El Gobierno propone incrementar en un punto la cotización en salud

El Gobierno requiere 12,1 billones de pesos para lograr la cobertura total en salud (meta que se ha impuesto de cara al 2010), y para ello está proponiendo aumentar en un punto la cotización que hacen los trabajadores asalariados colombianos al Régimen Contributivo en Salud.(VER GRAFICO)

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agosto 18 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-18

Hoy el aporte para salud es del 12 por ciento, de los cuales las empresas aportan el 8 por ciento y los empleados el 4 por ciento. También afilia a independientes o pensionados con capacidad de pago. La idea que planteó ayer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es subir un punto la cotización en salud, aportabdo en igual proporción trabajadores y empleadores. Esos recursos adicionales irían al Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) para mejorar la cobertura en salud. Ello implica incluir en el régimen a cerca de 5 millones de personas pobres que hoy no están cubiertas. El tema iría incluido en el proyecto de acto legislativo que prepara el Gobierno para lograr que después del 2008 los recursos que la Nación transfiere a las regiones mantengan la metodología que tienen hoy, es decir que crezcan de acuerdo con la inflación causada más 2,5 por ciento. “Conozco desde luego la implicación que tiene en términos del costo de la nómina y habría que pensar en cómo compensarlo, pero en mi sentir es absolutamente indispensable encontrar recursos nuevos para financiar el faltante que tenemos si queremos cumplir la meta”, señaló el Ministro. Pero los cuestionamientos no se hicieron esperar. El ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, señaló que es una propuesta muy gravosa para los trabajadores actuales que se sumaría a la lluvia de impuestos que se avecinan si se aprueba la reforma tributaria que radicó el Ejecutivo en el Congreso. “Seguir subiendo estas contribuciones que pagan los trabajadores es encarecer la generación de empleo en Colombia. Todos los diagnósticos dicen que mientras más se suben estas contribuciones parafiscales, menos empleo estable y productivo se crea en el país”, puntualizó Restrepo. El asunto es claro. Para aumentar la cobertura en salud, el Gobierno requiere recursos y está en la disyuntiva de presentar una reforma tributaria de carácter neutro fiscalmente, es decir, por ese lado no habría cómo financiarlo. La verdad es que los costos sociales del menor gasto en transferencias territoriales ha sido alto. Según cálculos de la Contraloría los recursos dejados de percibir en salud por efecto del actual régimen de Transferencias asciende a 2,5 billones de pesos, lo que ha llevado a una cobertura bruta real a 2005 del 74 por ciento. El Gobierno ha logrado importantes ahorros fiscales gracias al actual régimen de Transferencias territoriales. Sin embargo, en la otra cara de la moneda están los costos sociales de este menor gasto. Según la Contraloría, en salud, “aunque las transferencias de la Nación representan recursos muy importantes para la ejecución de la política de salud en los entes territoriales, la salud pública se ha visto deteriorada y hasta ahora empieza a alcanzar los niveles de los noventa”.Transferencias complican el panorama El panorama para el Gobierno en materia de reformas estará complicado. Por donde se le mire la reforma a las Transferencias se anticipa dura. En el Congreso, algunos parlamentarios señalan que o la reforma tributaria o a las transferencias, pero no las dos al tiempo. Otros piden un Estatuto Tributario Territorial. El asunto es que si el Gobierno tiene un faltante de recursos para lograr alcanzar las metas de cobertura en educación y en salud, no puede pretender una reforma tributaria que no le reporte mayores recursos. También señalan que por el lado de las regiones hay espacio en materia de impuestos para obtener más dinero. El Gobierno quiere sostener la fórmula actual de Transferencias, que crezcan con la inflación causada más 2,5 por ciento y algunas regiones no quieren reformar la ley para que las transferencias vuelvan a quedar atadas al comportamiento de los ingresos corrientes de la Nación. 