente ofreciendo exorbitantes ganancias.

''En el día de hoy el gobierno nacional ha declarado el estado de emergencia... en razón de la grave alteración social que ha originado la proliferación de distintas modalidades no autorizadas por la ley de captación o recaudo masivo de dineros del público'', indicó en rueda de prensa.

Ese estado de emergencia, que rige por 30 días prorrogables a otros 30, permitió emitir cuatro decretos, entre ellos uno que eleva a 20 años de cárcel el castigo al delito de recaudación masiva de dineros, que antes era penado con hasta seis años de prisión.

Otro decreto faculta a los alcaldes y gobernadores para que cumplan funciones de policía y puedan cerrar establecimientos donde detecten que se capte dinero ilegalmente.

''Con la incautación de bienes y dinero (de las empresas cerradas)... la idea entonces es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros'' a los clientes, indicó Valencia.

El ministro no dijo de inmediato cuánto dinero pensaban que podían decomisar en esas empresas cerradas ni cuántos clientes estarían afectados o habrían perdido dinero en ellas.

La crisis de esas empresa estalló el 12 de noviembre cuando una de ellas, llamada Proyecciones DRFE, colapsó ante versiones de que su propietario Carlos Alfredo Suárez se fue del país sin pagar a sus clientes.

El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, explicó en la misma rueda de prensa que a los afectados con las pirámides les será ''devuelto máximo el capital aportado'' inicialmente, sin reconocer ningún interés.

La devolución del dinero será inversamente proporcional a la cantidad invertida, es decir, quienes más invirtieron tendrán menos posibilidad de recuperar su capital, añadió.

Zuluaga señaló que las medidas del gobierno buscan proteger a los pequeños ahorristas en las pirámides, pues se supone que éstos pertenecen a los estratos menos favorecidos.

El ministro explicó que se investigará el récord de cada uno de los inversionistas para establecer si ya habían recuperado su inversión inicial.

La policía ocupó el lunes las oficinas en todo el país de la firma DMG, una de las mayores empresas de ese segmento, informó el general Orlando Páez, director operativo y de seguridad ciudadana de la policía nacional.

El propietario de la empresa, David Murcia Guzmán, en una entrevista con la radio colombiana W desde Panamá, donde reside, llamó a los miles de afiliados a su compañía a mantener la calma y marchar pacíficamente en las principales ciudades del país.

''Somos una empresa... no somos ningunos ilegales'', dijo Murcia, que negó que su compañía hubiese sido financiada o infiltrada por dineros del narcotráfico, como han señalado versiones de la prensa local.

Hernando Ruiz, superintendente de Sociedades, una dependencia que fiscaliza la actividad de las compañías privadas, dijo que encontraron irregularidades en los balances de DMG y advirtió que esta empresa siempre fue ''renuente'' cuando la entidad a su cargo solicitó sus libros de contabilidad.

En la madrugada, la Policía se tomó las instalaciones de la empresa en 51 poblaciones. David Murcia Guzmán pide calma a sus clientes y propone diálogo con el Gobierno.

Clientes de DMG declinaron dar mayores detalles sobre cómo funciona el sistema.

Cientos de colombianos saquearon la semana pasada las oficinas de Proyecciones DRFE y causaron disturbios. Las autoridades reportaron dos muertos vinculados con estos incidentes. La policía se incautó del equivalente a unos 42 millones de dólares de cuentas de la empresa.

Los propietarios de las recaudadoras de capital no han explicado cómo pagaban entre 70 y 150% de intereses mensuales a sus clientes.

La policía sospecha que el dinero tenga origen en el narcotráfico.

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