12,1 billones de pesos requeriría el Gobierno para lograr la meta de cobertura total en salud. Alivio fiscal, pero a un alto costo social El actual sistema de Transferencias a las regiones (que reeplazó la Ley 60 de 1993) le significó al Gobierno un ahorro fiscal de 11 billones de pesos entre los años 2002 y 2005. Hasta el 2008 (cuando vence el esquema) la proyección de la menor erogación fiscal generada por la aplicación del sistema se elevará a 16 billones de pesos. Como quien dice, la modificación constitucional que eliminó temporalmente la dependencia automática de las Transferencias con los ingresos corrientes de la Nación, significará un alivio fiscal de 27 billones de pesos. Según el Contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra, sin duda se trata de un efecto fiscal muy importante, pero que también tiene su contraparte. En un análisis sobre las transferencias, elaborado por la Contraloría, se evaluó el impacto social de los menores ingresos que llegaron a las regiones. “El impacto de las transferencias en el desarrollo social de las regiones es incuestionable” señaló el Contralor y las transferencias tienen un impacto en el bienestar de la población y las regiones. En este orden de ideas mientras se consiguió alivios importantes en las finanzas del Gobierno, se frenó en el avance de la cobertura en educación, salud y agua potable. “Las transferencias impactan positivamente la calidad de vida de los colombianos en las regiones”, dijo Hernández Gamarra. Según la Contraloría, el gasto que se dejó de hacer por la reforma a las transferencias de 2001 hubiese permitido aumentar la cobertura en educación del sector oficial hasta el 90 por ciento en 2005 y afiliar 5 millones de personas más al régimen subsidiado. El impacto que las transferencias tienen en el bienestar de la población y en el crecimiento económico hay que tenerlo en cuenta cuando se vaya a estudiar la reforma que se presentará al Congreso, señaló el Contralor. Más de 25 de los 32 departamentos del país dependen en un 50 por ciento o más de las transferencias para sobrevivir. Algo similar ocurre con los municipios. Proyectos económicos: los primeros ponentes Mientras la Comisión Tercera del Senado designó ayer su grupo de ponentes para el proyecto de Presupuesto y la Reforma Tributaria, las demás células legislativas económicas no lo han hecho por estar enredadas con los alcances de la Ley de Bancadas. El presidente de la Comisión Tercera del Senado, Antonio Guerra, de Cambio Radical, manifestó que cuando el proyecto es de origen gubernamental, como sucede con las dos iniciativas mencionadas, la Ley de Bancadas otorga la facultad a la Mesa Directiva de la respectiva célula legislativa de designar los ponentes, que deben pertenecer a diferentes partidos políticos. Cosa diferente sucede cuando un proyecto ha sido presentado por una bancada. En ese caso el ponente debe ser designado por ese grupo político. Cuando es colectiva se deben nombrar a delegados de los diferentes partidos o movimientos que conforman la respectiva comisión. Sin embargo, las comisiones cuartas de Senado y Cámara y Tercera de esa última corporación se han apartado de ese criterio y están estudiando la forma de nombrar a sus ponentes, conforme a su interpretación de la Ley de Bancadas. En la Tercera de Senado fueron designados como coordinadores del grupo de ponentes para la Tributaria, Antonio Guerra, y Gabriel Zapata, de Alas-Equipo Colombia. Los demás integrantes son Víctor Renán Barco, del Partido Liberal; Luis Guillermo Vélez, de la U, y Germán Villegas, del Partido Conservador. Para el Presupuesto fueron designados como coordinadores, Piedad Zucardi y Zulema Jattin, del Partido de la U; Bernabé Celis, de Cambio Radical; Jaime Dussán, del Polo Democrático, y José Darío Salazar, del Partido Conservador. Ese grupo lo complementan Luis Eduardo Vives, de Convergencia Ciudadana; Juan Manuel López Cabrales y Salomón Náder, del liberalismo; Omar Yepes, del conservatismo; y Gabriel Zapata, de Alas-Equipo Colombia.

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